Castillo dice que no pedirá asilo ni huirá de Perú tras ser acusado constitucionalmente
CRISIS. "Quiero negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela", dijo el presidente, poco después de señalar que es víctima de una nueva forma de "golpe de Estado". El Congreso empezará a revisar mañana la denuncia por corrupción en su contra.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de "persecución política", tras ser denunciado constitucionalmente por encabezar una supuesta red de corrupción enquistada en el aparato Estatal, pero también indicó que se mantendrá "en pie y firme" hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026.
Asimismo, descartó de plano tener vínculos, específicamente con Venezuela, "para tener favores del entorno del Gobierno", tras ser consultado de forma directa sobre si conversó con su homólogo Nicolás Maduro por teléfono para pedir asilo político para él, sus sobrinos o el ex secretario presidencial Bruno Pacheco.
"(Quiero) negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país", respondió Castillo en conferencia con la prensa extranjera.
El "golpe de estado"
En contra del mandatario, la Fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó el martes una denuncia constitucional en el Congreso, por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión.
Tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana, el mandatario aseguró que "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú".
Cabe recordar que en abril la Justicia peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, aunque en mayo la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la orden contra el segundo de ellos. También pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Pacheco.
Castillo y sus dos sobrinos son investigados específicamente por una supuesta red de corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Revisión de la denuncia
La presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que este mañana su grupo de trabajo dará cuenta de la denuncia que presentó la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo, informó el diario peruano El Comercio.
"El día viernes vamos a dar cuenta de esta denuncia", dijo.
Camones explicó que la subcomisión tiene 10 días para declarar la acción procedente y, posteriormente va a la Comisión Permanente, donde autorizan que se dé inicio a las investigaciones, y actúa como antesala de la votación en el pleno. Para prosperar en esta última instancia, se requerirán los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo, menos que las dos terceras partes de la Cámara que exige una moción de vacancia (destitución).
Camones sostuvo que no pueden brindar un tiempo estimado para la duración de las indagaciones, puesto que van a tener que llamar a un gran número de testigos. No obstante, consideró que el proceso duraría mucho más de dos meses.
Sin embargo, aseguró que van a darle atención prioritaria a la acusación contra el jefe del Estado, pero respetando los procedimientos y los plazos del reglamento del Congreso.
¿Y después qué?
Si finalmente el pleno aprueba acusar constitucionalmente a Castillo y se levanta la inmunidad presidencial, la denuncia volverá a la Fiscalía de la Nación para presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
En palabras del exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña, "no se trata solo de convencer al Congreso, sino también a la Corte Suprema", que por medio del juez Juan Checkley se mostró hasta ahora a favor de investigar al presidente, pero no de acusarlo, conforme establece la Carta Magna.
En este sentido, Espinosa recordó que a diferencia del juicio político, que es una vía más rápida y permite al hemiciclo peruano suspender, destituir o incluso inhabilitar políticamente a altos funcionarios. El antejuicio "lo pone en manos de la Corte Suprema".
14 octubre comenzará a ser revisada en el Congreso la denuncia constitucional contra Pedro Castillo.
6 investigaciones pesan actualmente contra Castillo. Cinco de ellas las lleva Patricia Benavides, fiscal general.