Varias comunas de la Región de Antofagasta han sufrido los efectos del alza de los combustibles y la de 97 octanos es la que ya superó la barrera de los $1.000. La molestia de la ciudadanía ha sido evidente dado que cada cierto tiempo estos incrementos se dan en las ciudades, las que en 2020 y producto de la pandemia habían descansado un tiempo de este fenómeno.

El debate por el impuesto específico está en el tapete con dos posturas: una es ayudar a los bolsillos de las personas con una baja y otra en que, por el contrario, debería seguir subiendo para fomentar políticas medioambientales.

Se trata de posturas que lamentablemente son antagónicas y que motivan una elección que no se debiera dar, dado que debería ser posible avanzar por ambas veredas.

En lo primordial podemos decir que el tener un vehículo no es por lujo, sino que una necesidad. Son fundamentales para la vida diaria de las personas, lo que se hace más evidente en las comunas pequeñas que no tienen buenas alternativas de transporte público. La notable reducción de microbuses circulando más el gasto por andar en colectivo no es una buena fórmula para las familias.

Los automóviles eléctricos más bien son una realidad a largo plazo, dada su baja producción y altos costos, por lo que hoy no es una real opción.

De esta manera, las bicicletas deberían ser las que crezcan en este sentido. Ir al trabajo o otros sitios es perfectamente compatible con este medio de transporte y en la capital regional hay un interesante circuito de ciclovías que permiten aquello, lo que de paso fomenta la vida sana. Sin embargo, no cumple todas las tareas como por ejemplo ir al supermercado.

Es muy cierto que medioambientalmente se necesitan acciones como reducir la cantidad de vehículos que usan combustibles, pero cuando se trata de las familias los cambios tienen que ser graduales. El subir el impuesto conllevará a que regiones como Arica y Parinacota, Antofagasta o Atacama tengan precios más caros dado que están más alejadas del centro del país, lo que además conlleva alzas de precios en productos vinculados a transporte. Solo se justificaría cuando vehículos eléctricos estén al alcance de las personas y es allí donde se deben fomentar fuertes políticas públicas.

Nadie discute que el acuerdo político firmado en noviembre de 2019, para realizar un plebiscito en el cual la ciudadanía se manifestara a favor o en contra de redactar una nueva constitución, obedeció al ambiente de protesta generalizado que se había instalado en el país, alzando la voz en contra de una serie de problemas sociales y abusos que afectaban a gran parte de la población. Dicha consulta se aprobó mayoritariamente, cuya propuesta será sometida a un referéndum para su conformidad, en caso de ser rechazada, continuará rigiendo la constitución del 80.

Para el ciudadano común lo encomendado a los convencionales constituyentes, es que propongan al país un acuerdo consensuado, según la norma aceptada de los dos tercios. Debemos considerar que una carta fundamental es un marco jurídico por el cual se rige el orden institucional y el funcionamiento de una nación. Es una especie de pacto social, político, económico y de otras materias que interesen mayoritariamente a la ciudadanía. En esta línea, un tema insoslayable, será la descentralización, aspiración regional que ha sido postergada gobierno tras gobierno y que con la elección de los gobernadores regionales parece que comienza a enrielarse por un buen camino.

Ahora bien, debemos tener claro que gran parte de los problemas que afectan a nuestra región son achacables a la exigua inversión pública, a saber: solución digna a campamentos, déficit habitacional, falta de áreas verdes y espacios públicos, fomento a investigaciones que apunten a agregar valor a las exportaciones mineras, recursos para I&D, etc. Al respecto, solo un dato que muestra la desigualdad que ha afectado a la región: en los últimos treinta años hemos contribuido con un promedio de alrededor al 10% del Producto Interno Bruto, PIB, mientras que solo hemos recibido un 4% de la inversión pública en el citado período.

Dado lo anterior, esperamos que nuestras y nuestros convencionales constituyentes, establezcan alianzas con pares de otras regiones con problemas afines, de tal forma de conseguir el respaldo necesario tendiente a que, en la asignación de recursos públicos, constitucionalmente quede establecido un criterio objetivo mínimo, donde se considere los aportes regionales al erario nacional y su situación de habitabilidad dentro de un ranking comparativo nacional. Además, se debe tener en cuenta, que las regiones mineras deben prepararse para un futuro sin dichos recursos, por ser estos limitados.

Por último, citaré un solo ejemplo de discriminación en la inversión pública: mientras el territorio nacional, desde hace ya bastantes años, está comunicado prácticamente desde Copiapó hasta Puerto Montt, unos 1830 kms, por una espléndida y segura carretera de doble vía, nuestra región continúa postergada, siendo, periódicamente, testigo de cientos de vidas perdidas en accidentes frontales ¿es justo esto?

Todos estamos de acuerdo que el último tiempo ha sido complejo y si bien, tenemos días más duros que otros, creo que poco a poco la percepción intranquila del futuro se ha visto desafiada por señales esperanzadoras que proyecta nuestra principal industria, la minería.

Somos un país minero cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas brindando empleos y financiando programas de apoyo para potenciar el desarrollo y la recuperación en medio de una crisis ecónomica y sanitaria. La pequeña minería, al igual que la gran minería, no se han detenido y es precisamente esa resiliencia, el carro que permite impulsar la reactivación de Chile.

En efecto, según la más reciente información entregada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) el empleo en la industria va en aumento. Precisamente, el sector minero no había alcanzado estos niveles desde hace más de un año. Son 4 mil nuevos puestos de trabajo entre marzo y mayo de este 2021. Además, se han recuperado 32 mil empleos de los 49 mil perdidos correspondientes al periodo entre junio 2020 a abril 2021. Más aún, la ocupación minera ha aumentado un 17,3%, durante el último periodo mencionado.

Cabe señalar, que por cada trabajador directo en la minería, se emplean 3 empleos indirectos. De modo tal, que la minería emplea en este momento al 11% de la fuerza laboral a nivel nacional considerando tanto los empleos directos como indirectos. Esto se traduce en generar bienestar para muchas familias sobre todo en regiones donde más de la mitad de las personas se desempeñan en el sector.

Asimismo, la industria aporta con más de 800 mil empleos de calidad a personas de clase mundial que complementan el desafiante presente y futuro de la minería chilena. Nuestro territorio además de poseer las mayores reservas mundiales de cobre, litio y otros minerales; cuenta con un capital humano altamente calificado que se adapta e incorpora avances tecnológicos importantes que permiten impulsar la productividad y en consecuencia, seguir pavimentando el camino al desarrollo. Chile es un país minero y de eso debemos sentirnos orgullosos.