Durante la primera semana de enero el país se enteró con indignación de que en el balneario de Cachagua, en la Región de Valparaíso, hubo masivas fiestas de Año Nuevo que no fueron fiscalizadas y que, según se supo después, convirtieron a la comuna de Zapallar en un importante foco de contagio de covid-19.

A esas alturas ya había rechazo generalizado por este tipo de situaciones, que se habían repetido en diferentes comunas de Chile y con intervención policial en eventos, como el mediático caso de Espacio Broadway durante los últimos días de diciembre de 2020.

Sin embargo, las fiestas no ceden: ha habido desde matrimonios hasta carreras a la chilena en el campo sureño.

Ayer, tras conocerse que nuevamente en Cachagua se realizó una fiesta en la que 20 personas fueron detenidas, el Gobierno reaccionó y anunció que se evalúan nuevas medidas para castigar a los infractores de las reglas sanitarias impuestas a causa de la pandemia.

Trabajos comunitarios

"Hay que tomar medidas distintas, hay algunas medidas que se pueden ir tomando: por ejemplo, la ley permite que las personas que sean condenadas en hechos como las fiestas clandestinas tengan penas alternativas, como hacer trabajos voluntarios", apuntó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

El secretario de Estado también enfatizó que "hay que empezar a pensar en otras medidas para las personas que sienten cierto desprecio por su salud, y tenemos que avanzar en que estas personas que son condenadas y tanto asistentes como organizadores tengan que hacer un trabajo voluntario".

Para detallar, el jefe de gabinete dijo que se trataría de "un trabajo voluntario en donde tenga que ir a lugares, por ejemplo, en el que tengan que atender enfermos" con covid-19.

Aplausos y críticas

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, valoró el planteamiento de Delgado y aseguró que "nos parece que es una medida interesante. Que los jóvenes que hoy día están participando en estas fiestas clandestinas tengan la oportunidad de empatizar con las situaciones sanitarias que estamos viendo en nuestro país".

"Obviamente son propuestas que hay que evaluar siempre y cuando no implique un riesgo ni para los jóvenes ni para los pacientes", añadió la autoridad sanitaria.

Desde la oposición el diputado Matías Walker (DC) criticó el anuncio de Delgado, pues es una medida que está vigente y se debería aplicar: "Ministro del Interior propone que quienes incumplan medidas sanitarias realicen trabajos comunitarios... esto ya lo aprobamos en la Ley, por infracción al art 318: 'Será aplicable preferentemente la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad'".

Récord de permisos

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Esteban Díaz Urbina, informó de 17 fiestas clandestinas descubiertas por la policía el último fin de semana y de un total de 148 de estas celebraciones desde el inicio de la pandemia, las que han dejado un total de 2.541 detenidos.

"Estos irresponsables no solo se exponen a contagios, también pueden terminar pagando fuertes multas. Tendrán antecedentes policiales por haber cometido un delito contra la salud y podrían ser los responsables de la enfermedad o la muerte de sus familiares", dijo el oficial. En cuanto a los permisos de vacaciones, el lunes se registró otro récord diario, con 97.772 documentos solicitados.

148 fiestas clandestinas ha descubierto Carabineros desde el inicio de la pandemia: 2.541 detenidos.

Por 82 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, más conocido como Fogape 2.0 o "Fogape Reactiva".

La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado y por la misma cámara baja en una instancia previa, por lo que ahora fue despachada y quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo.

El texto busca potenciar la reactivación económica mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para las empresas de menor tamaño.

El Fogape es un mecanismo a través del cual el Estado garantiza el capital entregado en los créditos que otorgan las instituciones financieras.

Entre las modificaciones aprobadas por los diputados se encuentra una indicación presentada por el Ministerio de Hacienda, que establece que el interés a cobrar por la banca de manera anual no podrá ser superior a la Tasa de Política Monetaria (TPM) más un 0,6% mensual, es decir una tasa de 7,2% anual.

Una de las medidas de apoyo que considera el Fogape 2.0 es la extensión del tope máximo de ventas netas anuales que se utiliza como requisito para acceder a la garantía del fondo. De manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, podrán acceder las empresas que facturen hasta 1.000.000 de UF, con lo cual aumenta el rango de empresas que pueden beneficiarse.

Por otra parte, la norma flexibiliza las condiciones de uso, permitiendo que los créditos se utilicen en el pago de deudas, inversiones y capital de trabajo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró el despacho de la ley. "Permitirá seguir expandiendo el crédito y apoyo a pymes a través de garantía estatal. Agradezco a la celeridad y aprobación de esta importante ley a la Cámara y el Senado", dijo.

Parlamentarios de oposición, en tanto, demandaron medidas más integrales y transferencias directas a las personas. "El mercado debe tener una inyección de liquidez dándole un ingreso a las familias que hoy no tienen empleo por la crisis, con eso las pequeñas empresas también se reactivan producto del comercio", manifestó, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista Gastón Saavedra.