Una serie de llamados a renunciar a su cargo recibió este martes el primer ministro británico, Boris Johnson, junto con el ministro de Economía, Rishi Sunak, tras confirmarse que serán multados por asistir a fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia y mientras los habitantes del Reino Unido cumplían severas restricciones.

Johnson asistió el 19 de junio de 2020 a una fiesta en la Oficina del Gabinete con motivo de su cumpleaños 56, festejo presuntamente organizado por su esposa, Carrie Johnson, quien también será sancionada.

Scotland Yard indicó que ha remitido más de 50 multas en relación con 12 actos organizados entre 2020 y 2021 tanto en Downing Street, donde se ubican la residencia y el despacho del primer ministro, como en otros edificios gubernamentales, incluidos al menos tres fiestas a las que supuestamente asistió el jefe del Ejecutivo.

Lobby Akinnola, portavoz del grupo de familiares de fallecidos por la covid-19, aseguró que los gobernantes tomaron a los ciudadanos "por tontos" al saltarse las reglas que ellos mismos impusieron al resto.

"Es insostenible que permanezcan en el cargo", afirmó y añadió que su "deshonestidad" ha socavado su "credibilidad" de cara a liderar el país ante otra posible ola de la pandemia.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que tanto Johnson como Sunak "deben dimitir" por haber violado la ley y "mentido repetidamente a los británicos" al negarlo.

Su colega del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió que se convoque a la Cámara de los Comunes, actualmente en el receso de Semana Santa, para votar una moción de censura contra Johnson, cuya cabeza también reclaman la ministra principal escocesa, la independentista Nicola Sturgeon, y el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan.

Ante el revuelo por las multas, que según medios locales bordearían los 60 euros cada una, el gobierno británico difundió un video en el que Boris Johnson ofrece disculpas. "Con toda sinceridad, en aquel momento no pensé que podía ser una ruptura de las normas. Ahora, humildemente, acepto que lo hacía", señala.

Sobre la fiesta en particular, Johnson precisó que "fue un encuentro corto en la Oficina del Gabinete poco después de las dos de la tarde, duró menos de diez minutos, en los que la gente con la que trabajo se acercó amablemente para transmitirme sus buenos deseos".

Respecto de las solicitudes de renuncia, afirmó que no está en sus planes: "Quiero poder continuar con el mandato que tengo y abordar los problemas que afronta el país, asegurarme de que cumplimos con lo que espera la gente de este país. Esa es mi prioridad".

En cuanto a las fiestas en otras reparticiones, Johnson sostuvo que asume la "completa responsabilidad por todo", aunque hay "cientos y cientos de funcionarios" trabajando para el Ejecutivo y él "no podía estar en todas partes al mismo tiempo".

Pese al mal momento, el primer ministro está en una posición mucho más fuerte que cuando estalló el escándalo de las fiestas a fines del año pasado y ahora apenas es cuestionado por los parlamentarios conservadores, los únicos que podrían forzar su salida del gobierno.

El líder de los "tories" en Escocia, Douglas Ross, antes uno de sus mayores críticos, declaró ayer que "no sería correcto" destituir al jefe del Ejecutivo en plena guerra en Ucrania. Para ser derrocado, Johnson tendría que perder ante una moción de confianza presentada por al menos el 15% de los parlamentarios del Partido Conservador (54 escaños).

La justicia peruana rechazó el recurso con que la defensa del presidente de ese país, Pedro Castillo, buscaba dejar sin efecto la denuncia en su contra, ya acogida a trámite, por presunta traición a la patria tras sus declaraciones sobre la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia.

El juez del 9° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Juan Torres, declaró improcedente el habeas corpus presentado por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, contra los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que el pasado 28 de febrero declaró admisible la denuncia contra el mandatario.

La acusación fue presentada tras las declaraciones de Castillo en enero pasado a CNN, donde dejó abierta la posibilidad de un referéndum para consultar si los peruanos están de acuerdo con ofrecer una salida a Bolivia.

Con el habeas corpus, la defensa de Castillo había solicitado el archivo definitivo de esta denuncia constitucional, alegando la presunta vulneración del derecho a la libertad individual, debido proceso, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, y la libertad de conciencia, entre otros.

El juez Torres, sin embargo, consideró que la sola admisión a trámite de una acusación constitucional no representa la amenaza descrita en la acción del presidente, ni pone en peligro la vigencia o el ejercicio de los derechos invocados.

Agrega que la admisibilidad de la ofensiva parlamentaria se dio "en el marco de las funciones de control político establecidas en la Constitución" para el Legislativo y respetando los parámetros establecidos por la ley.

De esta manera, la denuncia seguirá su curso y la subcomisión tendrá que emitir un informe a la Comisión Permanente del Congreso, que decidirá su eventual debate ante el pleno.

Durante la audiencia sobre la evaluación del habeas corpus, el abogado Pachas señaló que los polémicos dichos de Pedro Castillo aludían a su opinión cuando era "un ciudadano común y corriente", y que no representan sus intenciones actuales como presidente de Perú.