T ras cuatro años, desde el inicio de la investigación, ayer comenzó una de las últimas etapas en el proceso judicial que lleva adelante el Ministerio Público en contra de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a quien imputa los cargos de fraude al fisco y negociación incompatible.
En la misma causa, se acusa a Héctor Gómez, actual secretario municipal; y Edgardo Vergara, ex secretario ejecutivo de la CMDS, por el delito de fraude al fisco.
Pasadas las 8:30 horas el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dio inicio a los alegatos de clausura que durante la jornada estuvieron a cargo del fiscal regional, Cristián Aguilar, y el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Bonilla Lanas.
Cabe señalar que en los alegatos de clausura, las distintas partes (defensas, fiscales y querellantes) expondrán ante los jueces sus conclusiones sobre el caso, y la relación final de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas tras casi dos meses de juicio.
Fiscalía
En la instancia, el fiscal Aguilar realizó una extensa exposición de 28 puntos donde reiteró la tesis del Ministerio Público respecto a la concertación voluntaria por parte de Rojo y sus principales asesores para la contratación, mediante diversos "subterfugios administrativos", de la empresa consultora Main Comunicaciones, propiedad de José Miguel Izquierdo, con el objetivo de obtener una asesoría política-comunicacional que permitiera a Karen Rojo mejorar su percepción entre el electorado antofagastino, de cara a la reelección municipal que se desarrolló en octubre del año 2016.
Al momento del cierre de sus alegatos, Aguilar realizó dos peticiones subsidiarias al tribunal en la eventualidad que -para el caso de Karen Rojo y Héctor Gómez- no se consideren los elementos suficientes para la acreditación de los cargos de fraude al fisco en contra de la CMDS y la CCA.
Según, dijo el persecutor, la Fiscalía ha probado más allá de toda duda razonable, que la ex alcaldesa en su calidad de funcionaria pública, participó en el proceso que derivó en la contratación de José Miguel Izquierdo.
"En el caso de la CMDS dando la instrucción directa al secretario ejecutivo y en el caso de la corporación cultural contratando directamente según reza la firma del contrato en la misma, con miras a obtener un beneficio directo que no era más que aquel se desempeñara como asesor político comunicacional de doña Karen Rojo", sostuvo Aguilar.
El persecutor indicó que a diferencia del delito de fraude al fisco, la figura de negociación incompatible no requiere la materialización de un perjuicio fiscal, sino que se concurre cuando un funcionario público se involucra directamente en la celebración de un contrato que lo beneficia y donde goza de facultades decisorias en el mismo.
En su segunda petición al tribunal, y a propósito del origen público de los fondos con que se realizó la contratación, el fiscal solicitó que en el evento que el tribunal no diera por acreditado el delito de fraude al fisco, se recalificarna los hechos a Rojo y Gómez bajo el delito de estafa.
"Atendido que ha existido un engaño que ha distorsionado la realidad relacionado de causa efecto y que ha producido perjuicios. En consecuencia, pedimos al tribunal que lo tenga en consideración y proceda a condenar por esta figura, si fuere el caso de ambos acusados, respecto de la Corporación Cultural de Antofagasta", indicó Aguilar
Cde
A su turno, Carlos Bonilla, representante del CDE, recordó la jurisprudencia y similitudes que el mismo tribunal evaluó con ocasión del único juicio por fraude al fisco substanciado en contra de una autoridad electa, el ex alcalde Adaro.
"Dicho juicio oral es la primera y única condena que le ha correspondido aplicar a este tribunal por delito de fraude al fisco y tuvo características muy similares al presente juicio resultando condenado el mencionado ex alcalde y otras personas por haber contratado a través de la CMDS, y con fondo de ella, a asesores que realizaron sus labores en la municipalidad y no en la corporación", indicó.
Al término de su alegato, el representante del CDE hizo referencia a la "corrupción" que -aseveró - está estrechamente ligada a las faltas a la probidad que se acusa a los imputados.
"Si el político o el funcionario roban o defraudan impunemente el patrimonio del Estado. ¿Por qué el ciudadano común tendría que pagar impuestos? ¿Qué le impide mentir o hacer trampas? En el Estado de Derecho que rige el país, he aquí el gran papel de garantes que cumplen los tribunales en su función de velar por la supremacía constitucional y el correcto desempeño de la función pública", finalizó.
En la jornada de hoy se espera presenten los alegatos de clausura los abogados Jorge Bofill, Fidel Castro y Hugo León, representantes de Rojo, Gómez y Vergara, respectivamente.
