La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer investigaciones administrativas contra el juez del 7° Juzgado de Garantía Daniel Urrutia y del ministro de la corte, Antonio Ulloa, por eventuales infracciones al Código Orgánico de Tribunales debido a manifestaciones públicas a favor del Apruebo y Rechazo la propuesta de nueva Constitución.

El Poder Judicial publicó que en el caso de Urrutia, "la decisión se adoptó por 17 votos a favor, seis ministros estuvieron por pedir informe previo y tres se inhabilitaron. Respecto a Ulloa, se adoptó la resolución por 17 votos, seis ministros estuvieron por solicitar informe previo y uno por archivar los antecedentes".

La investigación a Urrutia quedó a cargo del Ministerio Público, en tanto que la de Ulloa estará a cargo del presidente de la Corte de Apelaciones, Mario Rojas.

Esto a raíz de que el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales prohibe a los funcionarios "tomar en las elecciones populares o en los actos que las precedan más parte que la de emitir su voto personal", así como "mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial".

Pese a que en el comunicado no se establece cuáles serían los hechos puntuales por los que se instruyó el sumario, Urrutia en su cuenta de Twitter ha replicado innumerable material de la campaña por el Apruebo y ayer también compartió una publicación de la asociación de Magistradas y magistrados de Chile, quienes buscaron "manifestar nuestra preocupación" por la pesquisa, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, "ha dicho que si bien 'resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, (…) esa compatibilidad debe ser analizada en cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias".

Los comandos por el Apruebo de los barrios Brasil y República, en la capital, también enviaron su respaldo al juez a través de la red social.

Funcionarios de la Contraloría General de la República circulan por las oficinas de La Moneda desde fines de julio, cuando se abrió una investigación por intervencionismo electoral, la cual ayer concluyó que el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, "no se ajustó a la prescindencia" al asumir un rol en el acuerdo oficialista por reformas a la propuesta de nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo.

El titular de la Segpres "no se ajustó a la necesaria prescindencia", afirmó Contraloría, al anunciar hace unas semanas que tendría un rol "canalizador" de las propuestas de reformas presentadas en un acuerdo este jueves por partidos opositores.

Jackson, asimismo, dijo en aquella entrevista por Twitch que "nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza".

Estas palabras crearon división en el oficialismo pese a que luego el secretario de Estado pidió disculpas. Por esto, Contraloría señaló ayer que el dictamen fue a partir de un requerimiento de los diputados de la DC Joanna Pérez Olea y Eric Aedo, quienes efectuaron "una denuncia por una eventual vulneración a los principios de juridicidad y probidad en relación con las declaraciones públicas del ministro".

"Requerido su informe, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia señaló, en síntesis, que 'las declaraciones del ministro Segpres en que se compromete a recepcionar -con estricta prescindencia- las propuestas de los distintos sectores políticos para luego crear un documento único de compromiso de reforma al texto constitucional que se plebiscitará el 4 de septiembre próximo, corresponden a una concreción del mandato que le encomienda la ley N° 18.993 en su rol de cartera asesora, coordinadora y planificadora de decisiones políticas'", agregó el ente fiscalizador.

A renglón seguido, la Contraloría explicó que "desde un perspectiva meramente formal, lo descrito se enmarca en las funciones propias del Ministerio Segpres, no obstante, "considerando el principio de primacía de la realidad, esta Contraloría General no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado puedan tener las acciones del Gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones".

El documento subrayó que "se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -Apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución (...), y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas" con el Rechazo.

El dictamen no genera sanción alguna, solo es un instructivo de comportamiento.

Boric respalda a jackson

La ministra vocera Camila Vallejo respondió que "tanto el ministro Jackson como el propio Gobierno, en varias oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores, sean del Apruebo o del Rechazo, a presentar sus propuestas" para el día después del plebiscito. "No es que cuestionemos lo que ha señalado la Contraloría, que por cierto respetamos", sostuvo.

"Es parte de su rol la fiscalización y hacer este tipo de emplazamientos cuando consideran que algún ministro no se ajusta a lo que esperaban, pero sin embargo él (Jackson) cuenta con todo el respaldo del Presidente", agregó Vallejo.

Piden renuncia

Uno de los denunciantes, el diputado Aedo, pidió que "si el ministro Jackson tiene, como efectivamente dijo, una escala valórica distinta, espero que en las próximas horas de un paso al costado y renuncie".

Su par Evópoli Francisco Undurraga agregó que el "contralor (Jorge Bermúdez) viene a confirmar algo que hemos venido sosteniendo reiteradamente: el ministro Jackson está interviniendo, la ministra Vallejo está interviniendo y el Presidente Boric están interviniendo. Dado lo que señaló el contralor, es necesario pensar la situación del ministro Jackson en el gabinete".

El diputado UDI Jorge Alessandri pidió a Contraloría "pasar a la siguiente etapa, (…) queremos que empiece a sancionar, (...) buscamos que demuestre que han ocupado recursos fiscales para ocuparse de una campaña".