A fines de 2020, el historiador y economista argentino Emilio Ocampo publicó el libro El Mito de la Industrialización Peronista, a través del cual se observa que la política (en este caso del país trasandino) promueve el feudalismo y las prácticas populistas. En un solo tweet, Ocampo entrega datos concretos de esta aseveración: "Hay 13 provincias con menos de 1 millón de habitantes. Representan un 16% de la población total y 15% del PIB, pero tienen 27% de los diputados, 54% del Senado y 33% de la coparticipación, que es el 80% de sus ingresos tributarios. El sistema promueve feudalismo en provincias y populismo a nivel nación" (ON 24, 30/03/2022).

Este mismo concepto de feudalismo se escuchó esta semana en los pasillos de la Convención Constituyente de parte de la co-coordinadora de la Comisión de Sistema Político, Rosa Catrileo, a raíz del rechazo del artículo sobre las Autonomías Territoriales Indígenas. Sus palabras textuales fueron: "Los señores feudales tienen miedo de perder sus feudos; resienten que nosotros, los indígenas, hoy estemos aquí, más preparados que nunca para defender nuestros derechos. Ya no nos engañan con los espejos y los brillos de hace 500 años" (Cooperativa.cl, 30/03/2022). En efecto, la propuesta de ley alcanzó mayoría simple, pero no los dos tercios necesarios para quedar en la nueva Carta Magna.

En múltiples oportunidades he pensado que este país no ha dejado atrás este sistema político, social y económico que se instituyó en Europa entre los siglos IX y XIII después de la caída del imperio Carolingio. Recordemos que a la muerte de Carlomagno, el debilitamiento del poder aristocrático hizo surgir la influencia de los nobles. A esto se debe sumar las invasiones bárbaras del siglo IX que mostraron la poca eficacia de la realeza para proteger a sus súbitos. Por ende, emergió la figura de un 'señor feudal', quien defendía a su comarca a cambio de la explotación de las tierras, y esto terminó por reemplazar a los reyes y reinas. Este modelo desarrolló una autarquía, es decir, el ejercicio del poder dentro del feudo a través de la realización de actividades económicas y sociales.

Si bien, hay diferencias sustantivas en el análisis político entre Ocampo y Catrileo respecto al concepto de feudalismo, ambos actores dan cuenta de la profunda inequidad existente en el ejercicio del poder y prácticas defectuosas de la mantención del status quo por parte de las elites que nos gobiernan. Claro, si hay cambios en la forma de concebir el país y su territorialidad, eso le parece peligroso a quienes han ostentado el poder por siglos. Como bien decía en una columna anterior, hace rato ya que la Convención Constituyente viene pisando 'callos' con sus declaraciones y la discusión de algunos proyectos de ley que están poniendo nerviosos a los grupos de poder ("Atolladeros Políticos", El Mercurio de Antofagasta, 13/02/2022).

Las prácticas de feudalismo también han sido observadas en el seno de los partidos políticos, sobre todo en Renovación Nacional y en sus prácticas de liderazgos fuertes, rayando en la violencia política. En su columna de opinión, German Silva Cuadra (El Mostrador, 29/06/2021), plantea que el estilo feudalista de Francisco Chahuán debiera estar muerto y enterrado de la política criolla, pues ya no se está en tiempos "cuando los partidos marcaban la pauta, sus parlamentarios seguían órdenes desde las cúpulas y los dos principales conglomerados -Alianza por Chile y la Concertación-se repartían el poder a su antojo…".

Aun cuando podríamos pensar, como el filósofo esloveno Slavok Zizek, que a veces las revoluciones se producen en los países equivocados (Mao. Sobre la Práctica y la Contradicción, 2007), la realidad de las últimas elecciones desde el Plebiscito en adelante nos muestra que la ciudadanía SI quiere cambios, independiente de la velocidad de éstos, pero no un estado eterno de inercia política. El Estado chileno debe hacerse cargo del conflicto histórico en el Wallmapu (o Araucanía), pero no sólo en devolución de tierras ancestrales, sino en cómo hace parte a las comunidades indígenas del país a la toma de decisiones, el ejercicio del poder, la visibilización en las agendas de gobernanza política y en la repartición de privilegios. Eso debiera ser un verdadero Estado Plurinacional, la democratización de los espacios de influencia significan el cambio real de una social democracia madura.

"Las prácticas de feudalismo también han sido observadas en el seno de los partidos políticos, sobre todo en Renovación Nacional y en sus prácticas de liderazgos fuertes, rayando en la violencia política".

La democracia puede describirse como el ejercicio del poder político dentro de un Estado a través de una división tripartita de competencias - ejecutiva, legislativa y judicial -, cada una de las cuales es ejercida por personas cuyos procesos de selección se encuentran íntimamente ligados y son altamente sensibles al poder del dinero. Ello resulta así ya sea porque estas autoridades son miembros de partidos políticos que necesitan de grandes aportes financieros para llegar al poder y mantenerse en él, o porque representan a instituciones y estructuras que los han llevado a sus altos cargos no para gobernar a su arbitrio, sino para cumplir una determinada función dentro de un plan estratégico de control y mantención del orden establecido. Incluso, cuando se pretende cambiar ese orden de manera radical, como sucede en la actualidad dentro la Convención Constitucional chilena, lo que se oculta es el propósito de unos pocos líderes políticos de crear un nuevo orden revolucionario que, en su futura evolución, se parecerá muy poco al que nos ha cobijado por más de 200 años de vida republicana.

Dado que el sistema democrático moderno se rige exclusivamente por el mecanismo de partidos políticos - aunque ahora se piense lo contrario en Chile -, sólo éstos pueden llegar a los votantes con sus propuestas y campañas electorales, y ello casi exclusivamente a través de los muy caros medios de comunicación masiva. Estos medios, sobre todo en los países desarrollados, son instrumentos ligados a grupos económicos que generan los ingentes recursos que anualmente se invierten en publicidad, fuente primordial de ingresos de todos los medios de comunicación social. Es una realidad que en democracia se podrá intentar morigerar, pero que continuará siendo así en un mundo libre y abierto.

Lo anterior no significa que no existan opciones, pues las hay, incluyendo por cierto a las redes sociales; pero dichas alternativas ofrecen esquemas de "opciones estructuradas". Puede que tres, quizás cuatro o cinco partidos políticos se disputen una elección, discutan y discrepen sobre un sinnúmero de aspectos menores dentro de un marco dado; sin embargo, sobre las cuestiones fundamentales de los grande procesos políticos y sociales, y la evolución hacia un nuevo orden nacional, existe una cierta unanimidad, principalmente entre sectores políticamente afines. De esta manera, podemos presenciar cómo al interior de la Convención Constitucional se imponen conceptos reñidos con nuestra idiosincrasia social y cultural, a través de un ejercicio aparentemente democrático, pero donde el control de un amplio sector radicalizado es total. Ideas como: varias naciones (o países) dentro de un mismo Estado, la apropiación de bienes y activos adquiridos o ahorrados con total apego a la legalidad, y la licuación de la libertad de expresión, presagian un futuro colmado de confrontaciones. El primero de estos planteamientos podría incluso acarrear conflictos de nefastas consecuencias.

El condicionamiento de las grandes mayorías no resulta fácilmente perceptible, pues en una democracia como la nuestra se evita caer en metodologías primitivas de manipulación, como las que se utilizaban en el ámbito de la Unión Soviética, por ejemplo. Más bien se trata de una poderosa orientación de la opinión pública, durante un largo período, a través de cientos de canales distintos y maneras diferentes, que conducen hacia una sola meta. La clave reside en convencer a la ciudadanía de que el sistema democrático y económico imperante subyuga a las personas, no permitiéndoles progresar. Se ofrece a cambio una utopía onírica que en ninguna parte del mundo ha funcionado bien. O peor aún, ha fracasado.

"El condicionamiento de las grandes mayorías no resulta fácilmente perceptible, pues en una democracia como la nuestra se evita caer en metodologías primitivas de manipulación, como las que se utilizaban en el ámbito de la Unión Soviética, por ejemplo".