A pesar del déficit hídrico que afecta a nuestro país, no vemos una proliferación de proyectos de desalación que podría constituir la solución para enfrentar este problema, salvo los que abastecen a la gran minería y, en menor medida, a los sistemas de agua potable.

Una explicación para su lento desarrollo es que, a pesar de haber ido disminuyendo durante los últimos años, sus costos todavía no son abordables para algunos de los potenciales clientes. Esto sumado a que la conducción y elevación para llevar el agua hasta los lugares de consumo, incrementa significativamente sus costos en la medida que la demanda se aleja de la costa. Debido a ello, la mayor cantidad de proyectos se concentra en la gran minería, la que puede hacer frente a estos costos; pero es casi inexistente en el sector agrícola que, paradojalmente, es el más afectado por esta crisis.

Para hacer frente al problema, es imperativo diseñar e implementar una Política Hídrica Nacional. Una de las soluciones es la desalación, la cual requiere de mecanismos de fomento como un esquema de subsidio estatal a la inversión; sobre todo para abastecer de agua potable a las comunidades más afectadas por el déficit hídrico y que no cuentan con fuentes alternativas de agua o las que existen, son muy costosas o no otorgan un suministro suficiente y continuo (Ej., camiones aljibe).

Existen precedentes de inversión por parte del Estado en pequeñas desaladoras destinadas al suministro de agua a clientes de Sistemas Sanitarios Rurales. También, está la empresa sanitaria estatal ECONSSA, que invirtió en la construcción de la primera etapa de la Planta Desaladora de Caldera, operada por la empresa Nueva Atacama. En este caso, los clientes pagan solo los costos de operación de la planta, lo que permite mitigar el impacto tarifario en la comunidad.

Otra potencial herramienta de fomento es el sistema de subsidios estatales directos de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Sin embargo, la aplicación de este sistema sería acotado, porque según la Contraloría General de la República solo podría utilizarse para proyectos de riego agrícola.

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas acaba de anunciar dos plantas desaladoras dentro de la Cartera de Proyectos de Concesiones. La primera es para la Región de Coquimbo, con un valor estimado de MMUS$286 (2025) y la otra para Rancagua, con una inversión estimada de MMUS$ 163 (2026). Ambos proyectos fueron postulados como iniciativa privada por la empresa CKC Asesorías e Infraestructura Sustentable, pero solo se contempla un subsidio estatal para el caso de Rancagua. El éxito de estas dos iniciativas dependerá de que existan clientes dispuestos a comprar agua desalada en las condiciones de precio y ubicación ofrecidas por el concesionario.

Más allá de estos casos aislados, lo importante es que el Estado implemente una política activa de fomento, a través de subsidios a la inversión en plantas desaladoras, que aseguren el acceso al recurso hídrico a una tarifa razonable, en los casos en que las comunidades no tienen otra fuente de agua alternativa.

El próximo año será complejo, qué duda cabe. De acuerdo al reciente Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, la economía experimentaría una contracción en torno al 1% del PIB, una caída considerable, por decir lo menos. Por lo demás, las recientes decisiones en el ámbito monetario -y más aún, las próximas que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED)-, no hacen más que solidificar el magro escenario local para el 2023. Así, una expansión del gasto público en torno al 4,2% (en términos reales) resulta del todo apropiado, aun cuando lo más probable es que esto no nos permita avanzar todo lo deseado en términos de consolidación de las finanzas públicas. Lo anterior no debiera significar un revés para el Ente Rector en términos de su lucha contra las presiones inflacionarias, puesto que, si bien la expansión suena contundente, el gasto privado, por su parte, estará muy alicaído. De hecho, una de las características de la política fiscal en nuestro país es que es contracíclica. Así, lo propuesto por Hacienda para 2023 honra dicha filosofía, y la política fiscal está llamada a "tirar del carro" el próximo año.

Ahora bien, poner sobre la mesa cuantiosos recursos en términos de seguridad económica -así se le ha llamado al primer pilar que define al actual proyecto de ley de presupuesto - es condición necesaria más no suficiente para apuntalar nuestra economía durante el próximo año. Sin duda se requiere, tal como ya se ha anticipado, inversión en infraestructura, pero es imprescindible que dicha inversión sea, primero, oportuna, y segundo, de calidad.

Cuando decimos que se requiere que sea oportuna, apuntamos a la capacidad de ejecución de los recursos públicos. Hoy tenemos un desafío enorme en nuestro país que se relaciona con la real capacidad que existe -sobre todo pensado en zonas extremas o más alejadas de la capital- de ejecutar exitosamente los recursos que se le asignan. En distintas zonas del país sencillamente no están las capacidades locales suficientes para hacerlo y la causa es multifactorial: escasez de capital humano calificado, baja presencia de empresas privadas, y burocracia estatal. Y, en consecuencia, todo esto da origen al segundo problema que esbozamos anteriormente, que guarda relación con la calidad del gasto que se ejecuta. Si los gobiernos locales y/o regionales constatan bajas tasas de ejecución a lo largo del año, lo que termina ocurriendo es una excesiva ejecución en el último cuarto del año, con el objetivo de cumplir con las metas estipuladas, y no poner en peligro así los recursos para el año entrante. ¿El resultado de esto? Se ejecuta el gasto, pero un gasto de baja calidad. Se termina gastando en bienes de bajo impacto, que no cambiarán de manera sustantiva la calidad de vida de las personas, y que tampoco tributarán a los planes de desarrollo estratégico de las regiones.

No cabe duda que este es un desafío prioritario para la política fiscal del próximo año.

Rodrigo Montero

Académico de la Universidad Autónoma

¿En qué momento se perdió el respeto hacia la autoridad? Es difícil fecharlo. Algunos precisan que venía hace algunos años y que durante el estallido social se expresó con fuerza. Existía una ira que se venía acumulando en la población por los constantes abusos y por la desigualad que sentían en lo económico, en el trato y en la justicia.

A ello se sumaron hechos de corrupción, de malversación de recursos públicos, aprovechamientos, enriquecimientos ilícitos y otros abusos que involucraban a nuestras instituciones.

Fue allí que se perdió el respeto y esto se hizo patente contra Carabineros, autoridades administrativas y la clase política.

Eran actitudes entendibles pero con el tiempo fueron traspasando los límites y hoy, a tres años del estallido social, la situación se mantiene y el irrespeto se ve en la vida diaria contra todo lo que en el fuero personal sienta que debe ser aplicado.

La autoridad ya no existe. Un importante porcentaje de la comunidad la desprecia, la ignora y siente que sus derechos están por sobre ella. Sin entender que la base de las relaciones en una sociedad se sustentan en respetarse entre todos, y principalmente a quienes definimos para que ostenten la autoridad.

No hay otro modo o volveríamos a los tiempos en que el más fuerte se impone. Algo que ya podemos ver en nuestras calles.

Ayer, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hacía un llamado a volver a respetar tras citar una serie de agresiones de los que son víctimas los efectivos policiales: insultos, escupitajos y golpes se repiten, dijo el alto oficial.

Pero no es solo Carabineros, es en todo ámbito, desde los hogares, las escuelas, las iglesias y los gobernantes.

Es una crisis de autoridad que debe ser revertida. Es urgente retomar el orden, insistir en que es el único camino a seguir y es una tarea que debe nacer desde nuestras bases sociales y proclamadas por todos.

Analistas políticos creen que si se llegó a un punto de no retorno hay situaciones complejas a las que se exponen los pueblos. Una de ellas es caer en regímenes autoritarios en que el respeto se impone por la fuerza con amplias atribuciones y otro es el populismo en que se otorgan mayores libertades sin los más mínimos atajos, mientras que utilizan el poder para beneficio propio.

No es lo que deseamos para nuestro país. Lo que debemos impulsar es trabajar con el respeto como lo esencial para un desarrollo armónico de la nación.