Otro de los puntos aprobados ayer en el pleno de la Convención, en el afán descentralizador de este organismo, fue la realización de una consulta ciudadana vinculante a los ciudadanos de Chiloé y las comunas del Aconcagua que tendrá por objetivo definir la posible creación de dos nuevas regiones autónomas de las administraciones actuales, que corresponden a Los Lagos y Valparaíso, respectivamente.
El pleno de la Convención Constitucional votó ayer el segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias en el que se aprobaron medidas que han sido polémicas, como el quorum para las reformas a la Carta Fundamental que pretenda realizar el actual Congreso y el fin del Senado en ejercicio en marzo de 2026, sin importar cuándo hayan sido elegidos sus miembros.
La primera de estas disposiciones, aprobada por 106 votos a favor, es decir tres más que el mínimo requerido, establece que "hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional se requerirá el voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado".
El texto visado además plantea que "los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente los capítulos de Naturaleza y Medioambiente y de Disposiciones Transitorias deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio de reforma constitucional. Si el proyecto de reforma es aprobado por dos tercios de las y los integrantes de ambas Cámaras, no será sometido a dicho referéndum".
La otra norma aprobada pese a que ha generado controversia es la que pone fin al periodo de todos los actuales senadores en marzo de 2026, a pesar de que cerca de la mitad de ellos asumió su cargo hace tres meses y fue elegida por ocho años.
Esta disposición, que generó el rechazo transversal de casi todos los actuales integrantes del Senado, es consecuencia del fin de esta corporación para dar paso a la Cámara de las Regiones, cuya composición se determinará en la elección parlamentaria de 2025, cuando los integrantes tanto de esta nueva instancia como el Congreso de Diputadas y Diputados serán renovados por completo y los actuales senadores podrán ser candidatos para cualquiera de ellas y se les contará como su primer periodo.
Tras lo aprobado ayer quedaron abiertas dos opciones para que el Senado no deje de existir. La primera es que gane el Rechazo a la nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre y la segunda es que el actual Congreso lo modifique con un quorum de dos tercios o uno de cuatro séptimos más plebiscito ratificatorio.
También fue aprobada la norma que establece que el proceso de cese de funciones del Tribunal Constitucional (TC) para dar paso a la Corte Constitucional.
El texto visado por 110 votos a favor dice que "el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas. Todos los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en el Tribunal Constitucional deberán ser conocidos, tramitados y fallados dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. Al término del plazo señalado o terminada la tramitación de dichas causas, el TC cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho".
Respecto de los derechos de aguas, fue aprobado el artículo que establece que "con la entrada en vigencia de esta Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua".
A esto se añadió que "la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución".
Uno de los fenómenos más alarmantes de la vida social en el Chile contemporáneo, lo constituye el incremento de la criminalidad y la violencia contra las fuerzas policiales.
En menos de un mes han muerto tres carabineros a manos de la delincuencia.
¿A qué puede deberse un fenómeno como ese?
Ha de haber varios factores; pero entre todos uno indudable: se ha socavado su legitimidad.
La vida social está constituida por una amalgama de reglas y costumbres, la mayor parte tácitas o implícitas, que cuando tienen plena vigencia se antojan naturales como la respiración. Ese conjunto de usos sociales establece lo que es lícito de hacer y lo que no, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es legítimo y merece obediencia y lo que es ilegítimo y debe ser resistido.
En otras palabras, ese océano de usos sociales funda a la autoridad y enseña el deber de obediencia a ella.
Pero esos usos sociales no se sostienen solos. Es necesario enseñarlos y aprenderlos.
Una de las tareas de las élites (o si se prefiere de las minorías excelentes de esas que hay en todas las clases y en todos los sectores) consiste en transmitirlos a través del sistema escolar y los medios de comunicación. Pero si las élites (v.gr. las élites políticas o los medios) en vez de enseñar esos usos sociales que trazan la línea que divide lo legítimo de lo que no lo es, se dedican, por ignorancia, lenidad, convicción ideológica o simple estupidez, a deteriorarlos, a relativizarlos, o lo que es peor a corroerlos, entonces ese entramado invisible de la vida social principia a desaparecer y se desdibuja.
Y eso es, desgraciadamente, lo que ha estado ocurriendo en Chile.
Se ha venido configurando una lenta pero persistente deslegitimación de la policía, a la que se ve como un aparato meramente represivo, y a la que se presenta como un enemigo de la libertad. Ha contribuido a ello, desde luego, el comportamiento de las propias fuerzas policiales (es cosa de recordar el caso Catrillanca, o los desfalcos en que incurrió parte del alto mando); pero sobre todo se debe a la irresponsabilidad de la clase política (parte de la cual hoy gobierna) la que, en vez de prestar apoyo a la fuerza pública, muchas veces pareció esmerarse en deslegitimarla, en deteriorarla, como si cualquier intervención de la fuerza frente a la delincuencia o el desorden hubiera sido ilegítima.
El resultado está a la vista.
Ese fenómeno ha deslegitimado el quehacer policial, ha disminuido su poder simbólico. Si antes un policía poseía el aura y el prestigio del poder estatal, hoy día carece de él. El problema es extremadamente grave porque como es obvio, la capacidad de control de la policía no depende solo o únicamente de la fuerza de que dispone, sino sobre todo de la nube de prestigio y legitimidad que al rodearla inhibe el empleo de la violencia en contra de ella. Pero una vez que esa nube de prestigio se disipa (gracias entre otras cosas al discurso que alguna vez profirieron o cohonestaron las mismas autoridades que hoy tienen el control del estado) la policía queda indefensa, sin ese escudo que es muchísimo más eficaz que cualquier medio material.
Urge pues reconstituir el aura de prestigio de la fuerza pública y para lograrlo las élites (partiendo por las élites políticas, las instituciones educativas y los medios de comunicación) han de evitar el simplismo de creer que siempre que la policía emplea la fuerza ello es lesivo de los derechos de las personas, olvidando así que sin esa fuerza la vida social simplemente no existiría.
Si esa aura de prestigio no se hubiera deteriorado, es probable que los tres carabineros no hubieran sido asesinados. Pero despojados de esa aura de legitimidad y prestigio, ni los asesinos se detuvieron, ni esos carabineros hoy difuntos (como dijo entre sollozos el padre de uno de ellos) sintieron que podían emplear la fuerza para hacer cumplir la ley.