En medio de la pandemia se ha registrado un aumento exponencial de migrantes tratando de ingresar de forma irregular a Chile, y la región de Antofagasta no está exenta de esta problemática producto de su cercanía de la frontera con Bolivia, además de la gran cantidad de pasos no habilitados existentes en la zona.

Durante los últimos meses miles personas se han visto empujadas a migrar desde sus países de origen en busca de mejores oportunidades para trabajar y vivir. Sin embargo, este flujo migratorio también ha dado paso para que aparezcan grupos que se dedican a lucrar con el traslado de personas de una frontera hacia otra, aprovechándose del estado de vulneración en el que se encuentras sus víctimas.

Mafias

La semana pasada la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Calama, en conjunto con la Fiscalía Local El Loa, lograron desbaratar a una agrupación familiar que se dedicaba al tráfico de personas por pasos no habilitados en la frontera.

En este caso la banda delictual, que fue detectada por la policía tratando de ingresar a cuatro personas bolivianas (una de ellas menor de edad) desde Uyuni hasta San Pedro de Atacama, captaba a sus víctimas a través de redes sociales ofreciéndoles ingresar ilegalmente al país, previo pago de 130 dólares por persona (cerca de 91 mil pesos chilenos).

Según detalló la Fiscalía de El Loa, existen a lo menos otros cinco casos asociados al tráfico de personas en la zona.

Uno de ellos se trató de un grupo de extranjeros que intentaron ingresar a la región ocultos en el baño de un bus, situación que fue alertada por efectivos de la PDI, quienes tras interrogar a las víctimas, estas señalaron que le habían pagado el chofer para cruzar la frontera.

En otro caso registrado, un camionero ofreció ingresar de forma ilegal al país a una mujer, trasladándola en primera instancia hasta los límites de la frontera, diciéndole que la esperaría unos metros más allá, hasta que él cruzara, para llevarla luego hasta Calama. Aquí no hubo pago, porque lo haría al llegar a destino.

Desde la Fiscalía de El Loa explicaron que los puntos de ingreso a la región que están utilizando los llamados "coyotes" son las localidades de San Pedro de Atacama y Ollagüe.

"Por pandemia, los van a buscar hasta Hito Cajón y los bajan hasta San Pedro o Calama. La ruta en general es Santa Cruz, Cochabamba o Oruro y desde ahí hacia Uyuni. La mayoría de quienes realizan esta ruta son venezolanos", se explicó.

Riesgos

Desde diversas ONGs que prestan ayuda a migrantes han advertido que el tráfico de personas en la zona norte del país es un delito que ha ido en aumento en tiempos de pandemia, incluso con consecuencias fatales.

En marzo de este año una mujer de nacionalidad venezolana, de 33 años, se trasformó en la quinta persona que muere en la frontera en lo que va de 2021 y la tercera en las últimas dos semanas en perder la vida intentando ingresar a Chile por un paso no habilitado cercano a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá.

En su caso, la víctima, con problemas de salud, fue abandonada por el "coyote" que encabezaba este ingreso irregular.

Al respecto, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (S]M), indicó que existe un número desconocido de casos de tráfico de personas que no está siendo denunciado por las víctimas, debido al temor que les provoca su condición de irregular en el país, una situación que a su juicio transforma a los migrantes en "presa fácil porque vienen desesperados".

"El migrante igual tiene alguna información sobre el tema de la militarización de la frontera, entonces sabe que solo no va a poder entrar, y ahí recurre a estos cazadores de personas. Lo que hacen es venderles el sueño de ingresar a Chile de una manera segura, lo que no es efectivo. Si bien hay algunos que han ingresado en camiones casi como ganado, hay otros que ingresan caminado y son abandonados a la mitad del desierto si el traficante que los trae ve que existe riesgo de ser detenido", comentó Aravena.

La asistente social de profesión dijo que hoy quienes más se ven amenazados por las mafias dedicadas el tráfico de personas son los venezolanos, quienes atraviesan todo el continente para llegar a Chile, e incluso, familias completas con menores de edad.

"Como nuestra frontera es similar a una explanada gigante eso facilita el ingreso irregular, ya que no tenemos una vigilancia fronteriza centímetro por centímetro. El tema es que las personas no vienen preparadas para la altura, no traen ropa de invierno o están preparados para caminatas extensas, porque mucha gente piensa que van a cruzar la frontera y la ciudad más cercana esta a dos horas caminado, lo que no es así", detalló la directora regional del SJM.

En esa misma línea, Pablo Rojas, integrante de la ONG Fractal, agrupación que presta ayuda a familias migrantes, advierte que actualmente los migrantes que intentan llegar a Chile están viviendo una situación dramática ya que, por un lado, están a merced de las mafias que se aprovechan de su situación, y por otro, se exponen a los riesgos de las condiciones brutales del desierto.

"El principal riesgo tiene que ver con integridad física y psicológica. Son personas que pagan por cruzar, sin ninguna garantía de que las personas a quienes les pagan cumplan con lo pactado. Incluso, hay veces que las personas no reciben una atención adecuada y se van quedando en el camino, por lo que los riesgos son muy altos", enfatizó el psicólogo.

Rojas agrega que es el cierre de frontera el que de alguna forma gatilla el aumento de tráfico ilegal de migrantes . "Todas vez que Chile ha puesto visas consulares. Eso pasó con los venezolanos, aumentó la irregularidad migratoria, el paso por lugares no habilitados y el tráfico. Es una cuestión casi automática. De hecho ya llevamos cinco personas muertas por esta situación", concluyó.

Cuatro imputados representados por la Defensoría Penal Pública por una serie de delitos registrados en el contexto del estallido social conocieron ayer sus penas tras aprobarse en el Tribunal de Garantía un procedimiento abreviado al que se sometieron voluntariamente, asesorados e informados por sus abogados defensores.

A la espera del juicio, los imputados permanecían en prisión preventiva o arresto domiciliario.

Según informó Defensoría, durante la audiencia G.I.I. fue sentenciados a 61 días de reclusión parcial nocturna, y multa de 5 UTM, por el delito de receptación. F.A.A.V. recibió 3 años y un día de libertad vigilada intensiva por el delito de robo con violencia. M.A.C.C. fue sentenciado a 900 días de reclusión parcial nocturna, pero se le abona el período que permaneció privado de libertad por lo que se alzó su medida cautelar.

Finalmente, el joven M.A.A.E. deberá cumplir 3 años y un día por el delito de robo con violencia y 1 año por lesiones menos graves; más 61 días el pago de 5 UTM por el delito de desórdenes públicos y finalmente 61 días por delito de daños. En suma, fue sentenciado a un total de 4 años y 123 días a pena privativa de libertad y se le abonará el periodo que estuvo recluido en el Nudo Uribe para pasar a cumplir el resto de la condena en libertad vigilada intensiva, sumado a 120 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

El defensor regional, Ignacio Barrientos y el Jefe de Estudios Regional, José Mario Fuentealba, se reunieron con los familiares de los jóvenes para explicarles en qué consistiría esta audiencia y las características de la misma.

"Si bien se trata de una salida que requiere un acuerdo previo entre la defensa y el órgano persecutor, depende exclusivamente de la voluntad de los imputados decidir si optaban por el procedimiento abreviado o por un juicio oral, debiendo, eso sí, estar debidamente informados de las consecuencias jurídicas de cada opción", dijo Barrientos.

Además, aseguró que los imputados fueron acompañados en todas las etapas procesales y se monitoreó muy de cerca, tanto su escenario judicial como su estado de salud".

"Hemos hecho varias reuniones con los familiares y desarrollado una intensa actividad recursiva por parte de los defensores, quienes durante los 13 meses que permanecieron sujetos a medidas cautelares, revisaron reiteradamente la intensidad de las mismas. En algunos casos logramos sustituir la prisión preventiva, pero en otros, debieron llegar hasta esta instancia para salir en libertad".