El desbande y descontrol que se vivió la segunda mitad del año pasado con el comercio informal, que se tomó las principales calles de las comunas de la Región, decayó notoriamente con el inicio del nuevo año. La mayoría de este tipo de comerciantes despejó las vías y emigró hacia otros sectores y con ello volvió la tranquilidad y el libre tránsito por los espacios céntricos.

Los propietarios y arrendatarios de negocios establecidos explicaban que el fenómeno había llegado para quedarse y que el retiro era temporal. Era su visión dentro de un mundo surrealista en el que impera todo lo que esté al margen de la ley.

Anticipaban que en la segunda semana de febrero se iniciaría el retorno paulatino y que poco a poco se verían enfrentado nuevamente a una competencia desleal y desbordes con los vendedores ambulantes.

El vaticinio fue certero, porque ya es posible ver el retorno de ambulantes y se teme que para marzo el problema empeore.

La Cámara de Comercio de Antofagasta, recordó que existe un fallo de la Corte de Apelaciones que instruye al municipio de esta comuna, Carabineros, Delegación Presidencial y las instituciones involucradas una coordinación que impida el regreso de este tipo de negocios en calles y veredas. Sólo permitir a quienes cuenten con el permiso municipal, cuya cantidad está regulada por la ordenanza respectiva.

En la práctica poco de ello puede apreciarse. Todo tiende a volver a lo del año pasado y que desató una crisis que fue controlada de milagro.

Aquí lo importante es que cada uno de los organismos que tienen injerencia en la resolución del problema cumplan con su labor.

El permiso municipal es fundamental porque se entrega en las cuotas que puede soportar el casco histórico y a familias necesitadas. Pero ello tiene que ser fiscalizado para que no exista una proliferación incontrolable.

Aún hay tiempo para reaccionar, porque con el paso de los días todo se complicará y puede que la situación se "normalice" como ocurrió en algunas comunas de la Región Metropolitana.

La estatización de las empresas mineras, que aprobó recientemente la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, es una propuesta que requiere de un análisis objetivo, sensato y mesurado, dado que la expropiación de los recursos naturales estratégicos repercutiría, de una u otra manera, en la economía regional y nacional.

En los últimos 20 años la minería aportó el 10% del total del PIB del país y el 7,8% de los ingresos fiscales, impacto que es aún mayor en las regiones. Eso bien lo sabemos desde nuestra región, donde la actividad minera considera intensas inversiones para desarrollarse y generar los positivos encadenamientos productivos que conocemos.

Importante es -en este proceso- que el Estado brinde certezas para las inversiones, a la vista no solo de su aporte en la generación de divisas y contribución al PIB, sino que también por el impacto que se produce en forma indirecta en distintos y variados sectores, como el de servicios y la generación de empleo.

Nuestra invitación, desde las regiones del norte, es a generar el espacio y disposición de escuchar la diversidad de opiniones y experiencias que surgen desde ese contexto, con la mirada en la construcción de un país más sustentable. Nuestra colaboración siempre estará disponible.

En este contexto, brindamos apoyo a la Iniciativa Popular de Norma (IPN) sobre Minería Sustentable, promovida por la red Compromiso Minero y de la que somos miembros fundadores, como Asociación de Industriales de Antofagasta. Esta IPN es la tercera más votada entre las que deberá analizar la Comisión de Medio Ambiente y, ciertamente, ha sido la que mayor apoyo popular ha concitado entre las mociones sobre minería, con más de 24.200 adhesiones.

Esta propuesta considera un modelo mixto para la producción minera nacional, donde coexiste actividad pública y privada de la gran, mediana y pequeña minería. Se trata de un esquema conocido por nuestras regiones, donde hemos experimentado los frutos del desarrollo minero en las últimas décadas, de la mano del crecimiento y el empleo.

La IPN de Minería Sustentable incluye los esfuerzos y exigencias técnicas para que la minería sea sustentable, y considere su impacto con las comunidades cercanas. También adscribe a la lucha contra el cambio climático, que demandará más minerales como cobre y litio.

En caso de avanzarse en cambios respecto de materia minera en la nueva Constitución, nuestro anhelo es que se considere una mirada de largo plazo que promueva a la industria y su sustentabilidad económica, social y ambiental, de manera que pueda constituir un mayor aporte para nuestras regiones.