Este lunes comienza la tramitación en el Senado del proyecto de ley sobre el indulto general para los llamados 'presos políticos', pese al eventual veto anunciado por el Presidente Sebastián Piñera. La moción, presentada la semana pasada por los/as senadores/as de oposición Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PRO), Isabel Allende (PS) y Yasna Provoste (DC), busca la liberación de imputados y condenados por diversos delitos acontecidos durante el estallido social y hasta el 09/12/2020.
Esta iniciativa, que se debatirá en la Comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, ya se había instalado en la agenda pública a través de actores como Felipe Berríos s.j. y Benito Baranda, quienes pidieron una salida política a los menores detenidos durante las revueltas post 18/O. La propuesta no ha estado ausente de polémica y un debate de ideas se ha ido forjando en torno a la concepción de lo que Carlos Peña en su columna denominó 'La Falacia de la Bondad' (El Mercurio, 13/11/2020).
Las visiones judeo-cristianas y musulmanas de la teoría clásica política apuntan a la idea de que el/la hombre/mujer nacen buenos/as, y la creación de las leyes para regirnos tienen que ver más con un ordenamiento de la sociedad que la aplicación de estrategias coercitivas de las conductas individuales. Además, en la teoría moderna, Hugo Grocio (1583 - 1645), señala que el ser humano es racional y social con capacidad suficiente para autogobernarse; y, en Jeremy Bentham (1748 - 1832) o Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), el fin último de un Estado sería prácticamente la persecución de la felicidad de los/as ciudadanos/as. Sin embargo, el espacio común de Carlos Peña, se basa en la retórica del Estado Moderno y su auto-conservación a través de prácticas objetivas que van dejando fuera, cada vez más, al ser humano. Así, el proyecto antes citado es calificado por el opinólogo como un 'errado paternalismo eclesial o político' (Infogate, 13/11/2020).
Si bien no hay intención de contra-argumentar a Peña, es importante entender que las posiciones en política casi siempre son adoptadas desde nuestras lecturas más recurrentes, de nuestras nociones ideológicas, o de lo que decía mi profesor (Manuel Ortíz V.): 'me gusta o no me gusta'. Esta última afirmación también es reforzada por el biólogo chileno Humberto Maturana (2020), quien dice que nuestros argumentos más racionales esconden profundas emociones humanas.
El debate de ideas se ha ido extendiendo más allá del 'buenismo' de Carlos Peña, pues como expresa Ian Manners (2000), la transmisión de ideas no es 'napalm en Vietnam, sino el mar a la roca'. El mismo padre Berrios se desmarca del proyecto, pues él pide justicia y no indulto, dado que este último sólo sería un "saludo a la bandera" (El Mostrador, 14/11/2020).
El gobierno liderado por el Ministro del Interior califica el proyecto como 'oda a la violencia', al igual que el ex - presidente Eduardo Frei. La Fiscalía a través de una declaración pública rechaza el proyecto por considerarlo una 'gravísima señal' para todo el sistema judicial chileno.
En la otra vereda, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz ha expresado que el Presidente estaría 'amordazando el debate' (El Mostrador, 15/11/2020) con su intención de veto. Desde una actoridad internacional, la Diputada Carmen Hertz precisa que la moción "se basa en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos y se adecua a los estándares internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos" (La Tercera, 15/11/2020).
Mis preocupaciones al respecto se basan en que las ideas que están tiñendo las conversaciones políticas y públicas se están pensando desde el 'napalm en Vietnam'.
Las instituciones no han hecho un mea culpa del contexto que se vivió durante el estallido social, y que entre tantas consecuencias tenemos jóvenes, presos políticos o no, con medidas cautelares, restrictivas o privativas de libertad. Aquí, me pregunto si la idea de justicia del padre Felipe Berrios se refiere más bien al 'debido proceso' que no se ha cumplido en muchos casos. Peor aún, no será que las crisis de Carabineros también han impactado los debidos procesos judiciales, pensando que son las policías las que proveen de evidencia al Ministerio Público.
En una entrevista televisiva, la Machi Francisca Linconao aseguró que Carabineros mintió en las pruebas en su contra, criminalizando su proceso (La Red, 15/11/2020), y no es necesario recordar la Operación Huracán para entregar más ejemplos. Si las normativas internacionales en enfoque de Derechos Humanos se están actualizando a los escenarios cambiantes del mundo, las prácticas legislativas nacionales no se pueden quedar atrás, o la reforma procesal penal chilena no se puede comportar como el antiguo sistema judicial que dejó atrás, es decir, una política moderna con sayo viejo.