La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) hizo una radiografía del sector de telecomunicaciones en 2021, donde destacó que el 67% de los hogares del país cuentan con una conexión de Internet fija. Esto grafica que muchos ciudadanos han podido subirse al carro de la digitalización y acceder a decenas de servicios online que buscan mejorar su calidad de vida. Una sociedad conectada en base al acceso a Internet permite a todas y todos los habitantes del país contar con más y mejores servicios digitales, teniendo una experiencia renovada y creando nuevas oportunidades para las empresas y organismos públicos de distintos tamaños.

Sin embargo, a pesar de los significativos avances, estos beneficios pueden no llegar a todas y todos. Nuestro estudio "Brecha en el uso de Internet: Desigualdad Digital", muestra que mientras la población más urbana presenta índices de uso de internet del 81%, las zonas rurales alcanzan sólo un 58% de su población usando Internet. Debemos procurar que la digitalización, lejos de aumentar las brechas sociales en el país, permita a toda la población aprovechar las mismas oportunidades, sin importar su nivel de educación, estrato socioeconómico, edad, ni ubicación geográfica.

El desafío es trabajar en acciones público-privadas que apunten al acceso a conectividad y alfabetización digital de regiones y comunidades que se han mantenido al margen del desarrollo tecnológico. Desde Fundación País Digital, junto con otras organizaciones sin fines de lucro, hace años venimos impulsando diversas iniciativas para apoyar y acompañar a una serie de comunidades a nivel nacional, implementando en ellas una cultura de innovación permanente que les permita aprovechar nuevas metodologías y tecnologías que vayan en beneficio de sus habitantes.

Un ejemplo es nuestro programa "Conectando Territorios", que apoya a comunidades de localidades rurales y urbanas del país, mejorando su conectividad y desarrollando competencias digitales. Este trabajo busca transformar el entorno, empoderar a las personas y fortalecer la economía local, impactando positivamente en la calidad de vida de las personas que viven en dichas localidades.

Asimismo, junto a Escondida | BHP y el Laboratorio de Emprendimiento USQAI de la Universidad Católica del Norte, hemos trabajado la iniciativa "Pyme Activa Antofagasta", un modelo de acompañamiento para micro y pequeños empresarios de la ciudad de Antofagasta de los rubros de comercio, servicios y gastronomía, implementando gratuitamente un conjunto de herramientas digitales pagadas, apoyo monetario y asesorías en digitalización para ayudar a la reactivación de sus negocios.

Y la acción más reciente que hemos estado trabajando es el proyecto Reactiva Mujer del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María, financiado por Corfo y apoyado por nuestra Fundación y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, convocando al talento femenino a participar del Programa Academia Empresaria Digital. Se trata de una iniciativa de formación teórico-práctica online que beneficiará a 60 MYPES (micro y pequeñas empresas) lideradas por mujeres pertenecientes a las regiones de La Araucanía, Valparaíso y Metropolitana, que busquen conocimiento técnico avanzado para realizar la transformación digital de su negocio y así mejorar su competitividad.

Trabajar por una sociedad conectada en base al acceso a Internet, y preparada en cuanto a habilidades y competencias para el siglo 21, es el camino correcto para permitir a todas y todos los habitantes del país contar con más y mejores servicios digitales, creando nuevas oportunidades para las empresas y organismos públicos de distintos tamaños, y así ir acortando brechas.

Una de las grandes deudas que dejó el gobierno saliente fue generar políticas claras para combatir la delincuencia y permitir que la comunidad viva en ambientes más seguros. No hubo avances, es más, hubo retrocesos, porque tras los meses de estallido social y la llegada de la pandemia los delitos contra las personas, la propiedad pública y privada sufrieron un ascenso.

Prueba de ello es que los asaltos, portonazos, encerronas han experimentado un notorio aumento. Para qué decir el uso de armamento en la comisión de delitos en ajuste de cuentas y otros que terminan con personas fallecidas.

Nuestra región no es ajena a este tipo de delitos y sectores como la parte central alta de Antofagasta, el área centro de Calama y de otras comunas de la región son muy inseguras y los vecinos denuncian que viven con temor ante el asedio de la delincuencia.

A las clara son situaciones que no se pueden tolerar y es preciso que se tomen medidas para responder a las demandas ciudadanas. Los vecinos no pueden vivir atemorizados, convirtiendo sus hogares en verdaderas cárceles enrejadas en las que deben refugiarse a temprana hora para no ser presa de delincuentes.

Es momento que las autoridades ejerzan la labor para las que están encomendadas como lo es la seguridad ciudadana. Aquí la coordinación con las policías tiene que ser expedita y resolutiva para entregar los fondos que se requieran para el combate de la delincuencia, principalmente en cuanto a dotación, vehículos y tecnología.

Pero tiene que existir eficiencia y no situaciones como la denunciada por la consejera regional Sandra Berna, en el sentido que Carabineros tiene empozados $23 mil millones destinados a mejoras en infraestructura y flota vehicular en Calama. Eso no puede ocurrir cuando la necesidad de reacción ante los hechos delictuales tiene carácter de urgencia.

Los vecinos pueden aportar lo suyo, organizándose y apoyando la labor de las policías.

Lo que no debe ocurrir es que sigamos del modo actual en que nuestras ciudades están tomadas por grupos de delincuentes que actúan sobre seguro, a plena luz del día, sin temores bajo una sensación de impunidad que impresiona y atemoriza.

La llegada de marzo, un mes que de suyo representa ajetreos, no solo por el término de las vacaciones, sino que por el inquieto reinicio de actividades a todo nivel después de una pandemia que parece ir en retirada, pareció reponer un excesivo aprecio por la presencialidad.

Queda la sensación de que la pandemia y el arribo del teletrabajo, no fueron suficientes para instalar esta tendencia a nivel general-no obstante hay empresas que si la aplican- ni menos para mover el cambio de nuestra cultura laboral.

El viejo refrán popular dice que "al ojo del amo, engorda el caballo". Aunque la explicación es de perogrullo, vale la pena recordar que esta frase nos remite a la vigilancia en el negocio, pero también representa una noción de desconfianza respecto de que el otro esté realmente haciendo su trabajo. Es decir, el teletrabajo, obligó a hacer un acto de fe, de confiar en que las personas estaban realmente ejecutando sus tareas a distancia.

Por otro lado, el debate respecto de la productividad de los chilenos es de larga data. Basta recordar los estudios internacionales que nos sitúan como uno de los países en los que más se trabaja, aunque los niveles de productividad nacional no sean directamente proporcionales.

Entonces, ¿qué falta para cambiar nuestra cultura laboral? El teletrabajo demostró que las personas pueden enfocarse en objetivos, rendir de buena manera, disponer mejor de su tiempo, disminuir costos de traslado y equilibrar los tiempos familiares, solo por mencionar algunos aspectos. Eso, puede traducirse en una fuerza laboral más activa, productiva e, incluso, más leal a su empleador.

Tal vez haga falta un ejercicio de confianza, pero también de capacitación, de autodisciplina y de flexibilidad, donde se involucren públicos y privados.

La pandemia apresuró un cambio de paradigma, pero eso pareció no ser suficiente para una instalar una nueva cultura laboral en Chile.

Catalina Maluk Abusleme

Directora, Escuela de Economía y Negocios UCEN