La mayoría de la Convención Constitucional ha demostrado desde los inicios de sus labores un afán refundacional, una falta de respeto a la historia del país y a los símbolos que nos unen. Prefieren partir de cero, despreciar lo hecho con anterioridad sin temor a la críticas y mucho menos a quienes se puedan sentir ofendidos.

La verdad está en ellos y son ellos quienes ven como la administran para lo que consideran será mejor para el país.

Lo último fue que una institución tan importante para el país como lo son los exPresidentes, no estaban en la lista de invitados para la ceremonia de entrega de la propuesta constitucional.

La principal razón esgrimida fue problema de aforo aunque gran parte de la opinión pública sabía que una mayoría no estaba de acuerdo con invitar a uno de los expresidentes y que ello obligaba a dejar fuera a otros tres. Y bajo esa perspectiva el costo valía la pena.

Se entiende que ese amplio sector dominante en la CC haya presionado, pero lo que no se alcanza a comprender es que nadie insistiera en revertir ese grave error e injusticia hacia quienes dirigieron el país.

Se podrá estar de acuerdo o no con las gestiones de sus respectivos gobiernos, con las desigualdades que se perpetuaron o por la falta de acción para resolverlas. Críticos y alejados de las contingencias vividas, de la lucha contra la pobreza, de la internacionalización del país para saltar al desarrollo y otras que explican lo hecho por los distintos gobernantes, quienes, a no dudarlo, pusieron esfuerzos por hacer un Chile mejor en la medida que pudieron.

Por ello se entiende que Ricardo Lagos se restara de una invitación que llegaba tarde y a regañadiente de muchos. El ánimo ya no estaba.

Querer borrar la historia del país, a sus personalidades e instituciones por no pasar el juicio de esa mayoría intransable que como lo dijo el senador José Miguel Insulza, "piensan que están reescribiendo la historia de Chile", lejos de favorecer sigue provocando divisiones y molestias.

La falta ponderación ha sido la gran ausente en muchas decisiones de la CC y ello se lamenta.

En Chile, según datos del II Estudio Nacional de la Discapacidad, existen 2.836.818 personas en situación de discapacidad, de las cuales un 40,4% son adultas que presentan algún grado de dependencia funcional. La evidencia indica que la cantidad de personas en esta situación seguirá en aumento debido a cambios epidemiológicos y demográficos, como el incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento de la población, generando la necesidad de que existan cuidadores que puedan proveerles asistencia. En nuestro país es frecuente que esta tarea sea asumida por parientes mujeres que, en muchas ocasiones, deben dedicarse tiempo completo a esta labor.

Si bien cuidar un ser querido puede ser una experiencia enriquecedora, muchas veces no se cuenta con la preparación ni experiencia suficiente para sobrellevar este rol que, al ser una actividad de alto grado de responsabilidad, puede llegar a ser extremadamente agobiante, lo que resulta en la postergación del desarrollo profesional y personal de quienes cuidan. Diversos estudios indican que muchas cuidadoras sienten culpabilidad si dedican tiempo a sí mismas en lugar de a sus seres queridos enfermos, sumado al hecho que a menudo reciben escasa ayuda por parte de otros familiares, debiendo sobreexigirse tanto física como financieramente. Esto contribuye a que se genere una sobrecarga en la persona que cuida, produciendo efectos negativos sobre su salud mental y física, como agotamiento, ansiedad, frustración, falta de concentración, depresión, dolores corporales, insomnio, problemas gastrointestinales, lesiones musculoesqueléticas, consumo problemático de drogas lícitas e ilícitas, limitación en las actividades de ocio y un mayor riesgo de mortalidad.

Considerando lo anterior, desde el Estado se requiere una respuesta clara e integral en que se reconozca a las cuidadoras y cuidadores como sujetos de derechos. Para esto, es fundamental que se desarrollen políticas públicas que reduzcan los efectos negativos que esta condición tiene para los pacientes y cuidadoras. Por lo tanto, es de suma urgencia la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, tal como fue anunciado por el Presidente en la cuenta pública. En conjunto con lo anterior, los profesionales de la salud debemos tener un rol activo en este ámbito, comprendiendo la carga en la salud de las cuidadoras y los impactos sociales y económicos que esta responsabilidad conlleva, con la consecuente afectación de la calidad de vida y del cuidado que pueden otorgar. En este sentido, es imperativo que todos los equipos de salud, en los diversos niveles de atención, detectemos a tiempo los factores de riesgo que originan la sobrecarga, a la vez que eduquemos a la sociedad civil acerca de la importancia de que los hombres tengan un rol más activo en estas tareas. Las cuidadoras ya no pueden esperar.