Cristián Venegas M.

Pocos anuncios generan tanta expectativa y a la vez tanta controversia como la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) que estará emplazado en Antofagasta y que Corfo resolvió la semana pasada en favor del consorcio estadounidense Associated University Inc. (AUI), que integran entre otras Harvard, Princeton y Yale.

Decisión que sigue generando críticas y reacciones desde el mundo académico, e incluso político, sobre todo porque se desestimó la propuesta de Alta Ley que integran ocho centros de investigación e I+D y 11 universidades nacionales, entre ellas la Católica del Norte y Antofagasta, además de la AIA.

Adjudicación que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas asegura que se sustenta en argumentos técnicos, como el desarrollo de nueva infraestructura que, a diferencia de la Corporación Alta Ley, considera la propuesta de AUI que desarrollará seis nuevos laboratorios en la región.

¿Son desinformadas las críticas que ha recibido el proceso de adjudicación y la propuesta de AUI?

- Siempre estamos abiertos, porque este es un proceso transparente, a que la opinión pública pueda requerir información. Lo importante es que ayer (lunes) se hicieron públicas las razones que tuvo el Consejo de la Corfo para tomar la mejor decisión para la región de Antofagasta y para Chile, y eso por supuesto que resolverá muchas de las dudas que legítimamente plantearon algunos actores.

Argumentos que, por lo demás, parecen ser bastante sólidos.

- Así es, porque nosotros hicimos esto pensando siempre en lo mejor para la región de Antofagasta y en el acta, que se dio a conocer, queda claro que esta es la mejor propuesta para la región, dado que va a contar con nueva infraestructura, no existente y que se instalará en la región, van a ver seis laboratorios disponibles para el desarrollo de tres industrias principalmente: las relacionadas con la energía solar; el litio; y las relacionadas con la minería sustentable, la minería verde.

¿Por qué para el Consejo fue tan importante que la infraestructura estuviera en Antofagasta?

- Porque es en la macrozona norte, y principalmente en la región de Antofagasta, donde está la principal radiación solar del mundo, donde están las principales reservas de litio del mundo, y donde está uno de los distritos mineros más importantes del mundo.

Es por eso que la Corfo le dio mucha importancia, y fue uno de los factores preponderantes en la discusión del Consejo, que las propuestas consideraran infraestructura nueva en la región de Antofagasta.

Entonces cuando ves y comparas la propuesta de AUI, con la segunda más competitiva que es la de Alta Ley, el Consejo estima que la infraestructura que ofrecía la propuesta de Alta Ley estaba disgregada a lo largo del territorio nacional, porque es infraestructura que ya tienen las universidades que formaron ese consorcio y, por lo tanto, eso a criterio del Consejo debilitaba lo que se quiere potenciar. Ese fue un factor determinante a la hora de resolver la adjudicación en favor de AUI.

¿Qué otro factor fue determinante para el Consejo de Corfo?

- Otro de los criterios que también cargó la balanza a favor de AUI fue la inversión pecuniaria, el aporte monetario que cada una de las propuestas ofrecía, que en el caso de la AUI es de 104 millones de dólares y el de Alta Ley era de 27,5 millones, por lo tanto la inversión que va a recibir la región de Antofagasta es muy superior en el caso de la AUI que la segunda propuesta que competía de Alta Ley que reúne el consorcio de las universidades chilenas.

En lo inmediato, AUI debe trabajar en la elaboración de los estatutos de la personalidad jurídica, chilena, sin fines de lucro, que va a operar en la región de Antofagasta el Instituto de Tecnologías Limpias.

¿La propuesta de AUI entrega espacios de participación a las universidades locales, como el caso de la UCN o la Antofagasta?

- Por supuesto, es importante que sepan en la región de Antofagasta, que la Associated University en su propuesta de gobernanza, es decir, cómo va a integrar su directorio, se detalla que entre los siete integrantes el representante de la universidad tiene que ser de la macrozona norte, y que los tres representantes de la industria, dice la propuesta, que también tienen que ser de la macrozona norte.

Por lo tanto, el directorio del ITL que ellos proponen era más regionalista y en beneficio de la macrozona norte que las otras propuestas.

"Poner orden en nuestra casa" es el objetivo, según el presidente Sebastián Piñera, del decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar labores de apoyo en el control migratorio. Específicamente, la norma apunta a la fiscalización de los pasos no habilitados ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se producen ingresos de migrantes de manera ilegal.

"Estamos ampliando la colaboración de las FF.AA. con las autoridades civiles, con las fuerzas de Orden y Seguridad, no solo para combatir narcotráfico y crimen organizado, sino que ahora también para combatir la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que efectúan bandas de crimen organizado", dijo Piñera.

"Estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, poner orden en nuestra casa y para tener una política migratoria que favorezca la inmigración regular y combata la irregular", agregó el mandatario.

Según la PDI, los imputados por tráfico de inmigrantes aumentaron en más de 25% entre 2019 y 2020, ilícito que por lo general implica que los extranjeros sean sometidos a situaciones que ponen en riesgo sus vidas y en las que se vulneran sus derechos fundamentales. Extranjería, en tanto, registra el ingreso de ocho mil migrantes clandestinos en 2019 y 13.000 sólo hasta noviembre de 2020.

La norma firmada por Sebastián Piñera es una modificación al Decreto 265, publicado en agosto de 2019, y cuyo objetivo es disponer la colaboración de los uniformados con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología en actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional. No obstante, el decreto no permite la intervención de las FF.AA. en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones exclusivas de las policías.