Desafiante es que la Convención Constitucional se haya trasladado masivamente para entregar y presentar el borrador de la nueva Constitución en la capital de la minería y encadenamientos productivos, en la principal economía regional y principal región exportadora y aportadora de recursos al estado y que, por lo mismo, demanda una mucho mayor inversión pública para atender sus necesidades sociales.

El desafío es evidente, dar seguridad y certeza a la principal industria del país y a las comunidades que viven y se desarrollan en base a la industria minera y, que se proyectan a futuro en torno a la minería verde, energías renovables, hidrógeno verde, electromovilidad, automatización y autonomía, desalación de agua de mar, puertos e integración, desierto de Atacama y turismo, astronomía, inclusión laboral femenina y diversidad, economía circular.

Los constituyentes viajaron 1.300 kilómetros para llegar a uno de los principales distritos mineros del mundo, especialmente en cobre y litio, región pilar de la economía chilena. Su llegada ocurre luego de meses en ambiente de tensión y cuestionamiento a nuestra principal actividad productiva.

Es relevante destacar que el sábado 14 de mayo el Pleno de la Convención aprobó los artículos que pasaron como Estatuto Constitucional de los Minerales al borrador. El texto aprobado trae algunas buenas noticias, concordante con lo planteado por nosotros, porque resguarda varios aspectos que han dado estabilidad y progreso a la minería, así como también establece algunos elementos para desarrollar una política de Estado a favor de esta actividad y sus encadenamientos. También es valorable que el texto constituyente haya optado decididamente por descartar las iniciativas que habían causado más controversia y rechazo para el futuro de nuestras regiones, como la nacionalización de la minería y la modificación del régimen de concesiones mineras.

¿Está todo zanjado para asegurar el desarrollo minero y sus encadenamientos virtuosos para las próximas décadas? No.

En primer lugar, si bien se rechazó el Artículo 27, que pretendía modificar el sistema de concesiones, se abrió una brecha de incerteza, pues este régimen quedará desprotegido constitucionalmente y se correrá el riesgo de que quiera modificarse a través de leyes de mayoría simple. Esta incertidumbre debilita el desarrollo de nuestra industria y nos obliga a estar muy atentos en lo que viene.

Además, en una jugada que no compartimos, por medio de normas transitorias algunos constituyentes están intentando reflotar las propuestas ya descartadas por el Pleno sobre nacionalización y concesiones.

Esperamos que se respete lo acordado por el pleno y se descarten estas iniciativas que, claramente, no contribuyen a que tengamos más y mejor minería.

Lo de avenida Salvador Allende en Antofagasta pareciera no tener explicaciones, incluso cae en el rango de lo increíble. Es que no se logra comprender que por años se esté tratando de evitar accidentes generados por el ingreso de camiones de alto tonelaje que pierden el control y arrasan con vehículos menores en una loca carrera tras su ingreso a la ciudad.

Son años de anuncios, de medidas y de coordinaciones entre las autoridades para atacar un problema que tiene en vilo a los vecinos del sector y a quienes usan con frecuencia esa vía como trayecto a sus trabajos o a espacios comunitarios.

Lamentablemente todos esos esfuerzos han resultado en vano, porque los accidentes se repiten y todos de una alta gravedad, con heridos y en ocasiones con víctimas fatales. Y las soluciones, que más que nada entran el terreno de las advertencias, no han tenido el efecto esperado.

De otro modo no se entiende que en poco más de 24 horas esa principal avenida haya sido testigo de dos accidentes graves protagonizados por camiones que no respetaron la prohibición de ingresar por ese sector. No se alcanzaba a investigar el primer hecho cuando eran sorprendidos por un segundo, el que gracias al horario en qué ocurrió -pasada las 22 horas- no tuvo mayores consecuencias.

Ambos accidentes se dan en un marco de una clara irresponsabilidad y falta de respeto por las señalizaciones viales. La SIAT en su informe afirma que faltan señales, especialmente nocturnas, y es correcto. No obstante, si no hay colaboración de los conductores es poco lo que se puede hacer y el peligro siempre estará vigente a menos que se fiscalice uno a uno el ingreso norte a la ciudad, como se hará a partir del lunes.

Y lo que ocurre en Salvador Allende es una tónica que se repite en las rutas de la Región donde hay accidentes principalmente por fallas humanas o por irresponsabilidades.

Entonces el compromiso es elevar los estándares de seguridad en nuestras rutas, algo que vivirá un gran salto cuando se termine la doble vía Carmen Alto Calama la que deberá cumplir con nuevos estudios en los que se detecte puntos conflictivos y se eleve la seguridad y la fiscalización. Y así en otras carreteras que conocemos son peligrosas también debieran tratarse con el mismo grado de preocupación.

Mejor señalización, más advertencias y sobre todo fiscalización para exigir que haya un respeto a las normas y a la vida de quienes habitamos y recorremos nuestras rutas.