Estado y parentalidad positiva
Consternación ha generado el video que en los últimos días se ha viralizado y que muestra a dos menores de edad amedrentando con arma blanca a los transeúntes, a plena luz del día, en el centro neurálgico del país.
Más allá de la condena transversal que el hecho ha motivado, lo cual es siempre necesario, pues episodios de esta naturaleza deben ser repudiados de la manera más enérgica, no podemos como sociedad obviar la inherente responsabilidad que tienen los padres como principales responsables de salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes (NNA), y el Estado, que juega un rol preponderante en entregar herramientas a las familias para una parentalidad positiva.
La crisis actual en la que se encuentran algunas familias, especialmente aquellas precedidas de procesos migratorios altamente complejos, es la evidencia del debilitamiento de los vínculos familiares y otras distorsiones en su concepción y estructura. Ello trae consecuencias nefastas para la sociedad, siendo una de las más relevantes la delincuencia juvenil y el ambiente de inseguridad en que muchos NNA se desarrollan.
Sin embargo, frente a esa realidad es imprescindible que el Estado asuma un rol más activo en entregar a los padres o adultos responsables las herramientas y el soporte necesario para acompañar la labor de las familias, entendidas como el núcleo central donde se hace posible la humanización de NNA. Los aprendizajes que niños y niñas adquieren en el seno familiar son insustituibles y representan el más eficaz mecanismo de prevención frente a cualquier problema social.
Harry Grayde K.
Director ejecutivo de World Vision
Bajas pensiones VIP
Varios rostros estelares televisivos han salido en distintos medios de comunicación a contar sobre los bajos montos de sus pensiones. Actores como Alfredo Castro, Mauricio Pesutic, Consuelo Holzapfel, también comediantes como Coco Legrand y Gloria Benavides, o panelistas televisivos como Raquel Argandoña y Patricio Maldonado, tienen en común bajas pensiones, pero también tienen en común millonarios ingresos durante su vida laboral.
Aquello que se menciona como crítica, es decir una baja pensión, realmente es una fortaleza del sistema privado de pensiones, pues el sistema entrega una pensión justa asociada a la cotización previsional durante la vida laboral, es decir no guarda relación entre los ingresos, que pueden ser altos, y por lo que se cotiza, que en muchos casos es por el sueldo mínimo.
Los casos anteriores muestran la relevancia de cotizar por los ingresos reales, y el error subcotizar, pues sus pensiones serían muy superiores, y además hubieran tenido otros beneficios como licencias médicas, protección en caso de invalidez, etc.
Eduardo Jerez Sanhueza
IVA en servicios profesionales
La Ley 21.420 que en cuanto a los servicios profesionales empieza a regir en enero de 2023, señala que estos serán gravados con IVA, a menos que la ley establezca una excepción. Una de ellas son las sociedades de profesionales, concepto respecto del cual no define sus características esenciales.
Haciendo uso de sus facultades de interpretación, el SII ha dado a conocer, lo que en su visión son los requisitos para determinar la presencia o no de estas sociedades.
Sin embargo, la vía interpretativa para delimitar bordes a una exención tiene dificultades. En primer lugar, la autoridad tributaria solo puede interpretar la ley, y como dice muy poco no puede entregar elementos en base a algo no regulado. En segundo lugar, las interpretaciones administrativas son vinculantes para los funcionarios, y no los contribuyentes, por lo que se pueden discutir en tribunales. Esto puede generar una mayor judicialización de las operaciones, pues la interpretación del SII, respecto que deben ser sociedades de personas es discutible.
La falta de definición de límites legales en la sociedad de profesionales implica que esta herramienta podría llegar a ser muy usada por los contribuyentes, existiendo el caso de quienes ejerciendo la misma actividad estarán afectos a IVA y otros no. Aquellos que tengan una adecuada asesoría, sabrán con mayor claridad si esta figura se ajusta a sus requerimientos.
Ante ello, sería prudente que el legislador dé certezas. No hacerlo constituye una desventaja a los que no tienen acceso a una asesoría, contrario a lo que persigue una economía que promueve los pequeños emprendimientos.
Gonzalo Polanco Z. Académico Universidad de Chile