Tras una investigación y un proceso judicial que duró poco más de dos años, uno de los juicios más mediáticos de la historia política regional llegaba a su final el 18 de enero. Karen Rojo Venegas, ex alcaldesa de Antofagasta, era condenada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal, a una pena efectiva de cinco años y un día de cárcel por el delito de fraude al fisco. Los hechos que llevaron a la sentencia apuntaron a la contratación -el año 2015- de una asesoría comunicacional-política a la consultora Main Comunicaciones, de propiedad del periodista José Miguel Izquierdo. De acuerdo a la sentencia, el contrato, que alcanzó la suma de $23 millones fue financiado con recursos destinados a una supuesta asesoría a las direcciones de Salud y Educación de la CMDS. Una asesoría que según reconoció el mismo profesional ante la Fiscalía Regional, nunca se llevó a cabo, sino que su propósito real fue para posicionar la imagen de Karen Rojo previa a las elecciones municipales del 2016. Actualmente Rojo, se encuentra a la espera de lo que defina la Corte Suprema tras la solicitud de su defensa, encabezada por el abogado Jorge Bofill, que buscan anular el juicio. Y pese a que ha estado en tabla en 38 oportunidades, la 2ª Sala Penal aún no logra ver el recurso.

Terminando la tercera semana de abril una noticia estremeció a la comunidad científica y aquellos relacionados al mundo de la salud, cuando el Mercurio de Antofagasta dio a conocer los sumarios realizados por la seremi de Salud a dos veterinarios de Calama que inocularon al menos a 100 personas con la vacuna "Óctuple", utilizada para combatir el covid canino. Carlos Pardo dueño de una veterinaria creó un informe donde recomendaba como tratamiento preventivo el uso de la vacuna en seres humanos, afirmando que casos donde la aplicación había sido exitosa Pardo fue multado a pagar 180 UTM. Fernanda Muñoz otra veterinaria de Calama, habría vacunado al menos 75 personas . En ambos casos el Colegio Veterinario interpuso una querella criminal por experimentación en seres humanos.

Si el 2020, las denuncias apuntaron al SSA por la contratación de más de 5 mil millones con empresas de reciente creación. El 2021 las dudas apuntaron a la gestión en pandemia del Hospital Regional. Según denunciaron dirigentes gremiales de la Fenpruss más de $7 mil millones pudieron ser objetivo de irregularidades por parte del HRA, después de celebrar a fines del 2020, contratos con empresas mediante la modalidad de trato directo, para la provisión de recursos humanos destinados a apoyar los trabajos del personal de salud durante la crisis sanitaria. Por ello, dirigentes del gremio de Fenpruss del HRA, interpusieron una denuncia ante la Contraloría. Los hechos se suman a otra denuncia por pagos de $135 millones a la consultora Adytum HR SpA por parte del SSA.

Wladimir Pizarro Baltras, supervisor del programa de prevención del Delito de Antofagasta, fue detenido con más de 25 kilos en drogas, armas de fuego y dos camionetas con logos del gobierno robadas. La desarticulación de la banda de narcotraficantes desató un verdadero terremoto en el oficialismo regional. Durante el operativo realizado por personal del OS7 de Carabineros se pudo determinar que uno de los cuatro detenidos se desempeñaba como supervisor de drones para vigilancia en uno de los programa estrella de la subsecretaria. En el transcurso de los días además, se conocieron antecedentes de la militancia y estrecho vínculo político de Pizarro con la directiva regional de Renovación Nacional por cuanto formó parte activa de campañas políticas de diputados y para gobernadores regionales de esa tienda.