El Gobierno anunció los últimos nombres de los secretarios regionales ministeriales que componen el nuevo gabinete de la Región de Antofagasta. En las designaciones, destaca que la mayoría de las autoridades son mujeres -9 por el momento-, además de la alta presencia de personeros de la provincia del Loa.

En la jornada de ayer, la delegada presidencial regional, Karen Behrens, sostuvo una reunión con 5 de los 8 seremis que asumieron este miércoles. Las otras 3 autoridades residen en diferentes comunas, por lo tanto, no estuvieron presentes en la capital regional.

Al respecto, Behrens manifestó que "estamos muy contentas desde la delegación, por la consolidación del equipo de trabajo. Esto marcó un hito, porque la mayoría de los nombramientos son mujeres, lo que cumple la promesa del presidente Boric de que sea un gobierno feminista. No solamente es que sean mujeres, sino que son muy potentes, con una larga trayectoria en el campo social y un currículum increíble. Sabemos que van a cumplir un muy buen trabajo desde sus carteras".

"Hay otro dato muy interesante, que hay alta participación de seremis de la Provincia del Loa. Eso habla de una descentralización, no solamente Antofagasta es la protagonista en los nombramientos, por lo tanto, eso nos tiene bastante felices. Hay varios hitos que marcan una diferencia en la forma de hacer política y gobierno", añadió.

Configuración

Hasta el momento, el gabinete regional se conforma con 9 mujeres y 2 hombres. En cuanto a partidos políticos, el que más presencia tiene es la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), con 3 personeros.

Una de las designadas en la jornada del miércoles, fue la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo (PC), quien tiene 41 años, es madre de 3 hijos, jefa de hogar y abogada de la Universidad de Antofagasta. Su trayectoria tiene relación con el ámbito cultural y organizaciones feministas de la Región.

Le sigue el seremi de las Culturas y las Artes, Claudio Lagos (FRVS), de 44 años y padre de un hijo y una hija. Es actor titulado de la Universidad Católica de Santiago, director de teatro, gestor cultural, exadministrador municipal y exgobernador de la Provincia del Loa.

En la cartera de Transporte, aparece Romina Vera (IND), de 39 años, antofagastina, madre de un hijo y abogada titulada de la Universidad Católica del Norte, con especialidad en derecho administrativo. La jurista se ha dedicado al servicio público en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Servicio de Salud, Junji y en Transporte, donde fue asesora jurídica.

La más joven del listado, Camila Cortés (FRVS), de 32 años, madre de dos hijos y abogada titulada de la Universidad Católica del Norte. Cuenta con 7 años de experiencia en el ejercicio libre del derecho defendiendo causas particulares de trabajadores. Además, fue docente de la Universidad Santo Tomás.

La seremi de Energía, Dafne Pino (CS), es la única nominada que pertenece al partido del presidente Gabriel Boric. Es madre de dos hijos e ingeniera química de la Universidad Católica de Santiago, MBE de la Universidad de Chile y actualmente estudiante de un diplomado enfocado en hidrógeno verde. La profesional desarrolló su carrera en el ámbito medioambiental de la minería y proyectos de investigación de biotecnología aplicada.

En la cartera de Deportes, Diego Rojas (FRVS), tiene 44 años, es casado, tiene 4 hijos y un nieto. Nacido en Chuquicamata, es profesor de educación física titulado de la Universidad de Aconcagua y su último trabajo fue como administrador del Estadio Zorros del Desierto.

Por el lado de Economía, asumió María Teresa Veliz Guerra (PR), asistente social y exconcejala de San Pedro de Atacama. También fue candidata a la alcaldía de la misma comuna en 2021, donde obtuvo la segunda mayoría con un 27,30%.

Por último, en Bienes Nacionales, asumió Angelique Araya (IND), trabajadora social titulada de la UNAP, exseremi de Desarrollo Social, exjefa Provincial de Bienes Nacionales El Loa, y excandidata a alcaldesa de Calama para las elecciones 2016, donde obtuvo la segunda mayoría con un 23,08%.

Primeras designaciones

Cabe indicar que las primeras carteras en tener titulares fueron Salud, con Jessica Bravo (IND-CS) y Educación, Matilde Baez (IND-PL).

Bravo (49), es matrona, casada y madre de tres hijos. Durante 20 años ejerció su profesión en el Hospital Regional donde además, fue jefa de la unidad de calidad. Hasta el momento, ha cumplido con una labor discreta ante los medios, pero se le ha visto participar en distintas actividades relacionadas a su cartera.

Por su parte, Baez (70), es una profesora jubilada, que se formó en la Universidad de Antofagasta, donde fue supervisora de prácticas. También, fue docente en distintos establecimientos educacionales de la región. No obstante, esta semana Secreduc dio a conocer que Baez tiene -al menos- dos denuncias por maltrato laboral en su contra, hechos a los que aún no se pronuncia el Gobierno.

Pese a que el límite autoimpuesto por el gobierno para la designaciones expiró el martes, hasta el cierre de la edición, no se ha anunciado el resto de los integrantes.

Un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Antofagasta y la Contraloría Regional presentaron dos funcionarios municipales quienes fueron sancionados por sus responsabilidades en la falta de mantenimiento de canchas Las Almejas, luego del fatal accidente que registró un joven de 17 años con un aro de basquetbol en febrero de 2017.

De acuerdo a los antecedentes presentados en el recurso, el defensor de ambos funcionarios alega la prescripción de la responsabilidad administrativa y por la otra, el decaimiento del procedimiento y acto administrativo, considerando que fue el 4 de enero de este año que la controla Claudia Neira aprobó el sumario administrativo que se había iniciado en 2018.

Al término de la investigación, se determinó que los funcionarios, uno del Área de Prevención de Riesgos de la Dirección de Emergencia y Operaciones y otro de la Dirección de Emergencia y Operaciones de la Municipalidad de Antofagasta, fueran sancionados por "no haber adoptado las medidas mínimas de supervisión de la infraestructura de las canchas de basquetbol del sector Las Almejas", y castigados con la suspensión del empleo por 3 meses, con goce de un 50% de sus remuneraciones y una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente, además de no poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.

El recurso -presentado luego de que rechazaran el recurso de reposición presentado por los demandantes- detalla: "(…)De lo expuesto, podemos indicar -sin dudas- que, desde el inicio del sumario administrativo - inicio del procedimiento sancionador-, hasta su término -dictación del acto administrativo sancionatorio-, transcurrieron más de 3 años con 10 meses. Luego, desde la formulación de cargos al recurrente, hasta la dictación del acto administrativo sancionador, transcurrieron más de 1 año con 11 meses y 18 días".

Según señala: "La Superintendencia de Salud demoró dos años y cinco meses en resolver la aplicación de la multa, contados desde la fecha de formulación de cargos ocurrido el 24 de marzo de 2014 y la dictación de la Resolución Exenta IP/Nº 1468 de fecha 28 de septiembre de 2016, dilación indebida e injustificada, que genera el referido efecto jurídico de decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, esto es, su extinción y pérdida de eficacia, al verse afectado su contenido jurídico que se ha tornado inútil o abiertamente ilegítimo (…)mediante jurisprudencia actualizada además se ha concluido que el plazo para entender decaído un procedimiento administrativo es de 6 meses y no de 2 años".

El recurso enfatiza que, "con fecha 03 de febrero del 2022, es decir, ¡1427 días después de iniciado el sumario!, la Municipalidad de Antofagasta cumple por lo instruido por CGR y pone término al sumario administrativo iniciado hace 4 años, con la dictación del acto administrativo terminal que impone las medidas disciplinarias en contra de mis representados. Así, no cabe duda alguna que el procedimiento administrativo de la especie ha sobrepasado los plazos prudenciales y razonables, transgrediendo con ello los principios que rigen a la administración, como el principio conclusivo, eficacia, razonabilidad, etc., tornando en ilegalidad, arbitrario e inmotivado los actos administrativos que hoy se recurren, por lo que se solicita que esta Iltma Corte de Apelaciones, acoja el presente recurso de protección, pues con la dictación de estos actos se produce una vulneración al derecho de propiedad de mis representados sobre su remuneración y sobre el cargo que ejercen".