Correo
Reforma previsional
En la reforma previsional del año 2008, uno de los grandes avances fue el APV régimen A para la clase media, el cual entrega un beneficio tributario de un 15% del ahorro depositado, con un tope sobre el ahorro por 40 UTM ($2.100.000).
Luego de 13 años, el APV-A necesita una actualización, donde el beneficio tributario llegue al menos a un 20% o 25% sobre el aporte y que su límite suba a 60 UTM ($3.150.000). Fortaleciendo el APV-A se le quita presión a aumentar la tasa de cotización -gran piedra de tope de la actual reforma previsional-, pues si bien es muy necesario aumentarla, tampoco hay que encarecer la formalidad laboral y, por ende, la recuperación del empleo.
Una ley corta que mejore el pilar solidario y el pilar voluntario sería un tremendo avance en materia previsional, dejando el pilar obligatorio para el próximo gobierno, el cual no tendría la presión de ahora, pues con los otros dos pilares se pueden mejorar bastante las pensiones actuales.
Eduardo Jerez Sanhueza
Responsabilidad cívica
El inicio de la discusión de un cuarto retiro de fondos desde las AFP nos demuestra la desconexión y el desinterés de la clase política con la ciudadanía, en una nueva muestra de instrumentalización donde, a costa de los ahorros de las chilenas y chilenos, políticos irresponsables se afanan en buscar adhesión y visibilidad.
Sin embargo, no sería del todo justo asignarles responsabilidad solo a éstos, toda vez que somos nosotros, los ciudadanos, quienes a través del voto los ponemos en sus escaños. Somos nosotros quienes tenemos la primera responsabilidad, en el ejercicio de nuestro derecho y deber, de tener claridad respecto a quiénes estamos respaldando y por qué lo hacemos.
Si queremos como país salir adelante, necesitamos no solo representantes que estén a la altura de los desafíos, con valentía, que entiendan el país en que viven y que tengan la capacidad de liderar reformas necesarias, sino también electores informados que se hagan cargo de sus preferencias. Sin ir más lejos, lo que ocurre con los convencionales electos de la denominada Lista del Pueblo (ahora conocidos como Pueblo Constituyente) evidencia a la perfección los costos que tiene la irresponsabilidad de caer en la trampa de los "cantos de sirenas" propios del populismo.
Rodrigo Durán Guzmán
Líos en la lista
La Lista del Pueblo (ahora Pueblo Constituyente) hoy es sinónimo de escándalos en dimensiones impresionantes. A las renuncias presentadas por los constituyentes de la lista se suma una bochornosa subida y bajada de candidaturas presidenciales y la insólita inscripción de Diego Ancalao con 23 mil firmas visadas por un notario fallecido.
Sin embargo, sorprende la falta de instrumentos legales para indagar lo que sucede en este grupo, que funciona como un partido político (imitando en su corta vida las peores prácticas que hemos visto en décadas), pero sin asumir las responsabilidades de uno. Por ejemplo, ¿cómo se financian?
Esperemos que la querella criminal que presentó la hija del fallecido notario Patricio Zaldívar, por el delito de falsificación de instrumento público, sea el inicio de una investigación que desenmascare a una lista que representa lo peor del "pueblo".
Simón Catalán
Cuestionamientos
Los líderes sólidos, esos en los que se puede confiar y que, además, se conoce su pensamiento, están retirados o fallecidos. Hoy tenemos solo profesionales o amateurs de la voltereta. Un candidato que hace unos días estaba contra el cuarto retiro, ahora está a favor. Otro que militó en varios partidos, ahora es independiente. Una candidata que hace un año presentó públicamente un proyecto de zarpazo a nuestros fondos previsionales (no usar el vulgar "desfondazo", sino un término más elegante, "nacionalizar"), ahora está tratando de integrarlo en su programa, pero sin que nadie lo note. Y un candidato frustrado, sorprendido con más de 20 mil firmas falsas, dice en un principio que es el fin de su carrera política, pero después matiza y habla de desprolijidad, pero no de delito.
José Luis Hernández Vidal
Salud mental
Lo ocurrido en La Ligua, que terminó con la trágica muerte de un inmigrante, es consecuencia de la constante violencia que se ha vivido en el último tiempo en nuestro país. Desde una persona agredida con un machete, la agresión a un funcionario con un hacha y el ataque que sufrió un guardia en un terminal de buses por solo solicitar al victimario utilizar mascarilla, nos demuestra que estamos en un periodo aciago. Incluso, no hay que olvidar el incremento de licencias psiquiátricas. Así que, complementando lo expresado por el diputado Diego Ibáñez, La Ligua no es el fracaso del sistema de salud mental chileno; Chile es el fracaso del sistema de salud mental, a través de malas políticas públicas y una pésima contención a las personas que padecen enfermedades mentales.
Daniel Soto