La situación de las residencias para niños y adolescentes vulnerables es un ejemplo de lo que ocurre cuando las políticas públicas se olvidan de un área específica. En este caso la protección de la infancia. Un tema que regresa a la agenda noticiosa cada cierto tiempo, sobre todo por casos de connotación nacional como por ejemplo la muerte del pequeño Tomás en Arauco, pero que así como aparece y genera indignación momentánea, se diluye con el pasar del tiempo.

Incluso hay problemas relacionados a la infancia que a pesar de que han salido publicado en lo medios, han generado una prácticamente nula reacción social. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se han cerrando varios hogares en los últimos años (el último fue el Laura Vicuña, del Hogar de Cristo), y la residencia que queda abierta, la Aldea SOS, lucha no solo contra la falta de recursos, sino también contra la exigencia del sistema de tener que recibir más menores. Por lo mismo, la Aldea SOS ya anunció que una vez termine el convenio actual, postulará a una iniciativa más acotada, de entre 20 a 25 niños. Y aunque hay proyectos de nuevas residencias en curso, estas aún son eso: proyectos.

Los problemas en los hogares Laura Vicuña y las Aldeas SOS tienen además elementos muy complejos de vulneración de derechos de algunas de las residentes (no por parte de funcionarios de los hogares, sino por parte de personas externas que se han aprovechado de la vulnerabilidad de algunas de las residentes). Incluso funcionarios han sido agredidos en incidentes.

"Es una necesidad urgente el contar no solo con una residencia en condiciones idóneas sino también con una activa participación de personal de salud especializado", sostuvo el Juzgado de Familia de Antofagasta en febrero de este año. A pesar de lo anterior, nada parece poner este tema más arriba en la lista de las prioridades tanto políticas como sociales. De hecho, el serio problema de las faltas de residencias para menores en esta región casi no ha sido nombrado en las promesas de campaña de los candidatos a distintos cargos locales de la elección de abril.

Marzo del 2020, éramos testigos a través de informativos internacionales que el nuevo virus, de la familia del Coronavirus, bautizado como Sars-Cov2 se propagaba rápida y dramáticamente por Europa poniendo en jaque sus sistemas de salud pública. En Chile, las autoridades de Salud ya estaban alerta y preparándose para su inminente llegada.

Sólo hace unos días se cumplió un año del primer caso de Covid-19 en nuestro país. Hace 365 días todo a lo que estábamos acostumbrados cambio, en Chile se declara Estado de Emergencia, comenzamos a usar mascarillas, a vivir los Toque de Queda y las restricciones de aforo. Para cuidar a la población de riesgo, adultos mayores en su mayoría, dejamos de visitarlos, se suspendieron las clases, conocimos el teletrabajo, comenzamos a hablar de trazabilidad, contacto estrecho, cuarentena, PCR, positividad. Como sociedad nos tuvimos que adaptar a vivir una pandemia.

Durante este primer año cientos de personas han entregado el todo por el todo, sacrificando su propia vida, por los que debemos estar orgullosos y agradecidos, como el personal de salud que ha sido la primera línea en esta emergencia.

También hay otros que han trabajado desde el primer día con el compromiso de proteger a toda la comunidad, entre ellos esta Carabineros de Chile. En nuestra Región estamos presentes en las ciudades, rutas y frontera, reforzando los servicios, en un constante y permanente despliegue preventivo y operativo, sin dejar de lado nuestras otras funciones.

En este año de pandemia detectamos a 6 personas Covid positivo en las calles de Antofagasta en los 41.476 controles SIMCCAR (dispositivo que permite verificar en línea si la persona debe cumplir cuarentena) y sorprendimos a 24.742 transgresores del Toque de Queda (12.885) y la Cuarentena (11.857), a lo que se suman 479 irresponsables que fueron detenidos en 23 fiestas y clandestinos de alcoholes, sin ninguna medida sanitaria.

También hemos sido parte en la gran cruzada para llevar vacunas contra el Coronavirus, escoltando las dosis o brindando resguardo en los puntos de vacunación.

A esto sumamos el trabajo de nuestras Oficinas de Integración Comunitarias que han llevado agua potable a caletas, a campamentos en Antofagasta y Calama y a comunidades en San Pedro de Atacama, misión que unió esfuerzos de la IIa Zona de Carabineros, unidades territoriales y Comisaría de Control de Orden Público que con su camión aljibe distribuyó más de 230 mil litros de agua potable a 314 familias de la región.

Asimismo las unidades y con el aporte de sus funcionarios, han entregado casi 10 mil cajas de alimentos a familias vulnerables y cerca de 5 mil desayunos, almuerzos y onces a personas en situación de calle.

También han acompañado a los adultos mayores y gracias a visitas y entrevistas en distintas poblaciones, han detectado situaciones de vulnerabilidad, llegando con ayuda, coordinando traslados a centros de salud o activando de redes de apoyo.

Esto es parte de lo que hemos hecho en 365 días y que seguiremos realizando mientras así sea necesario, sin dejar de lado la prevención del delito y la persecución del delincuente.

A veces no queda más que agachar la cabeza y asumir la vergüenza. La evaluación de precios del programa "Alimentos para Chile", que arrojó diferencias entre los valores de compra y cotizaciones en 15 de las 16 regiones de nuestro país, es una muestra más de la falta de foco preocupante y descriteriada.

Las cajas de mercadería, que tenían por objetivo ayudar a los sectores más golpeados económicamente por al pandemia, finalmente fueron una oportunidad más para que los grupos de poder concentrarán ganancias millonarias sin mirar el bien común y, más aún, sin mirar al ser humano que en momentos de pandemia sufre no solo el temor de contraer una enfermedad de enormes vaivenes, sino que además ve como la economía de su familia se va al suelo, augurando un futuro desalentador.

En 7 regiones, la diferencia entre el valor de la cotización de las cajas de mercadería y el valor de compra alcanzó entre un 43% y un 53% del monto cotizado. Antofagasta se encuentra en este grupo, con un sobreprecio de 53,7%. Esta cifra además de revelar una falta de sentido social tremenda, nos hace bajar la cabeza de vergüenza obligándonos a pensar y generar acciones que frenen estos abusos que tanto mal le hacen a nuestro país y a su gente.

Los recursos deben responder al origen de su nombre: son públicos. Y por ello, en su uso deben propender a beneficiar a la población que lo necesita. Hoy las explicaciones sobran. El informe de Contraloría da cuenta de una falta de integridad en materia financiera generalizada, una inconsistencia y una serie de irregularidades que tendrán que ser analizadas prontamente. Mientras, son miles las familias que, frente a este nuevo aumento de contagios, nuevos confinamientos y mayores restricciones, vuelven a ver sombras en su futuro laboral y económico.

No olvidemos que el Estado y los gobiernos deben velar por el cuidado de sus ciudadanos y hoy urge que esto se haga realidad. Hoy no son solo los sectores más vulnerables los que sufren, también lo hace la clase media, los emprendedores, trabajadores, y todos quienes han hecho crecer al país. Volvamos, entonces, a poner el foco en la gente y no en el bolsillo de unos pocos.