Seguridad política
Dra. Francis Espinoza F. Académica UCN
La temática de la seguridad pública se viene tomando la agenda desde hace varios gobiernos. Los datos duros apoyan esta realidad. Durante 2021, en el Índice Global de Paz, Chile se ubica en el lugar 49 (1.831) casi después de Uruguay (47º, 1.817) y Costa Rica (39º, 1.735), mejorando un puesto (50º, 1.831) en 2020, y bajando ostensiblemente desde 2019 (31º, 1.666). Esta situación también es observable en el Índice Global de Terrorismo, donde nuestro país aparece en el puesto Nº 18 (6.496) después de Colombia (14º, 7.068), subiendo varios puestos desde 2020 (Nº 47, 4.031). Pese a esto, el creador de esta última metodología, el australiano Steve Killelea, señala que "la mortalidad de los ataques de grupos armados mapuche es de un 0,03%, lo que indicaría que quieren negociar" (EX-ANTE, 14/03/2022).
En política no se deben usar variables causales para definir y dar solución a los fenómenos societales, pero está claro que a partir de la interpretación de la ley Nº 19.027 (enero de 1991) se hace una relación directa entre seguridad, violencia y terrorismo, posiblemente también presente en legislaciones anteriores. La nueva normativa nacida en democracia, "rediseña el concepto de terrorismo creado por la dictadura, introduciendo elementos subjetivos relativos a la finalidad en el autor de causar temor a la población o parte de ella, y alternativamente una finalidad coactiva, arrancar resoluciones a la autoridad o imponerle exigencias, estableciendo una presunción de la finalidad" (Mirna Villegas Díaz, "Política Criminal", 2018).
La realidad emblemática e histórica va dando cuenta de la necesidad de considerar más a fondo el tema del terrorismo en el país, sus motivaciones y consecuencia, por nombrar sólo algunas situaciones tenemos el caso cartas bomba en la embajada de Estados Unidos (2001), la serie de atentados con explosivos en infraestructura crítica (bancos, comisarías, cuarteles de ejército, iglesias, embajadas, sedes de partidos políticos, oficinas de empresas, juzgados y edificios de gobierno, 2005), el atentado en el centro comercial subcentro (2014), la quema de las iglesias en La Araucanía (2016). De manera más reciente, la muerte del trabajador en Lumaco (Segundo Catril Neculqueo) generó un punto de no retorno en la discusión pública y obligó al gobierno a reestructurar su estrategia política de seguridad en la macrozona sur (EMOL, 26/05/2022). De esta manera, el gobierno estaría enfocándose en una posible ampliación del estado de excepción y la articulación entre los ministerios del Interior y Defensa en conjunto con las Fuerzas Armadas. A esto se une, además, la petición desde el norte de la necesidad de volver a estados de emergencia, debido a la escasa capacidad de gobernanza desde los gobiernos locales para abordar la problemática de seguridad ciudadana.
Pese a la materialidad de la discusión en términos cuantitativos, comparto el punto de vista del senador Francisco Huenchumilla, la solución a los problemas de seguridad pública requieren soluciones políticas, es decir, estaríamos hablando en definitiva de 'seguridad política'. El llamado que hace Huenchumilla es a buscar un gran acuerdo político a través de una finalidad de Estado con los grupos económicos que manejan las forestales en la zona. Desde el PS, se pide que se dejen atrás los temores ideológicos (senador Gastón Saavedra) o los traumas del pasado (senador Fidel Espinoza). Desde la oposición, se solicitan medidas más pragmáticas tales como estados amplios de excepción y el diseño de mecanismos sofisticados de inteligencia (senadora IND Carmen Gloria Aravena).
Los estados de excepción son instrumentos constitucionales para abordar más bien los temas de paz ciudadana que de violencia extrema por períodos acotados, y en busca de soluciones profundas y a más largo plazo. Es innegable que la creación de las leyes para regirnos tienen que ver más con un ordenamiento de la sociedad que la aplicación de estrategias coercitivas de las conductas individuales. El filósofo italiano Giorgio Agamben (2003) señala que en las democracias liberales, la excepción se ha convertido en la regla y, a su vez, ha constituido una metodología de legitimación política de la dominación. Por ende, los acuerdos políticos y la construcción de esferas públicas no estatales (Virno, 2003) podrían contribuir a alcanzar la tan anhelada paz social y ciudadana..
"Los estados de excepción son instrumentos constitucionales para abordar más bien los temas de paz ciudadana que de violencia extrema por períodos acotados, y en busca de soluciones profundas y a más largo plazo".