El aporte de las Universidades al proceso constituyente en curso es una obligación de las casas de estudios, de sus académicos y estudiantes. Son cinco temas en los que se va a centrar la discusión que viene y en los que necesariamente debemos participar. El primero de ellos es la forma de Estado que nos queramos dar que, al parecer, hay consenso de que es unitario, pero con apellido para algunos. El segundo se relaciona con el régimen de Gobierno, presidencial, semipresidencial o parlamentario, discusión muy interesante porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades.

El tercero abarca el reconocimiento o profundización de los Derechos Fundamentales y su forma de protección, especialmente de los llamados derechos de la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos que se remontan al siglo 19 y encarnan, según Vasak el valor de igualdad. Es una visión de igualdad de oportunidades, incluso de resultados, que está subyacente en ella.

Un cuarto tema será el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, discusión que no se centrará en el reconocimiento de ellos, sino en su significado y amplitud, encontrándose en este punto el disenso. Por último, un tópico insoslayable será el Tribunal Constitucional, nacido en el año 1970, su necesidad quedó de manifiesto en la propuesta transversal de varios académicos de su pertinencia y urgencia para el control de constitucionalidad tanto en forma como fondo. En ello se debatirá para algunos su desaparición, mientras que, para otros, con mayor moderación, los argumentos tendrán relación con cambiar la forma de nombramientos de los ministros, su número impar en la actualidad y el control preventivo de constitucionalidad.

En todos y cada uno de estos temas debemos como académicos entregar nuestras opiniones, enriquecer el debate y aportar con conocimiento, datos e investigaciones para que resulte la mejor Constitución para el país.

La Universidad no debe estar ajena a este momento histórico.

Es un hecho que Chile Vamos, la coalición oficialista, ha estado bastante fragmentada, pero sigue ofreciendo gobernabilidad. El presidente está bajo una presión considerable. Sin embargo, el gobierno no es responsable de la crisis sanitaria ni de la crisis social del año pasado, y por cierto, cabe recordar que de los últimos 30 años, durante 24 gobernó la centroizquierda.

El 2020 se especuló mucho con una eventual salida de Sebastián Piñera, sobre todo por parte de la oposición, lo cual parece un planteamiento nimio pues no significaba automáticamente que la centroizquierda ganaría las nuevas elecciones. A todas luces, lo responsable es encontrar soluciones dentro del propio sistema. Nos guste o no, el presidente Piñera terminará su mandato y esto es to correcto desde un punto de vista democrático, y de las libertades garantizadas por el sistema republicano.

El problema actual de la política chilena es su dispersión. Ya no existen grandes bloques compactos como en el retorno a la democracia, sino sectores atomizados que buscan acuerdos sólo circunstancias, cortoplacistas. En este ámbito, la oposición en Chile tiene varias dimensiones; una es generacional. Por otra parte, hay un grupo que rechaza los acuerdos transicionales pos dictadura, y que ellos consideran espurios, mientras otro grupo los ve como consensos de gobernabilidad. También están los que valoran las instituciones de representación política, los partidos o los sindicatos, y quienes las consideran meros instrumentos de sofocación de la energía de los fuertes cambios sociales que proponen. Ninguna de estas dimensiones de oposición logra una articulación unitaria y el proceso constituyente no ha implicado un acuerdo político transversal. Es prácticamente imposible el surgimiento de una oposición férreamente unida, pues los objetivos políticos a largo plazo son demasiado diferentes entre sus dos principales bloques. La izquierda más radical tiene una visión de mundo que choca con el ideario político/filosófico de la centroizquierda tradicional, visión que debe considerarse como anti-libertaría en muchos aspectos (económicos, sociales y otros).

Chile se enfrenta a grandes desafíos: hay que superar la crisis sanitaria y poner la economía en marcha, un emprendimiento de enormes proporciones. El 2021 es un año con muchas elecciones y una Constitución que debe ser reescrita con visión de largo plazo.

Más temprano que tarde será necesario romper con el pensamiento clásico de los bloques tradicionales y establecer una fuerza de centro que unifique la experiencia económica con la necesaria responsabilidad social. La oposición, o una parte mayoritaria de ella, seguramente está consciente que la institucionalidad le debe su legitimidad, entre otras cosas, a su eficacia, y si la democracia no demuestra ser eficaz en solucionar los problemas de la vida cotidiana, se pone en riesgo su existencia.