Hace un mes que se dictó sentencia y aún no se hace efectiva. Esta es la principal razón por la que el Estudio Jurídico Betancourt Abogados, se encuentra analizando acciones legales en contra de la municipalidad de Antofagasta por el incumplimiento del fallo dictado por el Tribunal de Contratación Públicas (TCP) en el caso de la licitación de guardias de seguridad del municipio.

De acuerdo a esta sentencia, el TCP consideró que el municipio cometió actos ilegales y arbitrarios en el marco de la licitación ID 2429-22-LR21 para la contratación de guardias de seguridad por un monto de más de $6.000.000.000 e instruyó declarar admisible y evaluar la oferta presentada por la unión temporaria de proveedores (UTP) conformada por "Global Net Seguridad Integral Limitada y Desarrollo y Proyectos de Ingeniería, Ingetech S.A", y con ello, concluir el proceso licitatorio.

No obstante, desde la firma de abogados señalan que, "hasta la fecha, la entidad edilicia se ha negado a cumplir la sentencia. Es más, ha cometido otro acto ilegal al pretender devolver la boleta de garantía necesaria para la participación en la licitación de la UTP antes referida, ardides destinados a no cumplir con lo resuelto por el Tribunal".

Consecuencias

Al respecto, una de las abogadas del caso, Belén Miño señala que esta situación de continuar, no sólo repercutirá en la municipalidad, ya que, "el actuar del municipio, desoyendo la sentencia dictada por la justicia podría acarrear grandes consecuencias al alcalde Jonathan Velásquez configurándose eventualmente el delito de desacato, por lo que actualmente se encuentran estudiando nuevas acciones".

En la declaración, la firma de abogados explicó que, "llama poderosamente la atención y pareciera no ser coincidencia que en el marco del proceso licitatorio, la UTP reclama administrativamente la declaración de inadmisibilidad -reclamo que es respondido en la plataforma www.mercadopublico.cl- acogiendo lo planteado por la empresa luego de un informe emitido por el ex director jurídico, el cual es desoído, ignorado y desechado, manteniendo la actitud ilegal, excluyendo a una empresa válida y posteriormente, desvinculando al profesional más capacitado de su gabinete". Esto a raíz de la posterior demanda laboral que presentó Ascencio por actos vulneratorios.

La Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de la Prefectura de Antofagasta logró concretar el hallazgo de cinco camionetas robadas al interior de la localidad de Baquedano.

De acuerdo a la información entregada por el capitán Fernando Fierro, jefe de la SEBV Antofagasta, el procedimiento concretado fue a casi 140 kilómetros al interior de Baquedano, donde en medio del desierto y ocultas entre quebradas se encontraban los vehículos. "Sin importar el difícil acceso y por rutas poco transitadas, con conexión directa a Bolivia, patrullas de la SEBV detectan este lugar de acopio de estos vehículos, posiblemente en espera que una organización delictual las traslade fuera del país", explicó.

Según detalló además, los vehículos recuperados corresponden a una camioneta Mitsubishi L200 y cuatro camionetas Toyota Hilux las que habían sido sustraídas el 26, 27 y 29 de abril y dos el 1° de mayo desde distintos puntos de la capital regional.

Un joven fue hallado muerto durante la tarde de ayer, específicamente en el sector de Costa Laguna.

Según información de testigos que estaban en el lugar, la persona estaba desaparecida desde el martes y los familiares de éste estarían en el sector.

Al encontrar el cuerpo, quienes transitaban por ahí, llamaron a personal de Carabineros.

El procedimiento lo tomó la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística (LACRIM).

Los oficiales investigadores se desplazaron hasta una zona apartada ubicada al sur de las viviendas, específicamente un sitio eriazo, aledaño a unas dunas, donde se hallaba el cuerpo sin vida del joven de 26 años quien era buscado por sus familiares.

Las diligencias se concentraron en el sitio del suceso donde se realizó un completo trabajo pericial, con el objetivo de conocer la dinámica de los hechos ocurridos y determinar las circunstancias de la muerte de la víctima.

En tanto, los oficiales prosiguieron con las diligencias, el cuerpo del joven fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal para la correspondiente autopsia de rigor y estudio de intervención de terceros en el hecho.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta condenó al imputado Víctor Villaquiran A. (35 años de edad) a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de una multa de 20 UTM tras ser culpable de conducir en estado de ebriedad y atropellar a una persona, que falleció en el lugar. El delito fue perpetrado el 12 de septiembre del 2020.

La investigación del caso, dirigida por la fiscal jefe de Antofagasta, Cecilia González, con colaboración de personal de SIP de Carabineros, de testigos claves e informes de peritos médicos, logró que además de la pena efectiva se agregaran las penas accesorias de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica junto al decomiso del camión, marca Mack, y también la inhabilitación absoluta perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos, mientras transcurra la condena.

El caso

De acuerdo a lo acreditado en el juicio por la fiscal González, tras la investigación solicitada por el Ministerio Público de Mejillones, se comprobó que el acusado el día 12 de septiembre del 2020, alrededor de las 22:50 horas, mientras realizaba sus labores como conductor de una empresa de servicios veterinarios, conducía un camión adosado al semirremolque en dirección al norte por la pista derecha de la Ruta A-1, en estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Al llegar al kilómetro 59, pierde el control del vehículo desplazándose hacia la pista izquierda, atropellando a una víctima, mayor de edad, quien caminaba por la berma de la calzada poniente, falleciendo en el lugar, producto de un politraumatismo severo, el que calificado como accidente de tránsito.

En la audiencia además se ratificó que, a la fecha de la comisión de los hechos "el acusado mantenía una licencia de conducir profesional y su estado de intemperancia alcohólica fue ratificado por informe de alcoholemia que arrojó como resultado 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre. Junto con ello, se comprobó que el acusado conducía también bajo la influencia de sustancias estupefacientes que fue ratificada por el informe toxicológico que detectó la presencia de THC en el organismo del acusado".