Redacción

La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la reforma constitucional que busca reponer la obligatoriedad del voto.

La iniciativa fue aprobada en general por 107 votos a favor, 23 abstenciones y 16 votos en contra, todos ellos de parlamentarios de Chile Vamos. Ahora, la moción deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior de la cámara baja para su discusión en particular.

En enero de 2020 un proyecto similar había sido rechazado por la Cámara, al no alcanzar el quórum requerido para prosperar. En esa oportunidad, gran parte del oficialismo se opuso a la reforma, al igual que algunos diputados de oposición. Muchos de ellos, sin embargo, modificaron su posición y esta vez dieron su voto favorable.

La reforma constitucional aprobada ayer cobró fuerza luego de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, del 15 y 16 de mayo, donde se registró una baja participación.

Según cifras del Servicio Electoral (Servel), sólo el 43% de las personas habilitadas para votar efectivamente lo hizo, cifra que dista del 50% del padrón que sí participó en el plebiscito constitucional de octubre de 2020.

En concreto, el proyecto restablece la obligatoriedad del sufragio en los procesos electorales, con excepción de las elecciones primarias. El voto seguirá siendo voluntario también para los mayores de 75 años y las personas con discapacidad o dependencia.

Asimismo, no será obligatorio para los chilenos residentes en el exterior y los extranjeros que vivan en Chile y que estén habilitados para votar.

La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la cámara baja y una de las impulsoras del cambio, Andrea Parra (PPD), aseguró que el voto voluntario ha sido "uno de los peores errores de cálculo" de la política chilena. "Una década de esta innovación nos ha traído los peores índices de participación", dijo.

"Tengo la convicción de que la democracia no es un juego ni una opción, es una responsabilidad de los ciudadanos", manifestó la diputada Camila Vallejo (PC). "El voto obligatorio es un mínimo exigible en un largo camino de tareas, como la paridad y educación cívica en serio", señaló por su parte el diputado Gabriel Boric (CS).

Indicaciones y rechazo

Uno de los que argumentó en contra de la reforma fue el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya. "Estamos a muy pocos meses de muchos procesos electorales y abrir esta discusión a pocos meses, cambia las reglas del juego de un proceso que está en curso. Me parece que no corresponde", sostuvo.

Junto con aprobarse la idea de legislar, se presentaron varias indicaciones patrocinadas por diputados de Chile Vamos. Entre ellas figura la idea de que las personas puedan salirse del padrón electoral hasta 90 días antes de las elecciones. La desafiliación voluntaria fue una de las fórmulas que se barajó antes de llegar a la norma actual de inscripción automática y voto voluntario.

Además se ingresaron indicaciones para definir las multas en caso de incumplir el deber de sufragar y otra para volver a la inscripción voluntaria en los registros electorales.

En Chile el voto es voluntario desde 2012, año en que comenzó a regir la nueva ley después de un largo debate sobre los mecanismos necesarios para reencantar a los votantes más jóvenes con la política y aumentar los bajos niveles de participación.

Un doble rechazo recibió el reajuste de 3,2% al salario mínimo propuesto por el gobierno. El proyecto, que incluye un aumento en los montos y cobertura de los subsidios contemplados en el Ingreso Mínimo Garantizado, fue rechazado en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y más tarde fue aprobado por la Comisión de Hacienda, pero sin el mencionado guarismo.

El trámite de la iniciativa en esta última instancia estuvo antecedido por un debate respecto a si correspondía revisar un proyecto que más temprano había sido rechazado en su idea de legislar por otra comisión.

Resuelto el punto, la mayoría de los diputados estuvo por rechazar el 3,2% de reajuste, con lo que el salario mínimo subiría de $326.500 a $337.000. Sin embargo, los legisladores de la Comisión de Hacienda sí aprobaron el aumento de $40.000 a $50.000 en el monto máximo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la extensión de los topes de sueldo bruto que se exigen para acceder al beneficio.

La comisión también aprobó una indicación presentada por el diputado Marcelo Schilling (PS), que busca facilitar el acceso al IMG estableciendo que las empresas informen a la Subsecretaría de Servicios Sociales la nómina de trabajadores habilitados para recibir dicho subsidio. De este modo, no sería el trabajador sino el empleador el responsable de realizar el trámite.

Tras el rechazo al reajuste, el Ejecutivo anunció que repondrá la cifra en la sala de la cámara baja. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró que la fórmula planteada es acorde con la realidad que vive el país.

"No hay que olvidar que este es un año muy especial, con una pandemia que afectado muy fuertemente el empleo y que nos tiene con una tasa de cesantía de un 10,4%. Por consiguiente el objetivo fundamental es recuperar y crear empleos. También tenemos que hacernos cargo de que la pandemia ha golpeado muy fuertemente a quienes pagan el salario mínimo, que son las pequeñas, medianas y micro empresas", argumentó Melero.