Redacción

En el Ministerio de Salud se reunieron ayer autoridades y representantes de las Instituciones de Salud Previsional (isapres) para debatir sobre el futuro del sistema, tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a las empresas a revisar el valor de los planes y devolver a sus afiliados el dinero cobrado más allá de lo determinado por el máximo tribunal. Esta situación provocaría, además, la migración hacia el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de alrededor de tres millones de personas, lo cual podría provocar un colapso del sistema público, que ya funciona con listas de espera.

El debate entre el Ejecutivo y las isapres continuaba al cierre de esta edición. Sin embargo, el exsuperintendente de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Pavlovic, explicó en CNN Chile que ante la decisión de la Suprema de remitirse a las tarifas de 2019 "los más afectados si esto se transforma en una crisis terminal van a ser los 3.500.000 de afiliados de Isapres, van a ser los miles de prestadores del sector privado, trabajadores, en general es un efecto que puede ser bien devastador y tener un efecto en cadena que puede llegar a ser bien catastrófico para las personas con preexistencias (de enfermedades), en tratamiento, en tratamiento de cáncer, las que están en tratamientos crónicos, las que tienen patologías de alto costo".

El abogado señaló que con la decisión de la Justicia, "de alguna manera, se da una paradoja: el dinero que administran las isapres es el que viene de las cotizaciones de los aportantes, entonces para devolver los recursos que la Corte ha asignado, las isapres tienen que obtener ese dinero de algún lado".

El fallo sostiene que las empresas deberán recalcular los contratos sobre la base de la tabla única definida por la Superintendencia en 2019, que eliminó las diferencias por género y simplificó la estructura de tramos por edad. La devolución, además, será con efecto retroactivo, lo que implica retribuir el exceso a sus cotizantes, y a la vez, no subir los planes.

Estos fondos, según Pavlovic, "que en criterio de la Corte habrían sido mal percibidos, es un dinero que en realidad se gastó en prestaciones, subsidios y, en el fondo, volvió al sistema. Se gastó en los beneficiarios".

El exsuperintendente de Salud en el Gobierno de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, señaló en radio Pauta que "si el Ejecutivo y el Legislativo no toman las riendas de estas cosas, vamos a tener a tres millones y tanto de personas con una calidad de servicio horrible, donde Fonasa tampoco puede sostener eso".

Fernández subrayó que "hay que cuidar el sistema público, no creo que sea el momento para hablar de grandes reformas estructurales, hay que hacerse cargo de los problemas que hay, (... como) financiamiento y listas de espera".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, despejó las dudas en torno al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) y aseguró a principios del 2023 ya entrará en vigencia en Chile.

"El Presidente va a suscribir el tratado, se va a formalizar y vamos a comenzar a operar en el TPP-11 ya desde comienzos del próximo año", aseguró el secretario de Estado.

El titular de la cartera comentó sobre el tema que "todos sabemos que hubo mucha controversia cuando se negoció el tratado. A lo que ha ido evolucionando es un tratado que los temas más controvertidos en su momento, que eran los de propiedad intelectual desaparecieron con la salida de Estados Unidos, donde quedó una preocupación por el tema de la protección de inversiones".

Marcel sostuvo que "cambió el entorno global donde se ubica el TPP-11", agregando que "estamos en una época de conflictos comerciales entre las principales potencias del mundo, entonces para mí, la pregunta es, en ese escenario que no va a desaparecer, ¿dónde queremos estar nosotros?".

"Una posibilidad es que seamos un 'barquito' a la deriva, la otra posibilidad es que caigamos en las presiones de los dos principales socios comerciales que tenemos que están peleados entre ellos, y la otra posibilidad es que formemos parte de un bloque que tenga algo que decir en conjunto en este contexto económico mundial", explicó el ministro de Hacienda.

Destacando ese último punto, expresó que "estando dentro tenemos la posibilidad de trabajar con el conjunto de los otros países para fortalecer esa dimensión".

Por último, afirmó que no es perfecto, pero apuntó a las alternativas que impulsaron: "Hay cosas que mejorar pero no creo que eso implique excluir nuestra participación en el TPP-11, lo que vamos a tener en esa circunstancia es que vamos a tener la 'side letters' con Nueva Zelandia, a lo mejor va a ser la única".

El Gobierno, por intermedio de los Ministerios del Interior y de Defensa, se involucró en el caso del secuestro del cabo primero de la Armada de Chile, Luis Toledo, quien desapareció el martes pasado en Ecuador, país en el que vive con su esposa.

Su familia reveló el caso y para liberar al rehén piden cerca de 90 millones de pesos.

Ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, habló sobre esta situación y afirmó que "se tiene información tanto de los móviles con los que se hizo este secuestro, como las personas que hay detrás de él", y que sería una banda de narcotraficantes denominada "Los Lobos", informó la televisión ecuatoriana.

"Se tienen elementos importantes respecto del grupo que está detrás de esto, ya tenemos avanzado elemento importante la investigación", añadió la secretaria de Estado.

Tohá insistió en que la investigación ha avanzado y "tiene ya elementos muy relevantes y se están haciendo procedimientos para actuar respecto a estas personas involucradas".

En Ecuador también se investiga a otras tres bandas que controlan las cárceles en el país, donde este año ha habido 11 masacres que han dejado más de 400 muertos.

Estos grupos suelen actuar usando el secuestro y la "protección" como métodos extorsivos para conseguir dinero de las familias de quienes están heridos o en peligro. De hecho, los secuestradores del marino chileno habrían pedido una primera parte del dinero del rescate para "curaciones".

Toledo fue visto por última vez en el cantón de Guayas y habría sido secuestrado en una zona conocida como Cantón Daule, zona bajo estado de Excepción luego de un ataque con explosivos en las inmediaciones del Cristo del Consuelo en agosto.

La familia ha recibido videos con maltratos hacia Toledo, quien se fue con permiso por dos años a Ecuador y allá contrajo matrimonio.

Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo y Fernando Bórquez, acusaron un "sesgo ideológico" en preguntas de Historia y Ciencias Sociales de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Una de ellas es la que preguntaba por la modificación constitucional que dio lugar a 19 escaños reservados a la disuelta Convención Constitucional: "¿Cuál es la importancia para el sistema democrático chileno en dicho momento".

Los diputados indicaron que "le otorga valor a un hecho que, para muchos, no significó un benefició para el país, sino que todo lo contrario".

Otra pregunta decía que en la década de 1980 se implementaron "diversas políticas públicas de orientación neoliberal, consolidando la economía de mercado". Luego preguntaba "¿qué problema económico estructural se ha mantenido hasta la actualidad?".

Los diputados señalaron que "se busca establecer como una verdad que la economía de mercado no ha traído beneficios para Chile, siendo que nos permitió reducir la pobreza de un 40% a solo un dígito".

Los legisladores citarán a la comisión de Educación de la Cámara a la directora del Demre, Leonor Varas, y al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para que den "una explicación al respecto".