Sobre el Voto Obligatorio
"La alta abstención es, ante todo, reflejo de una profunda desafección de la ciudadanía". Pablo Gres Chávez, Académico, de la UCN, Gonzalo Cortés MorenoAcadémico, de la UCN
Hace pocos días, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por mayoría -en general y en particular- el proyecto que restablece el voto obligatorio. La principal razón que justificaría dicha reforma es la enorme abstención que ha generado el voto voluntario en los últimos procesos electorales.
Teóricamente, se ha insistido en que, si bien el voto es un derecho, su ejercicio constituye una responsabilidad cívica de los ciudadanos y ciudadanas, que nutre la democracia y otorga legitimidad a los detentadores del poder. Numéricamente, se ha señalado que, si el voto deja de ser voluntario, la abstención descenderá, pues concurrir a emitir el respectivo sufragio ya no será una opción, sino un deber, cuya inobservancia acarreará consecuencias.
En torno a la pretendida linealidad entre voto obligatorio y descenso en la abstención, es conveniente señalar que las bajas tasas de participación han sido una constante en Chile. Ello, porque si bien en las elecciones regidas bajo el antiguo sistema de voto obligatorio, participaba un mayor porcentaje del padrón, debemos recordar que la inscripción en los registros electorales era voluntaria. Asimismo, existen países con sistema de voto obligatorio -como Costa Rica- que, a pesar de ello, presentan grandes tasas de abstención electoral.
Es por eso, que sostenemos que esta reforma pretende corregir un problema de fondo mediante un ajuste menor. En efecto, la alta abstención es, ante todo, reflejo de una profunda desafección de la ciudadanía -especialmente, de las capas sociales más postergadas- con los partidos políticos, la clase dirigente y las instituciones públicas. La real capacidad e interés por éstos en hacer que los frutos del crecimiento económico se repartan equitativamente y en influir positivamente en los destinos de las personas han sido puestos reiteradamente en entredicho.
La teoría política, clásica y contemporánea, ve en la legitimidad política una forma de justificar el poder que ejercen las autoridades. Tal justificación es muchísimo más compleja que el mero cálculo porcentual. La legitimidad democrática de las autoridades demanda que la misma ciudadanía tenga cierto poder para participar en todo el proceso (porque la democracia en la vida real no es una entidad sustantiva, sino un conjunto de procesos). Mientras la ciudadanía encuentre vetado el camino a participar y vea limitada su participación efectiva (aquella que va más allá el voto cada tantos años), la política del voto obligatorio es, al final del día, irrelevante. Si lo que está en juego es la administración de un modelo segregador, la vuelta hacia el voto voluntario no cambia nada en términos reales.
Chile ha abierto una puerta a transformar su democracia. La posibilidad de un cambio, de la relegitimación de la política, está allí, en la discusión sobre la nueva Constitución y no en una institucionalidad que agoniza poco a poco. Sólo con nuevas reglas de procedimientos democráticos esta discusión vuelve a tener sentido.