Concesiones mineras: alerta regional
"Más y mejor minería, no en contra o haciendo desaparecer la minería".
Con optimismo recibimos la declaración del nuevo Gobierno sobre consolidar certezas jurídicas y estabilidades para promover nuevas inversiones, particularmente en el sector minero industrial, sector que invierte a largo plazo y motor fundamental para el desarrollo de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas regionales. El mensaje es alentador, toda vez que marca una diferencia de primer orden frente a las alertas generadas por las deliberaciones de la Convención Constitucional.
En Antofagasta aún está fresco el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente a la iniciativa sobre Minería Sustentable -que impulsamos como AIA- mientras que, al mismo tiempo, se daba luz verde a una polémica normativa que busca estatizar la minería y acabar con el modelo público-privado que nos ha permitido crecer y desarrollarnos en las últimas décadas y del que Antofagasta es ejemplo en todo el país. Todo lo que nos falta y que debemos mejorar en el actual modelo de desarrollo minero, debemos hacerlo con la minería y todo su complejo industrial y de servicios. Más y mejor minería, no en contra o haciendo desaparecer la minería.
Pero el proceso constituyente sigue sumando propuestas que, por responsabilidad ciudadana y republicana, nos obligan a conocer, estudiar y permanecer vigilantes, como la reciente aprobación, por la misma Comisión, de la modificación del régimen de concesiones mineras.
La moción fue planteada como una propuesta para modernizar el sistema de concesiones en Chile y acercarlo al de países como Canadá y Australia. Hasta ahí se ve muy atractiva la iniciativa, pero a continuación, como si fuera un dulce falso, se descubre un daño profundo para las inversiones.
Esta iniciativa propone acabar el régimen actual de concesiones para pasar a uno en que se otorguen concesiones administrativas por un órgano estatal. Asimismo, señala que la propiedad sobre las concesiones mineras se extinguirá, debiendo sus titulares adecuarse al nuevo régimen, con toda la incertidumbre que eso puede implicar. Nada dice sobre posibles compensaciones.
La mayoría de las empresas mineras que operan en Chile provienen de países (como Canadá y Australia) que han celebrado con el nuestro, tratados pro-inversión. Allí se establece que no se puede privar de su inversión a un inversionista, salvo que se cumplan ciertas condiciones, como que las medidas no sean discriminatorias y que vayan acompañadas del pago de una compensación adecuada.
El sentido común dice que es un tema muy sensible y, por lo mismo, desde nuestra región minera hacemos un llamado a la prudencia, a considerar la información técnica y mirar las mejores prácticas de otros países mineros que sí se han modernizado, pero respetando nuestra realidad como país.
Marko Razmilic
Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta