El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) detectó en la región 250 viviendas sociales que están siendo mal utilizadas, de las 3.256 que han sido entregadas en los últimos cinco años.

A nivel nacional se descubrieron 10.712 de estos hogares sociales mal utilizados, lo que equivale a un 7% de las viviendas entregadas en los últimos cinco años, explicaron desde el Minvu.

La directora regional del Serviu, Sonya Giménez, indicó que "las fiscalizaciones se han realizado principalmente en Tocopilla y Antofagasta. Este proceso de recuperación ya se inició en la región. Sin embargo, se ha visto ralentizado producto de la pandemia".

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, afirmó que "este 2021 iniciaremos el plan de fiscalización. Pero es importante dejar claro que no vamos a desalojar a nadie en este contexto, porque entendemos la difícil situación por la que atraviesan miles de familias en nuestro país producto de la pandemia".

El proyecto del Minvu, denominado "Plan 10 mil", tiene como objetivo recuperar estas viviendas sociales, para que estén nuevamente disponibles para entregarlas a familias que lo necesitan.

Mal uso

Para catalogar una vivienda como "mal utilizada", desde el Minvu indicaron que debe contar con alguna de estas causales: estar deshabitadas; que sean arrendadas o cedidas por moradores que no sean miembros del grupo familiar declarado por el beneficiario al momento de la postulación; que estén ocupadas ilegalmente; o que se le esté dando un uso comercial a la vivienda.

"La gente tiene que entender que aquellos que realmente tienen la necesidad de una vivienda, deben ocuparla como corresponde. Y así como nosotros tenemos la atribución de entregar un beneficio social relevante, también tenemos la potestad de retrotraerlo y que sea ocupado para gente que realmente tiene la necesidad de ocuparlo", dijo el seremi de Vivienda, Julio Santander.

En tanto, Sonya Giménez explicó que "está expresamente prohibido por nuestros decretos (el mal uso de los beneficios), y es un compromiso y obligación de la que están al tanto las familias".

"Lo más grave es que, en algunas viviendas, simplemente hay ocupantes irregulares, transformándose en focos de acopio de basura y delincuencia, e incluso ponen en riesgo a otras familias que ocupan las viviendas correctamente", agregó la directora regional del Serviu.

Desde el Minvu añadieron que la comunidad puede realizar denuncias sobre viviendas sociales en mal uso en la página denuncia.minvu.cl.

Preocupación y rechazo sigue generando en el gremio médico y de expertos, el caso de dos veterinarios de Calama, quienes en 2020 vacunaron a por lo menos un centenar de personas con dosis óctuple para perros, asegurando que generaba inmunidad contra el covid-19.

El hecho, que fue publicado por este diario el martes, fue descubierto por la Seremi de Salud el año pasado, cursando multas de hasta 200 UTM a los veterinarios, y además actualmente está en investigación.

Rodrigo Meza, tesorero del Colmed de Calama, sostuvo que "desde el Colegio Médico lamentamos este hecho. Lo encontramos insólito. Esto es de extrema gravedad. (…) Las vacunas tienen un diseño especial. Las dosis diseñadas para el ser humano tienen condiciones y eficacia en el ser humano. Y las vacunas que son para animales, tienen diseño y eficacia para esos animales".

Además, recalcó que no existen estudios que afirmen que las vacunas para caninos tengan algún efecto favorable contra el coronavirus.

Dicha opinión fue compartida por el jefe de la Unidad de Infectología del Hospital Regional, Pedro Usedo, quien manifestó que existen estudios actualizados que descartan que estas dosis sean efectivas contra el covid-19.

"Esta vacuna (la óctuple) puntualmente se desarrolla para perros y no para el covid-19. No protege a seres humanos", añadió.

Riesgos

Los especialistas concuerdan en que las personas inoculadas con la dosis óctuple "estuvieron en un verdadero riesgo", y que podrían desarrollar en el futuro alguna enfermedad.

"Hay bastantes riesgos, desde el momento mismo de inoculación, desde reacción inflamatoria diversa que pudo haber puesto en riesgo incluso la vida de las personas y posteriormente, hay que hacer un control de esas personas que fueron vacunadas, para ver si tienen alguna reacción inmunológica inflamatoria que implique algún riesgo para su salud", sostuvo el directivo del gremio médico de Calama.

En tanto, Usedo sostuvo que si la dosis para perros se aplica en humanos, "puede causar reacciones locales e incluso alteraciones sistémicas".

El infectólogo recalcó que "el coronavirus que ocurre en perros no es transmisible a humanos, como tampoco hay evidencia científica que los perros transmitan el covid como una patología transmisible".

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de protección presentado en favor de un estudiante de cuarto medio, cuya matrícula fue negada por el Colegio Costa Cordillera, asegurando no tener cupos disponibles para el proceso escolar 2021.

La sentencia dictada por la corte señala la infracción al artículo 19 N°2, de igualdad ante la ley, N° 1 integridad psíquica y N° 11 inciso cuarto, derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, de la Constitución Política de la República.

Caso

Carolina Zazzali, madre del alumno afectado, había planteado anteriormente que la negativa del colegio de matricular a su hijo no se debería a la falta de cupos, sino a los problemas económicos que tuvo su familia el 2020 producto de la pandemia y a un tratamiento médico al que se sometió ella, lo cual provocó altos gastos y derivó en que no pudieran cumplir con las mensualidades pactadas, adeudando seis meses ($2.049.804) que pese a la demora, fueron cancelados.

Sobre el veredicto de la Suprema, Zazzali manifestó que "como familia estamos muy contentos por la confirmación de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que señala que el sostenedor de Colegio Costa Cordillera actuó en nuestro caso de manera ilegal y arbitraria. Como es lo que ocurrió en varios otros casos".

Agrega que "esto cierra un capítulo muy doloroso pero que creemos da una señal a los padres para reclamar ante situaciones que afecten a sus hijos. El colegio no tuvo ninguna consideración y actuó como lo que es: una empresa. Probablemente esto es lo que debe cambiar en Chile. Aunque se trate de colegios particulares, su forma de actuar debe ser más comprensiva y alejarse de una mirada simplemente mercantilista".