Redacción

A través de un comunicado de prensa, tres de los cuatro partidos que integran la coalición oficialista Chile Podemos Más, criticaron la falta de respuesta del Delegado Presidencial, Daniel Agusto, para enfrentar el escándalo que significó la detención del exfuncionario funcionario de la Coordinación Regional para la Prevención del Delito, imputado por el delito de narcotráfico.

En la declaración, respaldada por los presidentes regionales de Evópoli, Unión Democrática Independiente (UDI) y Partido Regional Independiente (PRI), también apuntaron sus cuestionamientos en contra de diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, a quien señalan como la responsable de "las decisiones de vinculaciones y desvinculaciones laborales el gobierno regional han pasado por el visto bueno de la parlamentaria", esto luego que este Medio diera a conocer que el exmilitante de RN imputado por narcotráfico, no contaba con un título profesional acorde a sus funciones.

"Rechazamos categóricamente y encontramos impresentable que un funcionario del gobierno regional, contratado en un puesto clave para la seguridad de nuestra región y país, cargo en el cual se maneja información privilegiada y estratégica, se haya visto involucrado en un hecho delictual de tal magnitud e índole", manifiestan en el comunicado.

Responsabilidad

Sobre el rol de Núñez, en el texto agregan que "es de público conocimiento que todas las decisiones de vinculaciones y desvinculaciones laborales el gobierno regional han pasado por el visto bueno de la parlamentaria de Renovación Nacional de la región de Antofagasta, y nos llama la atención el grado de desprolijidad en este proceso de reclutamiento, y nos interrogamos de como se pudo aplicar una actitud tan liviana en un ámbito tan sensible y medular para nuestra seguridad pública, estando obligados a constatar que se ha contratado personas que no tenían le perfil idóneo y técnicos para ese cargo de extrema sensibilidad".

Por lo mismo, los partidos firmantes de la declaración instaron al delegado presidencial a tomar las medidas correspondientes que permitan una investigación óptima y que todo se ponga a disposición de la Fiscalía.

"Es de prima urgencia, por el bien de nuestro sector, esclarecer con la máxima transparencia y en su integralidad lo que ha sucedido acá. No podemos manchar a todo un sector, a sus militantes, simpatizantes y candidatos, porque algunos delincuentes lograron a entrar en nuestro gobierno. En un momento tan crucial, deben asumirse responsabilidades".

Las opiniones de los oficialistas de la Región de Antofagasta están divididas con respecto a la carta emitida por parte los partidos de la coalición. Daniel Guevara, candidato a senador independiente en cupo UDI, enfatizó en la responsabilidad política de Núñez en el caso, mientras que la presidenta regional de Renovación Nacional, María Bernanda Jopia, puntualizó que "no tiene que ver con si una persona es o no militante de un partido".

"Yo no puedo decir que Paulina (Núñez) está involucrada en la red de narcotráfico, pero sí políticamente es responsable de haber dado el visto bueno a personas que hoy día sí están involucradas, que no tienen título profesional respectivo, habiendo mucha otra gente con una identidad con algún conglomerado", puntualizó el ex presidente del Primer Tribunal Ambiental.

En tanto Jopia afirmó no estar de acuerdo con la carta y dijo que el caso no tiene que ver con el partido político. "Esto no tiene que ver con si una persona es o no militante de un partido, tiene que ver con decisiones personales así que eso es lo que yo he manifestado", manifestó.

"Es querer ver bajo el agua, si hay o no responsabilidades de otras personas que tienen alguna importancia o connotación de poder en nuestro partido, encuentro que quieren ver debajo del agua, la verdad es que pudo haber pasado a cualquiera y en cualquier ámbito de la vida", agregó la presidenta regional de RN.

Querella

Durante la jornada de ayer la Delegación Presidencial de Antofagasta finalmente interpuso una querella en contra de los imputados por el caso de narcotráfico dado a conocer en la semana, en el cual se encontraba vinculado un ex funcionario de la institución, de iniciales W.P.B, quien era supervisor de las operaciones de drones.

La querella interpuesta es por los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas (Ley N°20.000); infracción a la Ley de Control de Armas; porte ilegal de armas y municiones (Ley N°17.798), uso de información reservada o privilegiada; uso malicioso de instrumento público; receptación de vehículo motorizado y falsificación de placas patentes (Ley del Tránsito).

En este medio intentamos contactarnos con la diputada Paulina Núñez para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuestas a nuestras preguntas.

"Es de prima urgencia, por el bien de nuestro sector, esclarecer con la máxima transparencia y en su integralidad lo que ha sucedido acá".

Declaración partidos, UDI, Evópoli y PRI

"Políticamente (Paulina Núñez) es responsable de haber dado el visto bueno a personas que hoy día sí están involucradas (en narcotráfico)".

Daniel Guevara, Candidato a senador (Ind-UDI)

Después del fallo adverso que recibió la Defensoría Regional de Antofagasta por parte de la Corte de Apelaciones frente al amparo que buscaba dejar sin efecto el traslado de 51 hombres desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nudo Uribe hacia distintas ciudades del país, la Unidad de Estudios y el equipo penitenciario recurrieron de apelación a la Corte Suprema.

La medida fue adoptada el 29 de septiembre por Gendarmería en el marco del denominado "Plan de descongestionamiento del C.C.P. de Antofagasta" y dispuso la salida sin previo aviso de condenados de distintos módulos y se les distribuyó en centros penales de las regiones de Coquimbo, Bío-Bío, Los Lagos y Los Ríos.

Al concurrir a la visita habitual, los familiares de los 51 internos trasladados se encontraron con la noticia y alertaron a los defensores penitenciarios, quienes reunieron la información y elevaron los antecedentes a la Unidad de Estudios Regional, que de inmediato trabajó en un recurso de amparo que fue visto y rechazado por la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, la Unidad de Estudios en conjunto con la defensa penitenciaria decidió seguir adelante e interpuso recurso ante la Corte Suprema, en el que se expuso la compleja situación que reviste esta decisión de Gendarmería, no sólo por el desarraigo que provoca para los condenados al distanciarlos de su familia, sino además por tratarse de una medida arbitraria dado que la mayoría de los trasladados contaban con informes favorables de conducta y no tenían sanciones al interior del penal de Nudo Uribe.

Frente a estas alegaciones, los Ministros de la Corte Suprema revocaron por unanimidad el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogiendo el amparo interpuesto argumentando que la facultad de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los condenados exige una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa y que tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona.

Al conocer el fallo, el Defensor Regional manifestó su satisfacción por el trabajo realizado por el equipo regional. El defensor expresó que "es importante destacar que el fallo haciendo mención al objetivo resocializador de la labor de Gendarmería, señala que la autoridad penitenciaria no respetó el arraigo de los condenados al lugar de residencia de los familiares que contribuyen a dicho objetivo. Esta es una demostración que la Defensoría Penal Pública siempre está atenta frente a cualquier vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad".