La emisión de ruidos molestos es un problema grave que se vive en las ciudades de nuestra región. Son cientos los locales comerciales, pubs y discotecas que se instalan en barrios residenciales sin cumplir las normativas y se convierten en un foco de contaminación acústica que deteriora la vida de los vecinos.

Pero no son los únicos focos. La falta de respeto por la tranquilidad y el descanso de quienes habitan en comunidad se ha transformado en una constante y cada vez son más los episodios de denuncias e incluso enfrentamientos entre miembros de esas comunidades.

Y allí está el principal problema el respeto a lo común en desmedro a nuestras aspiraciones individuales y que pensamos podía cambiar con los efectos de la pandemia. Hubo un cambio de mirada pero no alcanzó a ser internalizada con fuerza y ya hoy vemos que hemos vuelto a poner al individuo como centro de nuestros actos y conductas.

No nos importa si alteramos la vida de algún vecino mientras tengamos un negocio floreciente o porque simplemente queremos disfrutar y pasarlo bien sin considerar las molestias que pudiéramos generar en un determinado barrio. Menos importa ser increpado o ser denunciado, porque ese gran sector siente que nadie es dueño de decirle qué hacer, por mucho que sus actos estén infringiendo normas básicas del buen convivir.

Por ello es importante que en la capital regional se conozcan de multas a quienes no respetaron los límites de emisión de ruidos molestos. Pero igual de relevante es que se ejerza la obligación del pago, para que quienes la transgreden sepan que tienen que hacer los esfuerzos para remediar la situación o recibir sanciones más severas.

Eso es lo que tantas veces hemos escuchado "debemos dejar que las instituciones funcionen", pero tiene que ser en la dimensión completa. Solo así se podrá mejorar aquellas situaciones que dañan las relaciones en un vecindario.

Es un paso, pero el más importante viene de las personas, de nosotros mismos. Si nos respetáramos completamente todo sería distinto. Hacia ese nivel de convivencia debe avanzar nuestra sociedad en la que todos seamos más empáticos y pensemos que sí se puede vivir en armonía.

Ha retornado el simplista análisis de lo ocurrido en la denominada Guerra del Pacífico (1879-1881) entre Perú, Bolivia y Chile, que dejó 25 mil muertos de los 3 pueblos, ciudadanos que no eran militares y que fueron enviados a defender instancias que en esos momentos no se conocían claramente y que en el tiempo la verdad se ha desdibujado por los historiadores de la denominada Historia Oficial, lo que ha estipulado tres relatos, uno por país, de las causas y efectos de la conflagración.

Hace unos días, el Ejército de la zona procedió a trasladar a los soldados del Batallón Atacama, ultimados en combates, al interior del regimiento, en espera de establecer un lugar definitivo y protegido de la violencia de la naturaleza, seis años después del aluvión del 2015.

Los futuros panteones deben ser bien estructurados. El mausoleo del cementerio municipal, interesante arquitectura del siglo XIX, podría ser restaurado y fortificado porque fue construido por nuestros antepasados y era apreciada por la comunidad hasta antes del citado aluvión. Los vestigios humanos son de la ciudadanía y somos responsables por su descuidado como gobiernos locales.

La historia debe narrarse con la verdad, así estaríamos respetando efectivamente a quienes perdieron la vida en un conflicto internacional que tiene causas que han sido ocultadas por la historia oficial.

Los orígenes de la Guerra del Pacífico fueron económicos, sustentados por la explotación del salitre de Bolivia en la zona de Antofagasta, país que arrendaba pertenencias a la empresa británica Gibbs and Sons.

La empresa extranjera tenía socios chilenos, entre ellos los ministros de Guerra y Hacienda del gobierno de Anibal Pinto, además de los futuros ministros de Guerra y Campaña, Rafael Sotomayor y José Francisco Vergara, junto a parlamentarios y empresarios como Jorge Ross.

Bolivia fijó un aumento de los arriendos de las pertenencias, no obstante un acuerdo de no subir esos montos mediante un tratado que es bastante extraño porque el arrendatario no puede obligar al dueño a no reajustar el arrendamiento.

La fecha del comienzo del reajuste de los montos era el 14 de febrero de 1879, el día de la ocupación de Antofagasta por las tropas chilenas. 200 soldados llegaron en barcos, después de recalar en Caldera, y colocaron la bandera nacional en el puerto nortino, ahora chileno, sin disparar un tiro porque los soldados bolivianos eran pocos.

Hubo parlamentarios de la época que hicieron presente porqué chilenos eran socios de las salitreras que explotaban los británicos de la Gibbs manifestando sus dudas sobre lo que ahora se denominaría "tráfico de influencias".

La investigación sobre la guerra empresarial fue realizada por el abogado y periodista chileno, Manuel Ravest Mora en su obra "La Compañía Salitrera y la Ocupación de Antofagasta 1878-1879" (Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1978).

Todo lo anterior está expuesto en mi trabajo de investigación "La Guerra Empresarial de 1879. De las Causas a sus Efectos Permanentes", publicado el año 2012 por la revista "Nueva Crónica" de septiembre de ese año ("Nueva Crónica". Universidad Mayor de San Andrés, septiembre 2012, La Paz, Bolivia) y en la revista "Le Monde Diplomatique", de febrero del 2013, Santiago de Chile.

Los cientos de muertos de Copiapó, nuestros antepasados, y los miles de Chile, Bolivia y Perú, deben ser respetados, más aún que no supieron nunca porqué murieron realmente.

¿Fue para proteger las acciones salitreras en la británica Gibbs and Sons, de un grupo de chilenos que jamás combatieron, cuyos herederos conforman la oligarquía económica del neoliberalismo nacional?

Cinco de cada seis trámites realizaron los chilenos en las instituciones públicas por internet el año pasado. Una cifra no menor que fue impulsada por la crisis sanitaria, la cual aceleró la transformación digital que nuestro país venía enfrentando hace algunos años.

Aun cuando esta tendencia pueda bajar en la medida que volvamos a una vida más presencial, está claro que la digitalización llegó para quedarse y poco a poco las personas se han motivado a aprender esta nueva modalidad de atención, perdiéndole el temor a la tecnología.

Este cambio nos impone múltiples desafíos, que una vez asumidos con éxito nos permitirán avanzar hacia un Estado más cercano, eficiente y accesible desde cualquier punto del país, por más lejano y extremo que sea.

El uso de la tecnología es clave porque no sólo nos ha permitido protegernos de posibles contagios, sino que a largo plazo permite ahorrar tiempo y dinero, simplificando procesos que mejoran la calidad de vida. Este tipo de beneficios que impactan directamente en la ciudadanía, nos obligan a innovar y avanzar más allá de lo que se ha realizado en pandemia.

Es por eso que el paso siguiente es lograr que la atención sea más inclusiva, por ejemplo, incorporando lengua de señas y otros idiomas como el creole en los trámites online, considerando, por una parte a las y los trabajadores con discapacidad auditiva y, por otra, a inmigrantes que han llegado al país y se han sumado como fuerza laboral.

Sin duda que el Covid-19 y la nueva era digital nos ha dejado muchos aprendizajes, reforzando las plataformas para entregar un servicio seguro donde los trabajadores y trabajadoras confíen en sus instituciones, poniendo el foco en el concepto de la multicanalidad de atención.