La falta de una política de fomento a los proyectos de desalación
"Si bien los costos han bajado, continúan siendo altos y por ello los proyectos se concentran en la gran minería". José Ignacio Zaldívar, Socio de Zegers Abogados
A pesar del déficit hídrico que afecta a nuestro país, no vemos una proliferación de proyectos de desalación que podría constituir la solución para enfrentar este problema, salvo los que abastecen a la gran minería y, en menor medida, a los sistemas de agua potable.
Una explicación para su lento desarrollo es que, a pesar de haber ido disminuyendo durante los últimos años, sus costos todavía no son abordables para algunos de los potenciales clientes. Esto sumado a que la conducción y elevación para llevar el agua hasta los lugares de consumo, incrementa significativamente sus costos en la medida que la demanda se aleja de la costa. Debido a ello, la mayor cantidad de proyectos se concentra en la gran minería, la que puede hacer frente a estos costos; pero es casi inexistente en el sector agrícola que, paradojalmente, es el más afectado por esta crisis.
Para hacer frente al problema, es imperativo diseñar e implementar una Política Hídrica Nacional. Una de las soluciones es la desalación, la cual requiere de mecanismos de fomento como un esquema de subsidio estatal a la inversión; sobre todo para abastecer de agua potable a las comunidades más afectadas por el déficit hídrico y que no cuentan con fuentes alternativas de agua o las que existen, son muy costosas o no otorgan un suministro suficiente y continuo (Ej., camiones aljibe).
Existen precedentes de inversión por parte del Estado en pequeñas desaladoras destinadas al suministro de agua a clientes de Sistemas Sanitarios Rurales. También, está la empresa sanitaria estatal ECONSSA, que invirtió en la construcción de la primera etapa de la Planta Desaladora de Caldera, operada por la empresa Nueva Atacama. En este caso, los clientes pagan solo los costos de operación de la planta, lo que permite mitigar el impacto tarifario en la comunidad.
Otra potencial herramienta de fomento es el sistema de subsidios estatales directos de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Sin embargo, la aplicación de este sistema sería acotado, porque según la Contraloría General de la República solo podría utilizarse para proyectos de riego agrícola.
Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas acaba de anunciar dos plantas desaladoras dentro de la Cartera de Proyectos de Concesiones. La primera es para la Región de Coquimbo, con un valor estimado de MMUS$286 (2025) y la otra para Rancagua, con una inversión estimada de MMUS$ 163 (2026). Ambos proyectos fueron postulados como iniciativa privada por la empresa CKC Asesorías e Infraestructura Sustentable, pero solo se contempla un subsidio estatal para el caso de Rancagua. El éxito de estas dos iniciativas dependerá de que existan clientes dispuestos a comprar agua desalada en las condiciones de precio y ubicación ofrecidas por el concesionario.
Más allá de estos casos aislados, lo importante es que el Estado implemente una política activa de fomento, a través de subsidios a la inversión en plantas desaladoras, que aseguren el acceso al recurso hídrico a una tarifa razonable, en los casos en que las comunidades no tienen otra fuente de agua alternativa.