Un aumento de la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población más vulnerable que puede acceder, a un 80%.

Esa es una de las medidas que el Presidente Sebastián Piñera buscará materializar en la reforma previsional que se tramita en el Congreso y que anunció anoche a través de una cadena nacional.

El gobernante expresó que "necesitamos una reforma previsional amplia y profunda que mejore las pensiones de todos los jubilados, actuales y futuros, sobre todo las mujeres, la clase media y los sectores más vulnerables".

Dijo que "la reforma es urgente y necesaria" y que "la inmensa mayoría de los chilenos dice que quiere que se respeten y protejan sus ahorros previsionales" y que se introduzca mayor solidaridad al sistema, demandas que considera "recogidas" en la propuesta. Llamó a transformarla pronto en un acuerdo político, pues "los pensionados han esperado más de la cuenta".

Pensión básica

Entre los cambios, se encuentra ampliar del 60% al 80% la cobertura de la población beneficiada con pensiones solidarias, lo que beneficiará a 480 mil personas de clase media "que hoy no cuentan con ningún apoyo del Estado". Así, las pensiones solidarias llegarán a más de 2 millones de pensionados, indicó el mandatario en su mensaje de anoche.

Postuló aumentar la pensión básica solidaria (PBS), para que nadie quede "bajo la línea de la pobreza".

Esto beneficiará a las cerca de 580 mil personas que reciben la PBS y a un millón de personas adicionales, así como a los 480 mil que se sumarán a la pensión solidario. Además, se buscará anticipar el reajuste a pensionados de 65 a 74 años, que estaba contemplado para enero de 2022.

En cuanto al 6% de cotización por cada trabajador, Piñera dijo que este será administrado por "una agencia pública: el Consejo de Administración de Seguro Social". Precisó que un 3% irá a la cuenta de ahorro previsional de individual, lo que estimó que incrementará "en régimen" la previsión en un 30%, y que el otro 3% se destinará a un programa de ahorro colectivo solidario.

Este permitirá financiar el aumento inmediato en $79.135 más para pensionadas mujeres mayores de 65 años que hayan cotizado al menos 8 años y en $58.618 más para pensionados hombres de 65 años que hayan cotizado al menos 12 años. "Este aumento será extensivo a los futuros pensionados mayores de 65 años".

Agregó que "esta reforma garantiza a todos los nuevos pensionados con 30 años de cotización y al menos 10 años de cotización en el nuevo programa de ahorro colectivo solidario una pensión igual o superior al actual salario mínimo", equivalente hoy a $325.330.

También se buscará introducir "mayor competencia y transparencia" al sistema y nuevas regulaciones a las AFP, de modo que bajen los cobros y comisiones, y exista mayor participación y mejores pensiones. Se dará lugar a una AFP "sin fines de lucro" y a que se reparta utilidades entre los afiliados, y si una AFP tiene rentabilidad negativa, deberá devolver hasta un 20% de las comisiones cobradas.

La Contraloría General concluyó el proceso sumarial que inició el 26 de noviembre de 2019 para determinar eventuales responsabilidades administrativas de superiores y personal de Carabineros, el cual propuso en sus conclusiones la suspensión de dos generales activos y uno en retiro de la institución.

Dicho informe, que se inició luego de la recepción de denuncias relativas al actuar de la policía uniformada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, quedó a disposición de las autoridades para la aplicación de la medida propuesta por el ente fiscalizador, en este caso del Ministerio del Interior.

Se trata de una medida inédita en la historia de la Contraloría, ya que es primera vez que se recomienda este tipo de sanción a funcionarios de Carabineros, la cual podría implicar entre uno y dos meses de separación de sus cargos. De hecho, es la segunda más alta en la administración pública, después de la destitución.

Entre los generales que podrían ser sancionados está el actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien se desempeñó como Jefe de Zona Este durante las manifestaciones; y el ex jefe de Zona Metropolitana y actual director nacional de Personal, Mauricio Rodríguez. También fue mencionado el general en retiro Jorge Ávila, ex jefe de zona de control del orden público.

De aplicarse la sanción de suspensión, no pueden ejercer sus cargos ni hacer clases en la escuela de Carabineros, entre otras restricciones.

El sumario estuvo centrado en el uso de gases antidisturbios en las cercanías de los hospitales en Félix Bulnes, Exequiel González Cortés, Gustavo Fricke y la Clínica Santa María entre el 4 y el 11 de noviembre de 2019, el cual está prohibido de acuerdo al protocolo.

Otro aspecto fue el uso de escopetas antidisturbios en Plaza Baquedano y sus alrededores entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, pese a que existían dudas sobre la composición de los balines arrojados por las escopetas.

Luego de que por segunda vez el exdiputado Hugo Gutiérrez no se presentó a la audiencia de formalización fijada por el Juzgado de Garantía de Iquique, la Fiscalía de esa ciudad decidió no pedir una nueva fecha y presentar directamente un requerimiento para juicio simplificado.

Así, el Ministerio Público daría por cerrada la investigación y presentaría cargos contra Gutiérrez por los delitos de amenaza previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública.

El excongresista, tras ausentarse, dijo ayer: "No me estoy escondiendo de nadie, no soy un fugitivo, por el contrario, donde me quieran encontrar me van a encontrar, porque además pasa algo muy patético e irónico. Soy candidato a constituyente, ando en la calle, ando en las ferias, ando en las plazas, ando en todos lados. Si se dicta una orden de arresto, ellos tendrán que tomar las medidas del caso y, si en su oportunidad tienen que detenerme, me tendrán que detener".

Añadió: "Yo no quiero que eso ocurra, porque para dictar una orden como esa, efectivamente tengo que estar en la calidad que ellos dicen que estoy, de fugitivo, y no obstante que estoy acá en Villa Francia (Santiago), no estoy en calidad de fugitivo".

La investigación contra el abogado y militante del Partido Comunista tiene relación con hechos sucedidos el pasado 8 de agosto, cuando él junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de la playa Cavancha, en Iquique.

Ante el intento de control sanitario, el entonces legislador respondió: "A mí no me pueden controlar, yo soy más autoridad que usted. Yo lo controlo a usted. Ustedes están controlando a una autoridad de la República, ustedes decidan, ustedes no pueden controlarme, lo siento". Tras conocerse la situación, comentó: "Me siento agredido, de verdad acosado de manera indebida".

No pudo ser ubicado

En la audiencia de ayer, el magistrado Frederick Roco dijo que el imputado no pudo ser ubicado en ninguno de los domicilios que aportó la Fiscalía, tanto en Iquique como en Valparaíso, y que en su domicilio particular en la ciudad, en varias oportunidades familiares expusieron que vivía ahí pero no se encontraba.

"Solicitamos audiencia de formalización para que el exdiputado, al igual que cualquier otra persona del país que es investigada por un delito, conociera de esta investigación, pudiera aportar medios probatorios e incluso declarar, pero entendemos que si hasta la fecha no ha concurrido es porque no le interesa participar, por eso procederemos a ubicarlo e identificar su domicilio con la policía y luego a presentar un requerimiento simplificado", dijo el fiscal Eduardo Ríos. El persecutor aclaró que si la policía no puede ubicar al imputado, se solicitará al tribunal la orden de detención respectiva.

En el requerimiento de procedimiento simplificado, la Fiscalía presentará los cargos contra Gutiérrez y las pruebas.