Javiera Verástegui Mantoya

De acuerdo a los datos recopilados hasta agosto, solo en la Compañía General de Electricidad (CGE), 21.665 clientes en la región de Antofagasta presentan una morosidad mayor a 45 días, lo que equivale a poco más del 20% de los clientes que la generadora tiene en la región. Situación que preocupa a las empresas, que hacen un llamado a repactar las deudas acumuladas antes de que venza el plazo establecido, y de esta manera evitar cortes de suministros una vez terminado este beneficio que permite postergar los cobros a los usuarios durante el periodo de pandemia.

Esto en el marco de la Ley de Servicios Básicos, N° 21.249, que entró en vigencia el 18 de marzo de 2020 y que buscó ayudar a quienes vieron mermados sus ingresos y no pudieron cancelar sus cuentas de servicios básicos (luz, agua y gas), prohibiendo el corte de suministros por mora.

Cabe mencionar que este 31 de diciembre, es la fecha límite para repactar las deudas que han acumulado durante el periodo, que en muchos casos alcanzan cifras que superan el millón de pesos. En este sentido, a la fecha 4.060 clientes de la CGE han solicitado acceder a los beneficios que esta ley entrega para repactar sus deudas.

El gobierno por su parte, propuso a los clientes un plazo de pago de hasta 48 meses, sin intereses, multas ni gastos asociados. Ante esto, Paulo Cruz, gerente zonal de la CGE, formuló un llamado a que se informen sobre estas alternativas que están disponibles para los clientes y que las personas interesadas soliciten este beneficio directamente a través de los canales de contacto de la misma.

Respecto a lo anterior, Paula Carrasco, directora de Asuntos Corporativos de la empresa indicó que "ya son varios clientes que se han acogido a los diferentes convenios que existen para regularizar sus cuentas de agua potable, con el objetivo de saldar sus cuentas impagas y evitar que la deuda aumente con el paso de los meses".

Repactación

Por otro lado, Wilson Araya, presidente de la junta de vecinos de la Villa Valdivieso, quien hizo uso de este beneficio, en favor de una sede vecinal que no ocupa hace más de un año, debido a la pandemia. Detalló que al regularizar su situación le figuraba un cobro por 700 mil pesos de agua, desconociendo su origen. "El problema es que yo pagaba 40 mil pesos de agua en la sede social cuando se arrendaba y después del estallido ya no se arrendó más. Y no sé qué es lo que me cobraron, no tengo idea, pero son 700 mil pesos de agua que no sé de dónde salieron", indicó.

Esta alza registrada en las cuentas, que han incluso duplicado sus valores, se puede atribuir a la no toma de los estados en los hogares, que se dio durante el comienzo de la crisis sanitaria, promediando valores que según indicaron los mismos clientes no se ajustaron a la realidad.

En esta línea, la directora de Asuntos Corporativos de CGE realizó un llamado a la comunidad a regularizar las diversas situaciones, "queremos invitar a nuestros clientes que aún no han podido regularizar sus deudas, a que nos contacten, para revisar los beneficios de postergación de pago de acuerdo con las necesidades y realidades particulares de cada familia. De esta manera darles una mano a quienes están más complicados económicamente con las consecuencias de la pandemia", añadió Carrasco.

Según los últimos registros de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al 31 de agosto, el monto total de la deuda de morosos residenciales de electricidad a nivel nacional llegó a $ 275.490 millones.

En tanto, desde Aguas Antofagasta sostuvieron que se postergó el pago al 60% de las familias más vulnerables de la región, además de suspender los cortes a quienes sumaban más de dos cuentas impagas. Junto con esto se restableció el servicio a más de 4.300 hogares con suministro cortado por deuda, para asegurar abastecimiento al 100% de la población. Sin embargo, la sanitaria optó por no dar a conocer el número de clientes morosos o que han debido repactar sus cuentas, para efectos de esta publicación.

"Queremos invitar a nuestros clientes que aún no han podido regularizar sus deudas, a que nos contacten, para revisar los beneficios de postergación de pago de acuerdo con las necesidades y realidades particulares de cada familia".

Paula Carrasco, Directora de Asuntos, Corporativos CGE

Más de $180 millones deberá cancelar el Hospital Regional de Antofagasta como suma indemnizatoria a una familia de la ciudad, debido a una negligencia médica que terminó con el fallecimiento del hijo y hermano menor de ellos, hechos ocurridos en enero del 2018.

La sentencia fue acogida en primera instancia por el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta en 2019, y confirmada por la Corte de Apelaciones durante esta semana.

Negligencia

El abogado de la familia, Camilo González, explica que "Agustín era un niño que tenía una patología previa de un cáncer. Desde muy temprana edad requirió de tratamiento, esto ocurrió el año 2015. A causa de esto, significó que tuviera una hidrocefalia y recibió de intervención una derivativa, que es una válvula en la cabeza para que el líquido cefalorraquídeo que comience a acumularse en el cerebro se filtre, y así se evita la hidrocefalia que podría generar una hipertensión".

Añade que, durante el 2018, debido a cambios en el estado de ánimo y dolores manifestados por el menor, su madre lo llevó al Hospital Regional. "En atención a los síntomas y su historia clínica previa, más un examen previo, se decidió realizar su hospitalización". Como los médicos que lo atendieron no eran especialistas, pero observaban compromiso neurológico, realizaron un TAC a Agustín y se sugirió que fuera evaluado por un médico neurocirujano, lo que ocurrió al día siguiente.

"Ahí es donde comienza la negligencia", dice González.

"Este doctor evalúa a Agustín sin previamente revisar su ficha clínica. Digamos que solo hizo una observación a la sintomatología que el niño o la madre iban describiendo. Al no revisar la ficha clínica, no llegó darse cuenta de que Agustín era portador de válvula derivativa, y que tenía diagnóstico previo de hidrocefalia".

Agustín fue sometido a un procedimiento para descartar encefalitis, lo que estaba contraindicado para la patología que padecía, indica el abogado, y agrega que a esto se sumó un retraso en el tratamiento quirúrgico clave para evitar un desenlace fatal. En total fueron 16 horas sin este tratamiento vital.

"Al día siguiente, lo evalúa otro neurocirujano, quien revisando las imágenes del TAC nota lo que hicieron, y pidió llevarlo urgente pabellón. Lo intervienen, pero el curso de los hechos estaba muy avanzado. Fue poco lo que se pudo hacer. Los días fueron pasando y no fue posible resolver la complicación médica. Y terminó falleciendo", agrega el abogado.

Indemnización

En el fallo, el Juzgado de Antofagasta sentenció al Hospital Regional pagar la suma total de $181.382.470 a la familia, tanto a los padres como a los hermanos de Agustín. El dictamen fue apelado por el establecimiento en la Corte Apelaciones, pero finalmente dicho Tribunal confirmó la sentencia.

El abogado Camilo González argumenta que estas causas generalmente quedan en acuerdo o en estudio, debido a que se tratan de temas médicos. "Pero aquí, al parecer, la corte quedó tan convencida de lo que se expuso en el alegato, que decidieron confirmar la sentencia", comenta González.

El abogado, que conoció el caso de la familia luego de ver una denuncia que realizaba la madre en medio de una manifestación en el contexto del estallido social, cuenta que "para ellos, cuando sucede esto, y durante la tramitación, fue súper complicado (...). Están muy contentos con los resultados que se han obtenido. Se ha hecho un trabajo bastante bueno para lograr lo que se esperaba".