Mayvonne Le Berre, reconocida geógrafa, define el concepto de "Territorio" como una porción de la superficie terrestre de la cual un grupo social se adueña para asegurar su sostenibilidad, su reproducción y por ende la satisfacción de sus necesidades vitales. Prolongando esta definición de "territorio", el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari van a introducir el concepto de "territorialidad" ¿Qué significa este último?

Partamos por su origen. Al observar a ciertos pacientes esquizofrénicos y autistas en la clínica donde trabajaba, F. Guattari pudo notar, durante los paseos cotidianos en los institutos donde eran tratados, que estos últimos al no poder hablar ni comunicarse, "marcaban" un determinado territorio haciendo y repitiendo siempre el mismo recorrido durante sus caminatas, en unas especies de idas y vueltas permanentes que se traducían concretamente a través de la aplicación reiterada de un idéntico esquema de trayecto. Por el intermedio de esa modalidad, los pacientes a través de las rutas y caminos que diariamente recorrían, trataban de delimitar un territorio, protagonizando un intento de tomar o recuperar la posesión y control del lugar en el cual ellos evolucionaban. Obviamente, este proceso de intento de recuperación del espacio, acá descrito, ocurría en un nivel que era más del orden de lo simbólico que de lo efectivo.

Inspirándose de estas observaciones, G. Deleuze escribirá en 1980: "el territorio es en realidad una acción que afecta los ambientes y los ritmos que 'territorializan' a este mismo. El territorio es producto de una 'territorialización' de los ambientes y ritmos. Resulta lo mismo preguntarse ¿cuándo asistimos a una "territorialización" de los ambientes y ritmos?; que preguntarse ¿cuál es la diferencia entre un animal sin y un animal con territorio?. (...) Precisamente, se debe saber que hay territorio solo cuando los componentes de dicho lugar dejan de ser direccionales para volverse dimensionales, cuando estos últimos dejan de ser funcionales para volverse expresivos".

Aplicando este prisma a Antofagasta, forzoso es constatar que desde ya numerosas décadas, este proceso voluntario de "territorialización" ha sido en gran parte abandonado. Ese imprescindible conjunto de acciones que emanan a su vez de un conjunto de actores que le entrega significado al territorio, son muchos más escasos y menos estructurados que en un tiempo pasado y cuando paradójicamente los recursos eran menores. Y los ejemplos que ilustran aquello son muy numerosos. Desde la vigencia, que ya no es, de una Escuela Normal en la ciudad (creación de patrimonio educativo, cultural y simbólico) pasando por las recordadas obras sociales fruto de grandes nombres de la zona que ya no son, para llegar a la escasez de obras concretas, como la construcción de una municipalidad, que no se repiten desafortunadamente lo suficiente (representación patrimonial de territorio), etc. Si no se hace una honesta introspección por parte de los actores involucrados que reconozca la clara repetición de acciones y políticas que son por lo esencial meramente funcionales y no funcionalistas, por lo demás solo en beneficio de algunos, y que no son para nada expresivas de una pertenencia, de una valorización y optimización de lo que es esta franja de tierra nortina, acá simplemente no habrá "territorio". Hoy, simplemente hay discursos y "proyectos de proyectos". De nada sirven los récords de extracción, las cifras macro económicas azules, los nombramientos de gente oriundas de la ciudad en los puestos de ministro y subsecretario de Minería, si la mayoría de estos hechos no se "territorializán". Y hoy, Antofagasta, en numerosos aspectos, parece una ciudad "des-territorializada". Es decir, somos por los que vivimos en esta zona, y según la semántica de Deleuze y Guatarri, "animales sin territorio".

Contra todo pronóstico, el país presentó un incremento de poco más de 1% en la tasa de natalidad durante 2018, según datos del Anuario de Estadísticas Vitales del INE. Las cifras precisan lo siguiente: nacieron un total de 221.731 menores en el periodo, 2.545 bebés más que en 2017 (219.186), de los cuales un 14% corresponde a nacimientos de hijos de mujeres extranjeras en el país.

La cifra, si bien es marginal, pone fin a cuatro años de constantes indicadores a la baja en materia de nacimientos en Chile, donde la Tasa Global de Fecundidad (TGF) o número promedio de hijos por mujer llegó a un mínimo histórico de 1,6 nacimientos por cada madre que tuvo a su hijo en el país durante 2017.

Con todo, la cifra da cuenta que no se cumple la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer), es decir, no hay nacimientos suficientes para incrementar la población.

Las estimaciones y proyecciones de la población en Chile 1992-2050 realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) explicitan el fenómeno: los chilenos somos cada vez más viejos, mientras la tasa de natalidad se ha reducido casi al mínimo.

Lo anterior plantea desafíos tremendos en políticas públicas y obras de todo tipo. Las pensiones son un asunto muy relevante, pero también la salud, la vivienda, la disposición de tiempo, ocio y entretenimiento para este segmento. Las ciudades deberán tener nuevos diseños, el transporte, entre otros.

En salud habrá que avanzar hacia la consecución de especialidades que serán cada vez más demandadas. Gerontólogos, especialistas en diabetes, en aspectos óseos, musculares, solo por nombrar algunos, simplemente porque el número de ancianos aumentará.

Chile será muy distinto a lo que conocemos. Y para advertir aquello solo basta recordar que la población nacional ya es muy diferente a lo que se registraba hace treinta o cuarenta años cuando las familias tenían tres o cuatro hijos.

El asunto es muy complejo y debe abordarse en todas sus dimensiones: desde cómo apoyar a las familias en sus gastos, hasta en cuestiones inmigratorias y ya no puede seguir perdiéndose tiempo.

Escuchamos que la niñez es lo primero, pero no siempre es una realidad y menos aún cuando se trata de niñez migrante. Si bien sus derechos, de forma discursiva, son una prioridad, en la práctica, el acceso a éstos depende en gran medida de su estatus migratorio, lo que genera un alto grado de vulnerabilidad.

Por décadas, el no tener un RUT implicaba que estos niños/as y jóvenes (NNJ) se encontraran con diversos obstáculos para acceder a la educación y otros sistemas de protección. Por ello, a través del tiempo se fueron creando identificadores provisorios como el RUT100 (2005) o el IPE (2017), los que se han instalado como medidas temporales, generando una ilusión frente al acceso a derechos y postergando una protección real e integral para ellas y ellos, cuestión que sólo se resolvería con una adecuada Ley migratoria.

Durante 2020, en un sector específico de la Bonilla, como SJM descubrimos 288 NNJ migrantes inscritos con IPE y en situación de irregularidad. Situación que vulnera sus derechos, porque a pesar de acceder a salud y educación, tienen pendiente su "reconocimiento legal" de pertenencia a esta sociedad -no cuentan con un RUT- y por esto no se pueden inscribir en el Registro Civil o en el Registro Social de Hogares y pierden el acceso a beneficios como la asignación familiar, el bono de aporte familiar permanente, y en instancias -como la pandemia y la cuarentena- no pueden acceder a las canastas JUNAEB, convirtiéndose en ciudadanos de segunda categoría, sin garantías al principio de igualdad y no discriminación.

Esta situación se agrava cuando cumplen 18 años aún cursando la educación media, pues aunque puedan graduarse con el IPE, no pueden regularizar su situación migratoria fácilmente y pierden el acceso a becas, créditos y gratuidad para la educación superior al no poder postular al FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica).

Muchos son los responsables de esta situación. En primer lugar, el Estado debe facilitar las estructuras y herramientas para que las instituciones involucradas puedan ejercer mejor su trabajo.

En segundo lugar, los establecimientos educacionales y familias migrantes también deben interiorizarse sobre el proceso de regularización migratoria y los obstáculos que pueden existir. Y, finalmente, las organizaciones sociales migrantes y pro migrantes igualmente debemos seguir incidiendo para que no se vulneren más los derechos de la niñez y juventud migrante que viene a Chile en busca de un mejor futuro.