A la luz de los siguientes datos, el 12 parece un número peor que el 13: en Chile, cada 12 minutos un niño o niña es excluido del sistema escolar. Y apenas el 45% de los estudiantes en nuestro país consigue "sacar adelante" su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos por ley.

Otra consecuencia de nacer y crecer en pobreza. Dentro de nuestro sistema educacional son los estudiantes más vulnerables quienes se ven más afectados por sus incentivos perversos y por su inflexibilidad. Un ejemplo de esto es que las escuelas tienden a rechazarlos al etiquetarlos como alumnos difíciles de educar. Además, se concentran en escuelas urbanas apartadas, rurales o territorialmente aisladas, lo cual dificulta su acceso a mejores oportunidades. A estos "guetos" educacionales se les exige demostrar resultados educativos equiparables a los del resto de los establecimientos educativos, aunque se encuentren en una situación de desventaja.

Estos factores reproducen y amplían las brechas educativas de niños, niñas y jóvenes que han nacido y crecido en situación de pobreza, lo cual aumenta la probabilidad de que se vean excluidos del sistema educacional regular por no calzar con las prácticas y los resultados esperados.

En la actualidad, más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años se encuentran fuera del sistema educativo sin haber completado su educación obligatoria y presentan dos o más años de rezago. Además, de acuerdo con cifras del 2021, los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19 han sumado 40 mil estudiantes más que han dejado de asistir al sistema educativo regular. Según datos de la encuesta CASEN 2017, pertenecen en su mayoría (62,5%) al 40 por ciento más pobre de la población, dando cuenta que la situación de exclusión educativa está relacionada con la exclusión social en la que viven, caracterizada por precariedades de todo tipo, desde violencia intrafamiliar hasta un menor acceso a distintos bienes y servicios esenciales.

Es por eso que en un esfuerzo conjunto entre Fundación Súmate del Hogar de Cristo, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la PUCV, el Centro Justicia Educacional de la Universidad Católica, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, hemos creado el primer Observatorio de las Trayectorias Educativas, para denunciar la exclusión, señalar las brechas, destacar las buenas prácticas y lograr el aprendizaje efectivo de niñas, niños y jóvenes sin importar su condición de origen o situación social y económica.

¿Hay ciertas violencias justificables? La pregunta no es sencilla de responder. Está el caso de la defensa propia, por ejemplo, en que muchas veces se debe aplicar violencia contra el agresor, para así detenerlo. Y obviamente la defensa propia es válida, por lo que podría decirse que sí hay acciones violentas justificables cuando se realizan en defensa de la integridad personal o de seres queridos, o de incluso una persona más débil desconocida.

Pero ¿se puede justificar la violencia cuando la ejerzo contra un sistema o institución, porque considero que ese concepto atenta contra mí?

El sistema económico o el Estado me violenta, es uno de los argumentos que se ha escuchado frecuentemente en los últimos años, como justificación para el vandalismo. Frases que apoyan ese argumento se ven en rayados en las calles o en muros de twitter, aunque muchas tienen más de medio siglo y fueron pensadas en contextos absolutamente diferentes: "La barricada cierra la calle, pero abre el camino" o "la violencia es la partera de la historia".

La tentación de usar violencia contra lo que no nos gusta o sentimos injusto, siempre está; desde un penal mal cobrado hasta alguien que se saltó la fila. Pero algo nos detiene, generalmente la razón, y también la condena social. Pero cuando incluso líderes de opinión empiezan a justificar o bajar el perfil al uso de la violencia por razones ideológicas, ahí el tema se vuelve más complejo. Y no son pocos los líderes en nuestra propia región que han preferido callar ante actos de violencia que afectaron a la ciudad, o que condenaron "por selección".

De todas maneras se debe separar el derecho humano a la manifestación pacífica, el cual es parte trascendental de tener una sociedad democrática, de la violencia. La agresión y el daño a propiedad pública o viviendas o negocios que son fuentes de trabajo como lo ocurrido en el Barrio Lastarria o en el mismo centro de Antofagasta el año pasado, no es parte de la manifestación legítima. Tampoco la violencia física contra personas por pensar diferente, como lo que pasó con Gabriel Boric. Muestra una enorme falta de empatía que algunos líderes políticos hayan justificado un actuar así. Da para pensar en la siguiente frase: Si quieres conocer a un hombre, dale poder.