Tal como se preveía, las ciudades de Antofagasta y Mejillones entrarán a cuarentena a partir de mañana, debido a los pésimos resultados de contagios por coronavirus vividos en las últimas semanas.

Desde el pasado 25 de diciembre la cifra de enfermos por covid-19 se acerca a las 3.000 personas, mientras que la ocupación de camas críticas supera el 95% a nivel regional, con colapsos puntuales en el hospital Leonardo Guzmán. Esto explica también el retroceso a fase 2 de Calama, comuna que si bien no tiene los niveles de contagios de las ciudades señaladas, también muestra un incremento en las cifras de infectados.

Debe entenderse que la red de salud regional funciona como un sistema integrado y lo que ocurra en un territorio específico, termina afectando a todo el conjunto, es decir, si los casos muestran incrementos en Antofagasta, por ejemplo, repercutirán en las decisiones que se tomen en Calama y viceversa. Ello explica las restricciones anunciadas por la autoridad.

Se buscarán culpables de lo acontecido, eso parece inevitable; por un lado está la decisión casi anacrónica de la autoridad de autorizar permisos de vacaciones cuando la situación comenzaba complicarse en prácticamente todo el país; y por otro, un relajo evidente de la población que después de casi un año sometido al virus, ha tendido a perder el temor, de manera peligrosa. Hoy por hoy buena parte de los contagios ocurren en espacios cerrados, cuando familias o amigos se reúnen en instancias poco aconsejables. Hay que insistir en que el grueso de las personas afectadas por el covid-19 son asintomáticas y no enfrentarán problemas mayores, pero son ellas las que propagan el virus con mayor facilidad y pueden afectar a personas sensibles o en una condición sanitaria desmejorada.

Lo que viene ahora son, probablemente, treinta días de encierro en la capital regional y Mejillones y restricciones de fin de semana en Calama. El llamado a la población es a cuidarse y respetar estas exigencias; la vida está en juego y esta es sagrada. La principal responsabilidad es de las personas, de las familias; el autocuidado, la tranquilidad y el respeto por el otro son fundamentales para poder salir de esta crisis.

Hemos presenciado en los últimos días el inicio del proceso de inoculación contra el covid - 19, en primera instancia en nuestros profesionales de la salud, los verdaderos héroes de esta pandemia. El despliegue del proceso de vacunación es una buena noticia para nuestro país, ya que también existe claridad sobre las fases de inoculación. No obstante, la gran controversia del proceso será la bioética y el individualismo característico de la sociedad; la tendencia a pensar en las propias preferencias por encima del bienestar colectivo.

Por ello, es deber de nuestras autoridades sanitarias internacionales y locales considerar varios de los principios planteados por la bioética para transformar la vacunación en un evento exitoso.

En términos bioéticos, el Gobierno y los diferentes actores involucrados (academia, organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas y ciudadanos) deberán estimular una campaña comunicativa y promocional que sensibilice a la población respecto a los beneficios de adquirir la vacuna. De esta forma, se contribuirá al cumplimiento del principio de la "Beneficencia", que desde la bioética se entiende como la obligación de actuar en beneficio de otros, en este caso, de pacientes y familias. Por ello, también se debe tener claridad en anticiparse a posibles cuestionamientos a eventuales efectos adversos de la vacuna, lo que implica considerar el principio bioético de "No maleficencia", en donde los perjuicios deben ser menores (o casi nulos) en relación al beneficio que adquieren las personas al someterse al procedimiento preventivo de la vacuna.

Un aspecto no menor y que se entrecruza con el individualismo, es el principio bioético de "autonomía". Éste se caracteriza por respetar las preferencias del paciente respecto al manejo de su salud. Desde este punto de vista resulta legítimo que los ciudadanos puedan rechazar la inoculación. Por lo tanto, un precepto importante para reducir los grados de autonomía que pudiesen presentarse es difundir con ahínco los beneficios de la vacuna (aplicando al principio de la "Beneficencia") en cuanto a permitirnos desarrollar, en un período no lejano de tiempo, una vida relativamente normal permitiéndonos interactuar de forma menos normativa; y en los posible, asegurar, mediante estudios realizados por equipos internacionales o nacionales respecto a los mínimos efectos colaterales que podría tener la vacuna al ser administrada en personas (apelando al principio de la "No Maleficencia"). Lo anterior es relevante considerarlo, especialmente si analizamos los resultados de la encuesta desarrollada por Ipsos, aplicada a casi 20.000 adultos de 27 países (en nombre del Foro Económico Mundial), en donde 7 de cada 10 chilenos plantea su intención de vacunarse. Aunque el dato es alentador, quienes se muestran reacios a hacerlo señalan como principales motivos: los efectos secundarios de la vacuna (52%); su nula efectividad (20%); la creencia de que no tienen riesgo de contagiarse (19%); mientras que un 18% declara no estar a favor de las vacunas en general.

Finalmente, debemos considerar que el principio de autonomía es uno de los más fuertes en la sociedad chilena. Basta con revisar la historia sociopolítica reciente. La frase "nadie me puede obligar a nada", "soy libre de tomar las decisiones que quiero", "nada me va a pasar" son del todo respetables, pero alarmantes desde el punto de vista sociosanitario.

Sólo a través de una buena estrategia comunicacional, asentada en un trabajo técnico serio y visionario de parte de organismos nacionales e internacionales, podremos lograr la anhelada adherencia a la medida dispuesta por la autoridad sanitaria.

La respuesta tradicional de los economistas a las recesiones es invertir en infraestructura: involucra gasto público, pero atrae capitales privados y genera empleos. Sin embargo, ¿es la mejor forma de reactivar la economía post-pandemia en forma sostenible?

En Chile, hay más de cinco millones de edificaciones, dos tercios de las cuáles fueron construidas antes del 2000 sin estándares de eficiencia energética, por lo que necesitan tres veces más energía que una construida hoy, pues tienen tan mala aislación térmica donde el aire interior se recambia completamente cada 20 minutos. Lo mismo aplica en miles de escuelas y jardines infantiles.

Por otra parte, enfrentar el cambio climático requerirá grandes cambios en nuestra estructura productiva y estilos de vida. Sin embargo, ¿está la infraestructura preparada para estos desafíos? Probablemente, no. En este sentido, una reactivación sostenible, ¿no debiese enfocarse en mejorar la infraestructura existente? Probablemente, sí, en base a diversas experiencias exitosas. Un ejemplo es el cambio de las calderas de todos los hospitales de alta complejidad por sistemas eficientes, invirtiendo en torno a $200 millones por hospital, generando ahorros alrededor de los $100 millones por año, liderado por la AgenciaSE.

Otra iniciativa es la del MINVU con su programa de reacondicionamiento térmico de viviendas sociales construidas antes del 2000, para llevarlas a los estándares actuales. El programa invierte entre $3 y $5 millones por vivienda y reduce el gasto de energía entre un 30 y el 50%.

Hasta ahora, todo va bien pero, ¿cómo las financiamos sin comprometer significativamente el gasto público? Replicando diversos casos de éxito internacionales.

Un grupo de edificaciones requerirán que parte de la inversión sea pública: viviendas sociales; escuelas y jardines infantiles; porque más que ahorros significativos de energía, las inversiones permiten mejorar notablemente la calidad de vida de los ocupantes. Otro grupo de edificaciones públicas podrían utilizar modelos de financiamiento de "ahorros compartidos", muy exitosos en EE.UU. y Alemania, en que el que hace la mejora hace a la vez la inversión y cobra al usuario una cuota menor a los ahorros que se producen, por un cierto período de tiempo.

Podemos tener una recuperación sostenible que genere empleos, minimice el uso de recursos públicos, incentive la inversión privada, reduzca nuestras emisiones y prepare nuestra infraestructura a los nuevos desafíos; pero para esto aplica más que nunca, por muy cliché que sea, que "si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".