La señal de lucha contra la impunidad que concretaban el miércoles pasado los querellantes en la causa por fraude al fisco contra Karen Rojo, luego de que la Corte Suprema ratificó el rechazo al recurso de nulidad presentado por su defensa, se vio opacada de golpe esa misma jornada tras la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta en dirección a los Países Bajos.

La decisión de la Segunda Sala ratificaba el fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta, que en enero de 2021 había condenado a Rojo a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco. Una sentencia que también se extendió al exfuncionario municipal Edgardo Vergara Montt, a quien el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta había condenado a tres años y un día de prisión por el mismo delito. Según el resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía de Antofagasta, este ilícito se cometió entre octubre de 2015 y agosto de 2016.

El miércoles pasado, en tanto, Rojo habría pagado en efectivo $950 mil por un pasaje con destino a Holanda que le permitía eludir la orden de arresto que luego se despachó en su contra. La justicia acechaba sus pasos luego de confirmarse, según la indagatoria de la fiscalía local, que empleó cerca de $24 millones de los fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para una asesoría política encargada a la empresa Main Comunicación Estratégica. El objetivo: la elección municipal de 2016 en que resultó electa.

Una trama iniciada un año antes cuando tras una encuesta encargada a la empresa Cadem la exautoridad comunal comprobó una escasa adhesión para sus fines electorales. Tras esto Rojo concertó un encuentro en Santiago, en compañía de sus asesores, con José Miguel Izquierdo, representante de la empresa Main y también exasesor del expresidente Sebastián Piñera. "Esta propuesta de Izquierdo de asesoría política comunicacional fue acogida por Karen Rojo y dada la imposibilidad de contratarlo directamente por la Municipalidad, optó de forma deliberada por hacerlo, tomando interés directamente, por medio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta", sostuvo el fiscal jefe de Antofagasta Cristian Aguilar Aranela, durante la audiencia de preparación del juicio oral, al exponer los antecedentes que sostenían su acusación contra Rojo.

Tras este convenio, Izquierdo en octubre de 2015 se trasladó hasta el municipio de Antofagasta, donde luego de reunirse con el equipo de confianza de la exjefa comunal acordó mantener un contacto telefónico diario en que entregaría directrices comunicacionales. Durante el día Izquierdo se comprometía a tomar contacto con el equipo de Rojo para visar cualquier declaración del municipio en temas relevantes, además de fijar visitas cada martes al municipio para reunirse con la alcaldesa y sus asesores. No obstante, según reconocen intervinientes en la causa, la justificación que se entregaba desde el municipio para la contratación de Izquierdo consistía en que este aportaría con una asesoría a la CMDS en materias de salud y educación.

Una arista que contradijo durante el curso de la investigación Carolina Aguirre, quien integraba el equipo de confianza de Rojo y se desempeñó como jefa de la organizaciones comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), hasta 2016 cuando no se le renovó su contrato. "Él (Izquierdo) revisó el ropero de la alcaldesa y habían unos zapatos con terraplén y le dice: 'Karen, si tú quieres cambiar tu imagen y ganar las próximas elecciones, no te pones más esta ropa'".

Bitácoras de traslado

Según las indagatorias de la fiscalía de Antofagasta, durante octubre y noviembre de 2015, Rojo en su rol además de presidenta del Directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta ordenó a su secretario ejecutivo en aquel momento, Mauro Robles, que adquiriera en distintas fechas pasajes en avión para Izquierdo en la empresa de transporte aéreo Latam con fondos de esa institución. Una medida que se concretó pese a que éste no mantenía vínculo contractual con la Corporación Cultural.

Eduardo Parraguez, denunciante y querellante del caso, en su condición de exconcejal en la comuna, -cargo que asumió en 2015-, solicitó los primeros requerimientos al municipio sobre la presencia de Izquierdo en Antofagasta. "Una vez que asumo comienzo a pedir una serie de antecedentes en mi rol fiscalizador respecto a información que me habían entregado los mismos funcionarios municipales, respecto a que este señor efectivamente venía Antofagasta, pero no iba nunca a la Corporación. Además desde la Corporación lo iban a buscar en vehículo y, siendo que era contratado por la Corporación, lo llevaban al municipio", recordaba Parraguez durante el avance del proceso. Una indagatoria inicial para la cual también pidió la bitácora del vehículo municipal en que se trasladaba Izquierdo. Entre las irregularidades posteriores sobre la asesoría de Izquierdo, la investigación de la Fiscalía de Antofagasta detalló que incluso en 2016 el funcionario municipal Héctor Gómez Salazar indicó a Robles que, por instrucción de Rojo, debía pagársele un mes de asesoría política a Izquierdo por $2,5 millones. "Para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago, por un trabajo inexistente, justificándose en la revisión y evaluación estratégica de un servicio que había prestado con antelación la empresa Walic".

Sin arraigo

Según informaron desde la Policía de Investigaciones (PDI) el jueves pasado, en momentos en que crecía el rumor en Antofagasta sobre la huida de Rojo, la exalcaldesa había salido del territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un día antes. "Al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país", informaron desde la institución. Ese misma jornada, tras confirmarse la fuga de Rojo, desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta despachaban una orden de detención en su contra. Una medida que incluye una notificación de alerta roja contra la exalcaldesa de Antofagasta en 194 países, según reconoció el prefecto Maximiliano Macnamara, jefe de la oficina central nacional Interpol Santiago.

En tanto, desde el Ministerio Público informaron que en la investigación contra Rojo la Fiscalía de Antofagasta había solicitado al Tribunal de Garantía de la ciudad la medida cautelar de arraigo nacional, instancia que la entidad otorgó el 15 de junio del 2018. No obstante, el 25 de junio del 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida tras un recurso de apelación de su defensa. Luego los intervinientes en el proceso no insistieron en medidas cautelares de arraigo, según han informado actores parte del proceso. "Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Los jueces no pueden, de oficio, decretar medidas cautelares", sostuvo durante la semana Oscar Clavería, ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.