El inédito acuerdo logrado, a instancias legales del Consejo de Defensa del Estado (CDE), entre Escondida y la comunidad del poblado de Peine en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por el daño en el salar de Punta Negra, es una lección de entendimiento y compensaciones en temas tan sensibles como es el cuidado de nuestros entornos naturales. Y también un claro ejemplo de avance en estas materias las que constantemente están en el escrutinio público bajo ciertas denominaciones como "zonas de sacrificio".

Ese concepto que reprueba las políticas extractivas industriales que van en desmedro de las comunidades, sus hábitat, sus entornos y sus estilos de vida.

Producir a cualquier precio ya no es la impronta que marca a las empresas no solo en Chile también a nivel mundial. Existe un compromiso social y medioambiental con los territorios en los que desarrollan sus actividades.

Esta misma mirada es la que permite hoy ver también lo hecho en su momento y si pudo existir algún daño ecológico.

La minera Escondida hace dos años que decidió migrar totalmente hacia la utilización de agua desalada en sus procesos. No obstante, por años recurrió a acuíferos alto andinos y pese a los cuidados y a las exigencias de las autoridades , en el tiempo se detectó un daño en Punta Negra.

Este fue el fundamento de las comunidades atacameñas que recurrieron al CDE para que la situación fuera conocida y se determinaran compensaciones.

Como toda acción legal tuvo sus dilaciones, extensos diálogos que concluyeron con una conciliación, la que definió un plan de manejo para la conservación y recuperación de la flora y fauna del sector.

Son 67 mil millones que entregará la minera en un determinado y especificado tiempo para cumplir con el plan de manejo. La cifra puede leerse como exorbitante pero es fruto de estudios y análisis, los que junto con compensar tienen un objetivo más a largo plazo y de mayor impacto.

La empresa se hace cargo de invertir lo suficiente para recuperar los ecosistemas, en una labor nunca antes vista y que puede ser un ejemplo a seguir.

En situaciones excepcionales, los pueblos deciden revisar las bases de su convivencia. En esta revisión del pacto social que mantiene unidos a sus integrantes, se da una oportunidad histórica de saldar las deudas con quienes históricamente han sido postergados y postergadas.

Durante años hemos acumulado una enorme deuda con las niñas y niños de nuestro país. Han tenido: Una educación sin la calidad suficiente, barrios en los que no hay áreas verdes, exposición a altas tasas de violencia y discriminación. En definitiva, familias y comunidades completas están expuestas a dinámicas de exclusión y han sido marginadas.

Hoy la pobreza infantil es el doble que la de los adultos, y los niños reciben menos ayuda de parte del Estado que los adultos que viven en las mismas condiciones de vulnerabilidad.

Hoy podemos construir una sociedad distinta, una que ponga en el centro el interés superior de la niñez y desde una ética del cuidado, empezar a pagar esta deuda que hemos contraído como país. Hoy en el la Convención Constituyente hay 14 convencionales que han asumido un compromiso con la niñez para construir un pacto social que permita que las niñas y niños tengan una plataforma sólida desde donde vivir los primeros años y desarrollar sus proyectos de vida según lo que realmente quieren.