Redacción

El Presidente Gabriel Boric junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario de dicha cartera, Manuel Monsalve, presentó en Arica el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el periodo 2022-2026.

El anuncio se dio en el marco de la última actividad pública de su gira de tres días en el extremo norte de nuestro país y luego de encabezar el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El plan contiene 33 medidas específicas con foco en prevención del delito, persecución del crimen organizado, acompañamiento a víctimas de delitos, control de armas, fortalecimiento del rol municipal y la recuperación de espacios públicos.

Boric destacó que el Ejecutivo está "actualizando una política que por última vez se llevó adelante el año 2004. Hoy tenemos el deber de actualizarlo porque ha cambiado mucho el país y también la delincuencia".

El Mandatario apuntó además que la seguridad será "abordada sin complejos y como primera prioridad de nuestro Gobierno. No vamos a permitir que la delincuencia siga creciendo y ganando espacio. A las bandas de crimen organizado les decimos que no son bienvenidas, que las vamos a perseguir y las vamos a golpear donde más les duele, las vamos a golpear en la ruta del dinero, las vamos a golpear en su organización, vamos a mejorar las técnicas investigativas".

Este mensaje fue complementado por Siches, quien aseguró que "tomamos el mandato del Presidente de acelerar el trabajo y, en tres meses más, poder mostrar resultados".

Control de armas

A pesar de que no se habló de la idea que el propio Presidente expuso durante su cuenta pública del 1 de junio, cuando afirmó que quería avanzar "hacia la prohibición total de la tenencia de armas" por parte de civiles, sí hubo una serie de medidas anunciadas en torno al control de armas: Fortalecer la persecución penal a los delitos en que se usan armas de fuego, fiscalización de armas y municiones, creación de sistemas para su trazabilidad y mejorar el control de las armas en poder del Estado.

Ministerio de seguridad

En materia legislativa y administrativa destacan el impulso de la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones durante julio para su tramitación, así como también avanzar en la reforma a las policías y a la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol en seguridad (ver nota anexa).

Junto con ello se impulsará la ley de seguridad privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije, para los próximos 10 años, una ruta a nivel país en esta materia.

Crimen organizado

El plan también contempla la creación de una política nacional contra el crimen organizado, que será presentada en octubre, según detalló el subsecretario Monsalve, que establece ejes claves como el desbaratar las redes de las bandas criminales, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística.

También presentó un eje de prevención del delito y protección a víctimas, en el que se incluye la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Municipal y se implementará una redistribución de los recursos policiales; se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público privada en materia de seguridad.

Además, se contempla una serie de medidas para el orden público y la recuperación de espacios públicos, como acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito.

Grandilocuencia

Aunque Boric dijo más temprano que no usaría ia "frases grandilocuentes del tipo delincuentes se les acabó la fiesta", para referirse al plan de seguridad, segundos después dijo que "vamos a ir por cielo, mar y tierra para golpear a la delincuencia, tal como lo hicimos con el Tren de Aragua. No lo vamos a permitir, no son bienvenidos y los vamos a meter presos".

Como sea, la expectativa la "aterrizó" la ministra Siches, quien espera ver los primeros resultados del plan en 90 días.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, reconoció que la decisión de adelantar y extender las vacaciones escolares de invierno, que comenzaron ayer, debió consultarse con más ministerios antes de anunciarse.

En radio Universo, Yarza dijo que "la primera alarma fue la semana del 26-29 de marzo, cuando nos dimos cuenta de la cantidad de camas que teníamos y que habían aparecido ya los virus desde la semana 10, cosa que es muy rara".

Ante ello el Minsal pidió más recursos a Hacienda, "porque preveíamos que esto iba a suceder", afirmó. Luego decidieron llamar al Mineduc "para ir contándoles" de la situación.

Acerca de contactos con La Moneda dijo que "por cierto que lo vamos contando y la toma de decisión la informamos a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), y la opinión de ellos era que partiéramos con la suspensión de clases más precozmente; ellos y nos dicen 'tomen ustedes la decisión porque tienen mayor sensibilidad respecto a las redes'. Lo discutimos con el Mineduc y lo avisamos con varias semanas de anticipación".

Sin embargo, la ministra hizo un mea culpa en este punto: "Reconozco que deberíamos haber conversado con más ministerios. Creo que en eso tenemos que mejorar. Creo que ese es un aprendizaje que bien nos viene y estamos disponibles para seguir aprendiendo".

Salud mental

La secretaria de Estado también se refirió al ataque que sufrió una enfermera de la Clínica Cordillera por parte, aparentemente, de una ex colega, lo que calificó como "una situación aislada, que nos sorprende tanto porque aparece como algo tan terrible, no es una historia habitual. No se resuelven así las complicaciones laborales ni mucho menos, esto es algo delictual".

Yarza reconoció, sin embargo, que el caso vuelve a poner el foco en que "ha sido dos años y medio de una tensión mantenida para los trabajadores de la salud, de situaciones bien extraordinarias desde el punto de vista emocional".

El primer eje del plan de seguridad nacional lanzado ayer por el Gobierno en Arica incluye reformas que atañen a los municipios.

Se propone una Reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades "para el fortalecimiento del rol municipal en seguridad y de los Consejos Comunales de Seguridad Pública", para que para que los municipios sean corresponsables en la generación de condiciones de seguridad en los territorios, con herramientas y recursos necesarios para desempeñar ese rol.

Para regular la seguridad privada, se impulsará además la Ley de Seguridad Privada, que busca regular este mercado para complementar de manera "eficiente y eficaz" la seguridad pública.

Un punto que incluye nuevamente a todas las municipalidades es la creación del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, con el cual se busca poner fin a la concursabilidad del Fondo Nacional de Seguridad Pública y permitir que el nuevo ente sea el mecanismo de apoyo financiero a los municipios, "para fortalecer sus capacidades de prevención social y situacional desde una perspectiva democrática, participativa y con criterio de equidad territorial", aseguran en Interior.

La subsecretaria (s) de Servicios Sociales del ministerio de Desarrollo Social, Francisca Gallegos, dio a conocer un informe que establece que las personas en situación de calle registradas en los últimos 36 meses ascienden a 19.342 a nivel nacional. Las regiones Metropolitana y de Valparaíso encabezan los listados.

Según lo expuesto por la autoridad ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en los últimos tres años la Región Metropolitana ha registrado 8.335 personas en situación de calle. Le siguen Valparaíso con 2.108, Biobío con 1.443, Maule con 1.170 y Antofagasta con 932.

Según los registros del Ministerio de Desarrollo Social, la Región de Antofagasta experimentó un alza del 38,9% de personas bajo esa condición respecto a la última medición que reportó a 671 individuos en situación de calle.

Sin embargo, Gallegos en su presentación reconoció la necesidad de actualizar este catastro, que cuenta como fuente el Registro Social de Hogares Anexo Calle debido al incremento de personas en esa condición.

"Probablemente se hace necesario volver a contar a las personas en situación de calle, dada la situación de emergencia que tenemos y la expansión de personas y familias en situación de calle a lo largo de nuestro país", mencionó la autoridad y dijo que se evalúa "la realización de un censo en 2023".