Estudian acciones legales contra IMA por sentencia que obliga a revaluar millonaria licitación
JUSTICIA. Firma jurídica a cargo del caso señala que el municipio fue declarado culpable de actos ilegales y arbitrarios en la licitación para contratar guardias de seguridad. Resolución obligaría a municipio a admitirla y revaluarla, sin embargo, afirman, el municipio estaría incurriendo en desacato.
Hace un mes que se dictó sentencia y aún no se hace efectiva. Esta es la principal razón por la que el Estudio Jurídico Betancourt Abogados, se encuentra analizando acciones legales en contra de la municipalidad de Antofagasta por el incumplimiento del fallo dictado por el Tribunal de Contratación Públicas (TCP) en el caso de la licitación de guardias de seguridad del municipio.
De acuerdo a esta sentencia, el TCP consideró que el municipio cometió actos ilegales y arbitrarios en el marco de la licitación ID 2429-22-LR21 para la contratación de guardias de seguridad por un monto de más de $6.000.000.000 e instruyó declarar admisible y evaluar la oferta presentada por la unión temporaria de proveedores (UTP) conformada por "Global Net Seguridad Integral Limitada y Desarrollo y Proyectos de Ingeniería, Ingetech S.A", y con ello, concluir el proceso licitatorio.
No obstante, desde la firma de abogados señalan que, "hasta la fecha, la entidad edilicia se ha negado a cumplir la sentencia. Es más, ha cometido otro acto ilegal al pretender devolver la boleta de garantía necesaria para la participación en la licitación de la UTP antes referida, ardides destinados a no cumplir con lo resuelto por el Tribunal".
Consecuencias
Al respecto, una de las abogadas del caso, Belén Miño señala que esta situación de continuar, no sólo repercutirá en la municipalidad, ya que, "el actuar del municipio, desoyendo la sentencia dictada por la justicia podría acarrear grandes consecuencias al alcalde Jonathan Velásquez configurándose eventualmente el delito de desacato, por lo que actualmente se encuentran estudiando nuevas acciones".
En la declaración, la firma de abogados explicó que, "llama poderosamente la atención y pareciera no ser coincidencia que en el marco del proceso licitatorio, la UTP reclama administrativamente la declaración de inadmisibilidad -reclamo que es respondido en la plataforma www.mercadopublico.cl- acogiendo lo planteado por la empresa luego de un informe emitido por el ex director jurídico, el cual es desoído, ignorado y desechado, manteniendo la actitud ilegal, excluyendo a una empresa válida y posteriormente, desvinculando al profesional más capacitado de su gabinete". Esto a raíz de la posterior demanda laboral que presentó Ascencio por actos vulneratorios.