La ciudad de Antofagasta a lo largo de las décadas ha ido conformando dos realidades territoriales diversas . Dos ciudades. Una que se extiende desde el centro hacia el sur, que concentra un 40 % de la población, la mayor proporción de los establecimientos públicos y privados , como por ejemplo el 76% en salud , el 62 % de los establecimientos de educación, el 78 % de los cuarteles de bomberos, el 55 % del total de la superficie de áreas verdes. En cambio, la ciudad que se extiende desde Salvador Allende hacia el norte, concentra el 60 % de los habitantes urbanos, el 24 % de los establecimientos de salud, el 38 % de los establecimientos de educación, el 22 % del total de cuarteles de bomberos, el 45 % de la superficie de áreas verdes. La lista podría ser más larga, como resultado de una larga acumulación de diferencias en la distribución de bienes públicos y privados.

La distribución del progreso urbano desigual ¿Impacta las oportunidades y la calidad de vida de los habitantes?. La respuesta es afirmativa, en una ciudad alargada, con tiempos de viaje entre un extremo al centro de la ciudad que superan una hora de viaje en horarios punta, provoca que el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales sea extremadamente diferencial, una barrera que afecta la igualdad de oportunidades, la calidad de vida y el bienestar de una parte de la población.

El desarrollo sin planificación de la ciudad, ha sido la causa principal de un progreso desigual, acumulativo, que se ha retroalimentado a través de las décadas, generando segregación, polarización y frustración social y política, como lo vimos en el estallido social del 2019. En la actualidad, se observan pocas noticias de que aquel proceso ya estructural se revierta espontáneamente en los próximos años.

Hoy el país enfrenta una ventana de oportunidades para revertir problemas que se habían acumulado, abordar en el debate público la inequidad territorial que afecta a la ciudad es uno de ellos. Implementar equidad, no solo es una categoría discursiva, sino que implica abordar un tema espinoso, complicado para muchos, como es la distribución del poder en la toma de decisiones, y en el caso de la ciudad de Antofagasta involucra abordar la división de la ciudad en dos comunas.

Revertir la acumulación de los déficit acumulados de desarrollo de una parte de la ciudad, ya no es un problema cuya solución haya que dejarla al tiempo o la buena voluntad, lo cual hasta aquí no ha funcionado. Es un conflicto que requiere avanzar en la autonomía comunal, para que aquella parte de la ciudad se transforme en un nuevo actor, con identidad, capacidades y recursos propios que le permitan construir su propio desarrollo y progreso. No hay muchos argumentos para obstaculizar o soslayar que una población de casi 200 mil habitantes, con base industrial no pueda tener la oportunidad de resolver lo que no se ha podido en el pasado.

No todas las empresas actúan igual

El crimen organizado en torno al tráfico de drogas es uno de los que más daño ha causado en países latinoamericanos. Las enormes ganancias que logran con la venta entre los países consumidores -principalmente Estados Unidos y Europa- desata ambiciones incontroladas en quienes lideran los carteles.

Siempre se ha dicho que Chile es una zona de paso en el destino final de los cargamentos ilícitos. Tampoco existen grandes zonas productoras o laboratorios para el proceso de las materias primas en la elaboración y eso nos aleja de la formación de organizaciones delictuales.

Lamentablemente no siempre estuvimos del todo libres. La dinámica del delito no es difícil de entender. Si su negocio ilícito empieza a ser perseguido en algunas de sus etapas buscan otros puntos para continuar con la maquinaria productora y despachadora.

El Ministerio Público y las policías han detectado que las redes de carteles mexicanos y colombianos se han extendido a nuestro país. Han intentado instalarse para elaborar droga -cocinarla- e instalar un centro de embarque para operarlo con mayor facilidad.

Los hechos y la experiencia nos indican que es preciso tomar medidas para impedir que estas organizaciones criminales se instalen en el país, de no hacerlo las consecuencias pueden adquirir un carácter insospechado.

Los ejemplos más crudos son México y Colombia, pero otros países centroamericanos también han quedado atrapados por los tentáculos de este negocio ilegal, socavando sus instituciones con prácticas de corrupción, amenazas y asesinatos.

Por ello hoy, cuando vemos que aumentan los decomisos de drogas entendemos una mayor presencia de narcotraficantes dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos y eso abre espacios para nuevas formas de delitos. Estamos a tiempo de impedir el ingreso del crimen organizado y mantenerlo a raya. Si no se hace, si no se desarrollan estrategias podemos muy pronto encontrarnos con un mundo en el no queremos vivir.

El crimen organizado es algo más que narcotráfico. Y debe entenderse como una empresa comercial mayor, normalmente transnacionalizada, organizada en torno a la provisión de bienes o servicios ilícitos en escala media o grande, y que conlleva crímenes de diversa factura y violencia, pero cuya finalidad global es la obtención de beneficios económicos para sus dueños.