Franco Bruna Diaz

El miércoles 27 de enero, un furgón fue descubierto con 18 venezolanos hacinados en su interior en la Ruta 1 Norte. El vehículo había sido adaptado para el tráfico de personas.

Dos días después, dos sujetos a cargo de una fotocopiadora en Tocopilla fueron arrestados por la venta de pasaportes y permisos de comisaría virtual falsos. Carabineros de la Cuarta Comisaría de la ciudad revisaron el negocio tras notar una larga fila fuera del lugar, compuesta mayoritariamente por extranjeros.

Son solo dos de los hechos descubiertos en la semana anterior y que reflejan la complejidad que ha tomado la crisis migratoria en medio de la pandemia.

Lo sucedido durante enero, con varios casos descubiertos de "coyotaje", parece ser la capitalización de una problemática que está lejos de solucionarse. Según cifras del Ministerio del Interior, fueron 13.656 los inmigrantes que entraron al país de manera clandestina en 2020. Esto fue un aumento notorio en comparación a 2019, cuando la cantidad rondaba los ocho mil.

El alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, expone lo difícil que ha sido enfrentar estos hechos: "Doy fe de que me tocó vivirlo cuando viajé a Iquique. Algunos kilómetros más allá de la aduana habían muchos vehículos esperando a la gente para llevarlos a nuestras ciudades. Este tema es delicado porque no hay suficientes controles sanitarios que fiscalicen esto".

Querella

La gravedad de la situación ha llevado a que las autoridades anuncien aumento de las fiscalizaciones y coordinaciones entre entidades. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se han hecho parte de las revisiones en los sectores fronterizos de la región y la Intendencia de Antofagasta informó que está trabajando junto a su par de Tarapacá para encontrar soluciones.

El intendente regional Rodrigo Saavedra, aseguró que las fiscalizaciones habían aumentado y que se perseguiría a los responsables de falsificar documentos.

"Vamos a presentar una querella el día lunes (hoy) para que esos delincuentes sufran las consecuencias del peso de la ley y así no se aprovechen de las personas que vienen cruzando cuatro países y que se encuentran desesperadas por mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos", declaró.

Sin embargo, es difícil considerar si estas medidas podrán causar efectos a corto plazo, considerando la situación de vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas que se suma al momento crítico que vive la región a causa de la pandemia del Covid-19.

Críticas y propuestas

Ante la urgencia de la situación, distintas autoridades regionales han hecho propuestas para paliar esta crisis. Luis Moyano asegura haber puesto una solución sobre la mesa desde hace tiempo, pero que ha sido ignorada.

"Estoy molesto con lo que ha pasado en la región, porque los alcaldes no hemos sido escuchados. Yo hablé con el ministro del Interior en Antofagasta hace un par de meses y toque este tema. Propuse contratar buses para trasladar gente a su destino final. Predije lo que venía, propuse la solución y no me hicieron caso", señala el edil.

Además señala que "según el gobierno, están estudiando que un privado ponga los buses. Pero estamos en una emergencia. Si no aplicamos esto, esta gente va a estar de ciudad en ciudad, en medio de la cuarentena, sin medidas sanitarias, y van a crear polémica por mucho tiempo".

El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, la solución está en destrabar la controversia generada por la Ley de Migración propuesta por el gobierno, la cual fue bloqueada por el Tribunal Constitucional.

"Nosotros queremos tener la casa ordenada donde los migrantes, y es la gran diferencia que hará la ley, pueden decir cuales son realmente sus intenciones antes de venir. Esto hace un llamado a las personas que entran de forma ilegal, haciéndoles entender que terminadas sus cuarentenas o procesos judiciales, inmediatamente serán deportados a sus países de origen", declara el parlamentario.

Castro pidió en la semana un informe a la PDI que especifique cuántos de los extranjeros fueron expulsados del país por causas delictivas en los últimos tres años.

"Aún no he recibido ninguna respuesta, pero lo que sí he pedido es que también se me haga llegar toda la información sobre qué están haciendo las Fuerzas Armadas para apoyar en esto. Deben prestarle toda la ayuda logística, de transportes y tecnologías como satélites y drones para poder parar con el tráfico de migrantes", agrega.

Por su parte, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, cree que es necesario poner un foco en quienes están actuando como coyotes. "Se debe proceder con la captura de estos delincuentes que están siendo facilitadores para que ingresen las personas a nuestro país de forma irregular, que además son irresponsables, porque los ingresan y los dejan botados y varados", índica Hernando.

La diputada también desliza una crítica a las autoridades centrales por su manejo de esta crisis: "La verdad es que las medidas han sido absolutamente inefectivas. Ni siquiera han sido lo suficientemente difundidas. No sirve de nada que los intendentes conversen si no están coordinados con los alcaldes".

"Si no aplicamos esto (traslado en buses para los migrantes hacia su destino final), esta gente va a estar de ciudad en ciudad, en medio de la cuarentena, sin medidas sanitarias"

Luis Moyano, alcalde de Tocopilla

La exalcaldesa Karen Rojo, condenada a 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco, dio una entrevista al medio nacional La Tercera donde por primera vez se refirió a la sentencia y a una supuesta persecución política en su contra.

Cabe mencionar que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta determinó en su sentencia que la exjefa comunal contrató los servicios del asesor José Miguel Izquierdo y su empresa Main Comunicaciones para mejorar su imagen, con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

La defensa de Rojo presentó un recurso de nulidad en la Corte Suprema, para intentar anular el juicio.

La entrevista de Rojo parte señalando que, "viví un proceso judicial muy distinto a lo que se expresó en el fallo. Demostramos en el juicio las contradicciones que tenían los mismos testigos estrella que usó el fiscal para sustentar su tesis (...) el tribunal impuso una sanción muy drástica cuando quedó comprobado que los trabajos (de la asesoría cuestionada) fueron realizados y que eran necesarios. No tuvimos la oportunidad de defendernos".

La químico-farmacéutica puntualizó que, "no tuve ni siquiera la oportunidad de contar mi versión ante el funcionario de la PDI (Nelson Cea) que llevó la investigación. Nunca se me tomó una declaración, cuando yo era la imputada (…) me llama la atención que el fiscal haya sido capaz de sólo basarse en un hecho y no ser capaz de escuchar el resto de las versiones, mis argumentos o a otros testigos que vieron que se hicieron las asesorías".

Cabe señalar que Rojo usó su derecho a guardar silencio durante el juicio oral.

"Hay una intención detrás de este proceso, porque no es posible que un funcionario de la PDI y un fiscal se enamoren de una hipótesis y no tengan una visión más amplia de este proceso, más de 30 testigos dijeron que los trabajos de asesoría se hicieron y el fiscal usó solo a cuatro testigos, bastante cuestionados, que cambiaron sus versiones", acotó en la entrevista.

"han intentado sacarme"

Sobre las implicancias de este caso, Karen Rojo sostuvo que, "desde que llegué a la política han intentado sacarme una y otra vez del cargo. Cuando se presentó la oportunidad de ser candidata, el primer impedimento que tuve fue que un partido político falsificó mi firma para impedir que me presentara como independiente, lo que finalmente pude demostrar. Desde un comienzo he tenido inconvenientes. Hay muchos intereses creados para que Karen Rojo no esté en la política".

En cuanto a los hechos que le fueron atribuidos, la exalcaldesa enfatizó que la contratación de Izquierdo fue para mejorar la imagen de la CMDS y no a favor de su carrera política. "Lo que hizo Izquierdo fue asesorar a la corporación en sus comunicaciones internas y externas (…) Por supuesto que no utilice esto para fines personales".