Con optimismo recibimos la declaración del nuevo Gobierno sobre consolidar certezas jurídicas y estabilidades para promover nuevas inversiones, particularmente en el sector minero industrial, sector que invierte a largo plazo y motor fundamental para el desarrollo de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas regionales. El mensaje es alentador, toda vez que marca una diferencia de primer orden frente a las alertas generadas por las deliberaciones de la Convención Constitucional.

En Antofagasta aún está fresco el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente a la iniciativa sobre Minería Sustentable -que impulsamos como AIA- mientras que, al mismo tiempo, se daba luz verde a una polémica normativa que busca estatizar la minería y acabar con el modelo público-privado que nos ha permitido crecer y desarrollarnos en las últimas décadas y del que Antofagasta es ejemplo en todo el país. Todo lo que nos falta y que debemos mejorar en el actual modelo de desarrollo minero, debemos hacerlo con la minería y todo su complejo industrial y de servicios. Más y mejor minería, no en contra o haciendo desaparecer la minería.

Pero el proceso constituyente sigue sumando propuestas que, por responsabilidad ciudadana y republicana, nos obligan a conocer, estudiar y permanecer vigilantes, como la reciente aprobación, por la misma Comisión, de la modificación del régimen de concesiones mineras.

La moción fue planteada como una propuesta para modernizar el sistema de concesiones en Chile y acercarlo al de países como Canadá y Australia. Hasta ahí se ve muy atractiva la iniciativa, pero a continuación, como si fuera un dulce falso, se descubre un daño profundo para las inversiones.

Esta iniciativa propone acabar el régimen actual de concesiones para pasar a uno en que se otorguen concesiones administrativas por un órgano estatal. Asimismo, señala que la propiedad sobre las concesiones mineras se extinguirá, debiendo sus titulares adecuarse al nuevo régimen, con toda la incertidumbre que eso puede implicar. Nada dice sobre posibles compensaciones.

La mayoría de las empresas mineras que operan en Chile provienen de países (como Canadá y Australia) que han celebrado con el nuestro, tratados pro-inversión. Allí se establece que no se puede privar de su inversión a un inversionista, salvo que se cumplan ciertas condiciones, como que las medidas no sean discriminatorias y que vayan acompañadas del pago de una compensación adecuada.

El sentido común dice que es un tema muy sensible y, por lo mismo, desde nuestra región minera hacemos un llamado a la prudencia, a considerar la información técnica y mirar las mejores prácticas de otros países mineros que sí se han modernizado, pero respetando nuestra realidad como país.

Marko Razmilic

Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta

En las últimas semanas hemos tenido cambios en la conducción del país, desde el Presidente, parlamentarios y cores. Asumieron para cumplir el mandato de la ciudadanía, por lo que llama la atención como rápidamente algunos se designaron a sí mismos como autoridades. Como mi formación es la pedagogía y la filosofía mi disciplina, considero oportuno clarificar el concepto. La palabra autoridad viene del latín augere, que significa 'hacer crecer'. Una autoridad es aquella persona que hace crecer su entorno, por ende, es una construcción, no algo inmediato. Ahora bien, hay distintos tipos de autoridades, algunas son electas y otras designadas. Estas últimas a diferencia de las primeras, cuentan solo con el respaldo institucional del Presidente de la República o de quien la designe.

En Chile, aquellos que son designados por el poder central, tienen que resguardar y desarrollar todas aquellas políticas y principios que emanan desde ese nivel. Es por eso que, por mucho tiempo, cuando existía la figura del Intendente, gran parte de los problemas de la región no se resolvían.

Los intendentes por defecto, debían mantener la tranquilidad de provincias y respondiendo a los intereses centralistas del gobierno de turno. Distinto caso es el de aquellos que somos representantes. Representar significa 'volver a presentar', volver a levantar los temas que nacieron desde la ciudadanía. Como gobernador, soy electo por esta región y mi deber y compromiso es con las personas de aquí, no con algún poder central.

En tal sentido, si bien hoy existe cercanía con las autoridades designadas por el Presidente Gabriel Boric, no significa que siempre vamos a estar de acuerdo. Cuando haya una diferencia de opinión, estaré de parte de la ciudadanía. Porque hay muchas deudas que nacen de una postura centralista que por largo tiempo ha imperado en nuestro país. Este centralismo que, en mi concepción personal, es más bien un colonialismo, implica que grandes deudas que han afectado a nuestra región sigan sin respuesta.

Trabajamos desde la autonomía regional para aportar en resolver aquellas urgencias, sin embargo, nos urge que se destraben soluciones que hoy están en el gobierno central, ejemplo es la necesidad que entreguen una postura clara respecto del Plan de Descontaminación de Calama que lleva años sin ejecutarse habiendo pasado gobiernos de izquierda y derecha.

Urge conocer la política de empleo para Tocopilla. No olvidemos que la comuna mantiene los índices de desempleo en dos cifras, lo que dejó en evidencia cómo medidas centralistas que funcionan bien comunicacionalmente, se implementan sin considerar los efectos que tienen para los habitantes. No olvidemos que dejaron a miles de personas sin empleo cuando decidieron cerrar las termoeléctricas sin un proceso de reconversión laboral ni inversiones para disminuir el impacto en los trabajadores.

Frente al nuevo gobierno, queremos respuestas sobre cuál va a ser la política en salud y en la solución de conflictos ambientales, ¿Antofagasta podrá ver la salida del galpón de concentrados que parte en dos la ciudad? Estas son solo algunos temas que han nacido de la comunidad y frente a las cuales adhiero plenamente, pues, como representante, debo levantar la voz por todos aquellos que vivimos en esta región. Ojo, el que avisa no es traidor.

En septiembre del año pasado, se aprobó la ley que ha llegado a ser conocida como "No Chat" y que busca reducir a lo máximo posible el uso de los teléfonos móviles mientras se conduce, incluso cuando los vehículos están detenidos en un semáforo o ante una señal de tránsito.

Luego de su aprobación, finalmente este nuevo marco legal comenzó a aplicarse hace sólo unos días, y en estos momentos los conductores y conductoras se encuentran en condiciones de ser fiscalizados en torno a estas nuevas exigencias.

La idea de esta ley es evitar que el uso del teléfono se transforme en un peligroso distractor en las calles y carreteras, mientras se guía un vehículo. Según explica la Conaset en su página web, esta modificación a la Ley de Tránsito -la Ley No Chat- sanciona "la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en el mismo, excepto si la acción se realiza mediante un sistema de manos libres, según las especificaciones del reglamento". Esto significa que tampoco se trata de cualquier dispositivo para manos libres, o cualquier maniobra que implique perder la atención de la conducción o manipular el teléfono.

Agrega que de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la manipulación de un celular al conducir es similar a manejar en estado de ebriedad, recreando conductas similares, como por ejemplo, la pérdida de reflejos al volante. Chatear al conducir es similar a manejar tras haber bebido 4 cervezas".

Se trata de una disposición que es especialmente importante para una ciudad como Antofagasta, con un gran parque automotor y en el que los desplazamientos se realizan principalmente usando el vehículo particular.

A eso se deben sumar los atochamientos que naturalmente se producen debido a esta sobredimensión en la cantidad de vehículos. Comúnmente estos tacos eran aprovechados por los conductores y conductoras para usar los teléfonos móviles. Sin embargo, se trata de una conducta que se debe definitivamente erradicar, pues está claro que incide en el aumento de los accidentes, y que pese a que muchas veces son menores, implican costos asociados.