El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, reconoció ayer que ante lo ocurrido el viernes, donde un joven fue herido por un disparo de un carabinero en una marcha en la capital, las "acusaciones apresuradas muchas veces ocultan la realidad", porque la Fiscalía, al revisar audios y videos del hecho, determinó que el uniformado actuó en legítima defensa, mientras que el Gobierno envió a dos ministros a acompañar al herido.

En la víspera del "Día del joven combatiente" (hoy), el subsecretario dijo a radio Cooperativa que se debe hacer el "esfuerzo de no caer en la lógica del péndulo, donde las interpretaciones y acusaciones apresuradas muchas veces ocultan la realidad", porque ante "lo ocurrido el viernes, la responsabilidad de una autoridad y estoy hablando de mi caso, es recolectar y recabar toda la información necesaria para emitir un juicio. Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer".

"Nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías cuando es injustificada, y aplica de la misma forma cuando la violencia viene de los agentes del Estado a personas que están marchando o protestando", sostuvo Vergara, porque "tenemos que entender que la violencia no se justifica desde ningún punto".

En línea con ello, el diputado CS Gonzalo Winter señaló en Radio Universo que "hubo un apresuramiento y quiero hacer una autocrítica: yo creo que mi sector, y quiero ser bien específico, me refiero a la izquierda, al FA, incluso la gente que me rodea, tiene un problema con Twitter. Tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia en donde si no condena rápidamente un hecho, con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice".

La comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó ayer incluir en su informe, para luego ser llevado al pleno, la eliminación del cargo de fiscal nacional como máxima autoridad del Ministerio Público. En su reemplazo propuso nombrar un consejo de siete integrantes, elegidos entre los fiscales y el eventual Congreso Plurinacional.

"La dirección superior del Ministerio Público reside en un Consejo Superior, órgano colegiado, paritario, que designará de entre sus miembros a un presidente y a un director ejecutivo", fue la primera indicación aprobada ayer por 13 votos a favor, seis en contra y sin abstenciones, dejando así fuera la figura del fiscal nacional.

La composición de este consejo -aprobada por 12 votos a favor, cinco en contra y una abstención- será: tres integrantes elegidos democráticamente por los fiscales entre sus pares; uno elegido por funcionarios del Ministerio Público; y tres elegidos por el Congreso Plurinacional.

Estos últimos nombres saldrán a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, que no podrán haber desempeñado ni haber sido candidatos a cargos de elección popular, o haber trabajado en el Gobierno o administración del Estado en puestos de confianza del Presidente.

Una vez escogidos los consejeros del ministerio, durarán cuatro años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y desde el consejo deberán supervigilar la política de persecución penal, evaluar el desempeño de los funcionarios, designar presidente, fiscales regionales, necesidades presupuestarias, etc.

Se espera que este informe sea votado por el pleno -en busca de los 2/3- entre el 11 y 14 de abril, para dar posibilidad de ajustes, ya que la última sesión están fijada para el 6 de mayo.

El coordinador de la comisión, Christian Vera (FA), argumentó que "hemos visto y sido testigos en estos años que precisamente el problema desde la perspectiva de la política criminal y la gestión ha estado asociada a la unipersonalidad".

Ruth Hurtado, de Vamos por Chile, replicó que "como sector éramos de la idea de si bien dotar de más atribuciones al consejo técnico que hoy existe, no eliminar la figura del fiscal nacional, ya que este se diluye en esta figura colegiada con siete integrantes. (...) La gente quiere soluciones y no quiere más autoridades en los cargos, ni que se invierta en nuevas figuras".

Otras de las normas aprobadas en esta comisión se refieren a justicia ambiental y mecanismos colaborativos para resolver conflictos socioambientales.

Hoy se vota

La convencional RD Amaya Alvez, de la comisión de Forma de Estado, anunció ayer que hoy presentará su segundo informe (de 32 artículos), referente a "gobiernos locales, denominada comuna autónoma, también hablamos de territorios especiales, con toda una perspectiva de cuidado frente al cambio climático y, finalmente, una propuesta muy relevante en autonomías territoriales indígenas".

La doctora en derecho afirmó que "pensamos que buena parte del conflicto, del problema que debemos abordar respecto a los pueblos originarios, es su demanda por una concreción territorial, por la reivindicación territorial para ejercer sus derechos. Nos parece que es una conversación que como Estado, como sociedad, tenemos que tener y estamos proponiendo un modelo basado en experiencias favorables del derecho comparado para un discusión honesta, profunda que tenemos que tener en el pleno".

Los convencionales Tiare Aguilera y Adolfo Millabur declararon además que en la propuesta de Autonomías Territoriales Indígenas (ATI) "nada invita a la autarquía, la secesión, división territorial o la imposibilidad de llevar adelante las políticas públicas nacionales o regionales en las ATI".