Tras varios días de agonía, durante la noche del martes falleció el sargento de Carabineros Carlos Retamal, quien durante el fin de semana fue atacado brutalmente con un fierro mientras participaba en un operativo para detener carreras clandestinas en San Antonio, Región de Valparaíso.

Ante este crimen el Presidente de la República dijo desde Calama que el suboficial "fue asesinado vil y cobardemente" y añadió que "esto no lo vamos a tolerar. Carabineros cuenta con todo nuestro apoyo y espero que transversalmente no solamente condenemos estos actos de violencia, sino que todas las instituciones del Estado, partiendo por nosotros, el Ejecutivo; el Legislativo y también el Poder Judicial estén a la altura para que esto no se siga repitiendo".

"A la delincuencia la vamos a combatir con mano firme y a quienes sean responsables de hechos como el asesinato del sargento Carlos Retamal les decimos que no los vamos a dejar tranquilos. Los vamos a perseguir y vamos a hacer justicia, como corresponde", advirtió el Mandatario.

Luego se refirió a otro ataque sufrido por uniformados en Puerto Montt, tras el cual 12 ciudadanos extranjeros fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

"Quiero ser claro: estas situaciones no las vamos a tolerar. He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el Artículo 132 de la Ley de Migración y, por lo tanto, se proceda a su expulsión del país", dijo Boric desde su gira, donde anunció un incremento de 164 mil millones de pesos para el presupuesto de seguridad en 2023.

Procedimiento

Más tarde Monsalve explicó que esta expulsión "es una facultad extraordinaria que radica en la persona del subsecretario y esa usaré contra el total de los detenidos. La interpretación que nosotros hacemos es que el atentado contra la autoridad afecta la seguridad interior".

Monsalve detalló que "se activa un mecanismo extraordinario de expulsión. Yo voy a firmar un oficio que se les va a entregar a las 12 personas que incluye la resolución. Luego ellos pueden apelar y si lo mantenemos a firme solo les quedará recurrir a la Corte de Apelaciones".

Respecto a penas que podrían enfrentar chilenos que ataquen a la policía (y que algunos parlamentarios buscan aumentar), Monsalve aclaró que "en estos casos graves la ley vigente y el código de justicia militar permite penas severísimas, desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo. Se trata de medidas ejemplificadoras y el Gobierno va a buscar que se aplique la pena máxima".

Además ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, pidió ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero del autor de un "atentado que merece toda nuetra condena": "Ya hay identificadas personas que participaron en la carrera. Sin embargo, el hechor, la persona que lanzó el objeto que terminó con la vida del sargento Retamal, todavía no la tenemos identificada. Para eso queremos pedir ayuda, en primer lugar, a los concesionarios de la autopista, a personas que participaron en la carrera, que es una actividad ilegal. Especialmente a ellos, quisiera solicitarles y emplazarlos a entregar los antecedentes para dar con la persona responsable de este terrible homicidio".

En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado a la comunidad a colaborar con información porque "necesitamos justicia en este caso. No puede quedar impune esta muerte".

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que "la brutalidad y la violencia con la cual se agredió al sargento Carlos Retamal es algo absolutamente inexplicable. Creo que es el momento de un punto de inflexión en el cual todos y cada uno de los actores intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor detener a los responsables, porque sabemos que hay información".

Ayer creció la polémica generada luego de que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa y a cargo de Galo Eidelstein (PC) solicitara la información completa sobre la educación militar impartida en cada institución de las Fuerzas Armadas, currículums de profesores, situación contractual y planes de estudio, entre otros datos.

Los exministros de Defensa Baldo Prokurica, Mario Desbordes y Jaime Ravinet, expresaron su preocupación a través de una carta titulada "Preocupante actuación de la Subsecretaría para las FF.AA.", en la que afirmaron que las últimas medidas adoptadas por la repartición "respecto de la educación han generado inquietud en distintos sectores".

Los exsecretarios de Estado en ambos Gobiernos de Sebastián Piñera afirmaron que "tanto el Programa de Gobierno del Presidente Boric como los mensajes y el actuar del subsecretario para las FF.AA. evidencian un interés de interferir en profundidad a través de sus distintas acciones. Su primera medida apenas asumió fue pedir la renuncia a más de 70 funcionarios de carrera del Ministerio de Defensa Nacional e introducir una larga lista de asesores, en su mayoría militantes del Partido Comunista y sin experiencia o conocimiento del sector".

Respecto a la solicitud de Eidelstein, mediante decreto, para que se le entregue información de la educación en las ramas de las Fuerzas Armadas, dicen que "si bien podría no ser ilegal, no deja de causar preocupación, porque podrían ser los primeros pasos de un proceso de adoctrinamiento e ideologización de la carrera militar, como se ha visto en otros países de tendencia política similar a la del subsecretario y sus asesores".

Con ello, los exministros aludieron a que "la legislación vigente señala que las FF.AA. tienen potestad de establecer los planes de estudio de acuerdo a la Ley Orgánica que las rige".

"Al mismo tiempo, la Ley 20.370, en su artículo 52, reconoce a las distintas instituciones de educación de las FF.AA. junto a las universidades e institutos de formación técnica, entre otros, como instituciones de educación superior. Con lo que puede advertirse que las escuelas matrices gozan de autonomía académica", precisaron.

"Además, es importante recalcar que dichos planes y programas son altamente técnicos, y de largo plazo, por lo que no es aconsejable que cada gobierno que asuma los intervenga cada cuatro años", consideraron.

Apuntaron que "dado lo anterior, existe preocupación derivada de lo que ha sido el actuar del subsecretario y sus asesores directos, tanto en su rol actual como en sus desempeños como vicerrector, directores y ejecutivos de la Universidad Arcis, donde se produjeron hechos gravísimos por todos conocidos, que terminaron con su quiebra".

"Surgen, por tanto, varias preguntas que requieren una respuesta de las autoridades de Defensa: ¿por qué se solicita ese inédito detalle de información?; ¿qué experiencia y especialización en las FF.AA. y la Defensa del país tienen los asesores a cargo de la Educación Militar?; ¿qué garantías de mejoras en la calidad de las escuelas matrices pueden entregar dichos asesores?", expusieron.