Redacción/Agencias

Chile y Costa Rica fueron elegidos ayer como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.

La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025.

Para la diplomacia nacional, el respaldo representa el primer gran triunfo luego de meses de tropiezos, críticas y cuestionamientos por diversas acciones de política exterior que no han sido bien miradas en la comunidad internacional.

Chile y Costa Rica ingresarán en enero próximo en el Consejo, compuesto por 47 miembros, y se sumarán a otros países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras, México y Paraguay.

La embajadora de Chile ante la ONU-Ginebra, Claudia Fuentes Julio, será la representante permanente del país ante el Consejo.

La canciller Antonia Urrejola destacó la noticia y aseguró que "son varias las implicancias" de esta elección.

"Esta fue una candidatura de política de Estado y en ese sentido la tomamos. Cuando iniciamos este gobierno teníamos 49 apoyos oficiales y hoy hemos obtenido la votación, 144 votos", señaló.

La ministra dijo que "eso da cuenta y quiero insistir en eso del liderazgo que está teniendo Chile en los órganos multilaterales".

Dureza con venezuela

Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del Gobierno de Nicolás Maduro.

El director para la ONU de Human Rights Watch, Louis Charbonneau, celebró que la Asamblea General haya "cerrado la puerta" a Venezuela y recordó que hay pruebas de que Maduro y otros altos cargos pueden ser responsables de crímenes contra la humanidad.

"Un Gobierno que se enfrenta a este tipo de acusaciones no debe sentarse en el máximo órgano de derechos de la ONU", señaló Charbonneau tras la votación.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que incluyó a un chileno, confirmó el mes pasado que la inteligencia civil y militar de ese país (Sebin y Dgcim, respectivamente) cometen crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado "desde el más alto nivel".

Además, el propio Consejo aprobó la semana pasada, con oposición del Gobierno de Maduro, continuar investigando y documentando crímenes contra los Derechos Humanos.

La diputada de Renovación Nacional Sofia Cid señaló que "obtener este cargo significó también transar algunas votaciones". Así, la integrante de la comisión de Relaciones Exteriores ejemplificó con la decisión de "no defender a (Claudio) Grossman para formar parte de La Haya; también la votación que tuvimos hace un par de semanas, donde el Gobierno de Chile votó en contra de (Juan) Guaidó como presidente de Venezuela". Por otro lado, manifestó que "esperamos por supuesto que visiten Chile, que revisen lo que está pasando con el INDH, que lamentablemente perdió su autonomía y se convirtió más en un ente político".

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de cárcel al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, declarado culpable de disparar una bomba de gas lacrimógeno contra la ahora senadora independiente Fabiola Campillai durante el estallido social.

Al exefectivo policial, quien también fue inhabilitado para ejercer cargos y servicios públicos mientras dure la condena, le servirán de abono los 774 días que estuvo en prisión preventiva antes del juicio oral.

Según el veredicto condenatorio, decidido de forma unánime el pasado 1 de septiembre, Maturana fue el autor del disparo que causó "las gravísimas lesiones" que dejaron sin visión, gusto y olfato a Campillai y que la obligaron a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial.

El dictamen de la jueza Marcela Nilo estableció hace más de un mes que la intención de Maturana "no fue usar el arma para dispersar o disuadir a la muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño".

El uniformado "actuó sin necesidad, sin uso proporcional de la fuerza, sin obedecer los propios protocolos, sin prestar ayuda a la víctima, con abuso de su cargo", agregó.

El tribunal, que reconoció la irreprochable conducta anterior de Maturana, determinó que en las circunstancias en las que ocurrió el hecho no se justificaba su actuar, ya que los manifestantes no generaban problemas con el tránsito ni representaban un peligro para terceros.

Maturana, detenido y formalizado el 28 de agosto de 2020, fue dado de baja por Carabineros por no socorrer a la víctima. El juicio se inició el 10 de mayo de este año.

También fue condenado a inhabilitación absoluta y a pagar los costos del juicio y permanece bajo arresto domiciliario, situación que mantendrá.

La senadora Campillai se declaró feliz tras conocerse la condena, que fue "por haberme herido y casi asesinado", dijo.

Frente a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el embajador de Chile en España, Javier Velasco, abordó vía telemática las polémicas en las que ha estado involucrado, en especial por comentarios relacionados a la exconcertación y una publicación de una foto suya en redes sociales.

Velasco respondió a los cuestionamientos del parlamentario de la UDI, Iván Moreira, y el del Partido Socialista, José Miguel Insulza, quienes pidieron explicaciones por estos temas.

Con respecto a sus dichos que culpan a exgobernantes de la desigualdad en el país antes del estallido social, indicó que "la frase de los 30 años yo la doy en respuesta a una pregunta que se presenta en este foro empresarial, donde se consulta por uno de los intereses más relevantes del mundo público-privado español respecto a la situación chilena y es si hoy en día estamos en riesgo o amenaza de un nuevo estallido social".

"Por supuesto el rol del embajador de Chile es tratar de dar certeza para poder consolidar los vínculos públicos y privados con el país de destino y ahí traté de hacer un diagnóstico breve, con las deficiencias que eso puede incluir, respecto de un hito de esas características", aseguró.

Agregó que "indiscutiblemente, todos los chilenos y particularmente quienes venimos de familias humildes que hemos logrado alcanzar espacios como el que yo estoy ocupando sabemos perfectamente que Chile ha crecido inmensamente los últimos 30 años".

"Sabemos que ese crecimiento económico se condice con cuestiones sistémicas y también con el mérito de aquellos que gobernaron en ese periodo. Pero lo cierto es que también existe un examen crítico respecto al problema de la desigualdad. Quizás no me expresé con justicia", selló.

Sobre la foto donde se ven los pies descalzos de su pareja en un auto oficial, señaló que "bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación. Más aún, mi pareja tuvo que cerrar sus redes sociales ante el acoso en esos días (...) Por supuesto vamos a ser muchísimo más cuidadosos en las formas".

Ayer se realizó una nueva reunión entre partidos del oficialismo, la oposición y la Democracia Cristiana para seguir con la discusión del acuerdo constitucional y trascendieron 12 bases que habrían consensuado, entre las que se encuentran que "chile es una república democrática, cuya soberanía residen en el Estado" y que "el Estado de Chile es unitario y descentralizado". Más allá del diálogo, en la tarde el senador Álvaro Elizalde, que fue parte de esta cita, fue notificado por un test positivo de coronavirus, por lo que tuvo abandonar el Senado y todo su equipo quedó como contacto estrecho. Aunque habría estado con mascarilla en todo momento, resta saber si alguno de los que asistieron a esa reunión podrían tener covid-19, considerando el tiempo que compartieron.

La alcaldía de Pudahuel buscará que destituyan al concejal Esteban Sepúlveda, exmilitante del Partido Comunista que inventó el secuestro de su hijo. En concreto, el político llegó hasta el Hospital El Carmen de Maipú acusando que había sido víctima de una encerrona en la que se llevaron, supuestamente, al menor de 11 años que estaba en el auto. Sin embargo, tras una investigación, Carabineros determinó que el niño no estaba ahí, e incluso no veía a su padre hace meses ya que vive con la madre. Sepúlveda ya había protagonizado una polémica hace meses, cuando fue suspendido de su militancia en el PC por una denuncia de hostigamiento a funcionarias del Boston College de Maipú. El jefe comunal, Ítalo Bravo, anunció acciones legales ante el Tribunal Electoral.