¿PRESOS POLÍTICOS?
Tony Mifsud S.J. académico Univ. Católica del Norte
Uno de los debates nacionales en la actualidad gira en torno al interrogante sobre si existen presos políticos en Chile. Aún más, algunos no sólo responden afirmativamente sino también establecen otorgarles un indulto. Esta postura no se encuentra sólo entre ciudadanos sino también entre algunos senadores de la República. Por ello, creo importante destacar dos puntos que son consecuencias implícitas en la respuesta: un régimen democrático y el modo de proceder en la política.
Hablar de presos políticos es desconocer el régimen democrático y declarar una dictadura. Los que hemos sufrido la dictadura de un gobierno militar sabemos muy bien, por experiencia, que estamos en un régimen muy distinto donde existe la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y la libertad de expresión. Obviamente, se hace cada día más evidente la necesidad de pasar de una democracia representativa a una más participativa, pero las limitaciones de la democracia actual no anulan ni niegan su presencia.
En segundo lugar, el recurso a la violencia niega la razón de ser de la política, que es literalmente la construcción de la ciudad (polis) mediante el diálogo y el arte de la persuasión.
Por cierto, la violencia causante de otras violencias como respuesta es más grave y éticamente inaceptable. Pero esto no justifica la respuesta violenta porque lo único que se consigue es un espiral sin fondo, llegando a la contradicción de entrar en una lógica bélica que no tiene límites ni restricciones. Se combate la violencia con las armas que ésta desconoce: la no violencia activa. El Movimiento Sebastián Acevedo fue un ejemplo valiente y notable al respecto.
La protesta sin propuesta es destructiva porque no construye para reemplazar lo demolido. La marcha pacífica es un modo de proceder político, pero la violencia que aparece durante o después de las marchas es simplemente una acción delictual porque destruye bienes públicos, dificulta la vida de los más vulnerables en la sociedad (por ejemplo, la quema de buses), obliga invertir grandes sumas en arreglos mientras muchas personas están sufriendo hambre e impone un ambiente de inseguridad que la sociedad rechaza. Además, los que quisieran presentar como una acción política esta delincuencia suelen afirmar que lamentablemente el cambio tiene un costo colateral que es preciso pagar. Ciertamente, no es de confiar una ideología que admite estar dispuesta a pagar un costo humano (¡ajeno y no propio) de inocentes para lograr sus objetivos. Insisto en hablar de "sus" objetivos porque hablan en nombre del pueblo sin haber sido elegido por él. Hablan "en nombre de", pretendiendo representación popular, sin haber sido ni elegidos ni nombrados popularmente. Esta es dictadura.
Estos dos puntos muestran que no estamos frente a una pura discusión de palabras, sino que cada una tiene implicaciones muy serias. No se trata de nominalismo sino de realismo. El correcto uso de las palabras es esencial para evitar confusiones y desorientaciones ciudadanas.
Colocar barricadas, destruir semáforos, quemar buses, saquear supermercados… son delitos. Hablar de presos políticos no corresponde a la verdad porque estamos en un régimen democrático y las acciones señaladas son claramente delitos que merecen sanciones ejemplificadoras para defender a la sociedad. Estas afirmaciones no quitan ni desconocen la importancia y la urgencia de atender a las causas que desataron la explosión social.