Ha concluido una nueva acusación constitucional, esta vez en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, quien se vio obligado a renunciar después de tener un severo revés en la Cámara de Diputados.

Una nueva acusación motivada por parlamentarios de oposición, acciones que parecen cada vez más recurrentes y que seguramente veremos en las próximas semanas y meses, en un país confundido, extremadamente politizado y dividido.

Tras poco más de doce horas de sesión el Senado determinó rechazar las tres acusaciones que pesaban sobre Pérez. Con esto se libró de quedar inhabilitado por los próximos cinco años de ejercer cargos públicos incluidos los de elección popular.

Así, y pese al amplio respaldo que tuvo en la Cámara, en donde la oposición se alineó tras el libelo que impulsó la Democracia Cristiana, éste no prosperó en la Cámara Alta, donde los senadores Jorge Pizarro, Francisco Huenchumilla y Felipe Harboe (DC y PPD) votaron en contra, mientras Carolina Goic, Jorge Soria y Guido Girardi se abstuvieron, entre otros.

Este tipo de acusaciones son una atribución de los congresistas, sin embargo queda la impresión que se está haciendo un abuso del mecanismo, más bien por una motivación política y de poder. Es esta otra de las expresiones de un país con escasa conducción, sin proyectos claros, lo que se amplifica por las torpezas del gobierno y la pequeñez de una centroizquierda que piensa que gana puntos con acciones de este tipo.

Ciertamente las graves violaciones a los Derechos Humanos deben ser investigadas y buscar responsables, ¿pero era el exministro Pérez -quien estuvo tres meses en el cargo- la persona para cargar los dardos?

Ciertamente el escenario de administración del poder es hoy complejo. Hoy se aprecia en varios congresistas un ánimo de cogobierno evidente ante la debilidad de un Ejecutivo sobrepasado, cuestión que no corresponde. Hasta ahora, seguimos entrampados en una maraña de absurdos, mientras los asuntos importantes no están en la discusión parlamentaria. ¿Cuándo tendrán tiempo para eso?

Una vez más, y dejando constancia que sus rastros se pierden más allá de las épocas de auge de las polvorientas calles del período salitrero, la agenda regional nuevamente ha sido dictada y copada desde la capital. Como región llevamos más de un año capturados por los movimientos y agenda pauteada desde el centro del país. Una vez más, la visión regional y, lo que resulta más importante, los proyectos e iniciativas regionales quedan guardadas en gavetas y duermen el sueño de los justos.

Una vez más nuestras autoridades y líderes regionales resultan incapaces de potenciar, siquiera mantener, los proyectos región que abordan las innegables necesidades y aspiraciones del territorio, por siempre postergadas y justas. Tal incapacidad históricamente ha cruzado por igual a todas las administraciones y autoridades, sin distinción de color o tendencia.

Además, no resulta aceptable que aquello resulte agravado por otras circunstancias, como por ejemplo que los representantes políticos de la región se ausenten del territorio y principalmente se encuentren avecindados en la capital. La mera y esporádica acción fiscalizadora de parlamentarios tampoco contribuye significativamente, sino más bien constituyen verdaderas anécdotas en el desarrollo regional. Por su parte, a nivel regional proliferan los análisis de la realidad local pero existe notable escasez de acciones concretas en beneficio de sus habitantes. No basta que los líderes se encuentren preocupados de la realidad de sus territorios, ni siquiera resulta suficiente que se encuentren ocupados de aquello, sino que, en definitiva, deben convertirse en verdaderos gestores de la realidad regional, responsables de construir un futuro exitoso. En pleno siglo XXI, ya no resulta suficiente contar con simples administradores de los recursos y realidad del entorno.

Se requieren proyectos regional, claramente identificados, perfectamente medibles en cuanto a sus avances y logros, perdurables en el tiempo y consistentes con las aspiraciones regionales, caso contrario el futuro de la región quedará supeditado, nuevamente, a los designios centrales y/o las esporádicas, limitadas y poco tangibles iniciativas de nivel regional.

A modo de ejemplo, hace pocos días ha sido anunciadas una nueva instancia de cooperación público, privado y universitaria para el desarrollo del clúster minero regional, la denominada Corporación Clúster Minero de la Región de Antofagasta. En la realidad, más allá del anuncio, sólo constituye la creación de una nueva organización, como tantas otras ya han existido en el pasado y para el mismo objeto. Hasta el momento, los resultados de iniciativas similares, a nivel regional, han sido limitadísimos. A ello podemos sumar el corredor bioceánico, capital minera, Zona Franca Industrial de Tocopilla y tantas otras iniciativas de precario impacto regional. La solo inexistencia de proyectos regionales de alto impacto en los demás territorios de la región, tales como Taltal, San Pedro de Atacama y alrededores, habla por sí sólo de la precariedad de la labor regional.

Las soluciones a las aspiraciones y realidad regional no llegaran desde la centralidad, aquello es una utopia. Así, autoridades y líderes regionales deben transformarse en verdaderos gestores y desarrolladores del futuro en sus territorios, creadores de las soluciones y nuevas realidades regionales, ya que tales soluciones se encuentran al interior de nuestra región y no en Santiago. Una verdadera asociación público-privado "regional" bajo proyectos claros, medibles y responsables plenamente identificados, constituye el único y verdadero camino para el desarrollo regional.

El pasado 25 de octubre Chile comenzó a escribir una nueva historia, gracias al masivo descontento que se hizo sentir en las calles un año antes. Ciudadanas y ciudadanos pidiendo mayor equidad e igualdad, como también mejores oportunidades y una vida digna.

Todas demandas que también tenemos los pueblos indígenas en nuestras comunidades, por eso hoy estamos pidiendo fuertemente a todos los parlamentarios que digan sí a los escaños reservados para la Comisión Constitucional, porque como originarios necesitamos estar representados, incluidos e identificados en la nueva Carta Magna que guiará a esta nación.

Esta es la oportunidad en que Chile reconozca que es un país plurinacional, que en estas tierras seguimos existiendo los herederos de las primeras naciones -los pueblos originarios, donde nuestros abuelos habitaban históricamente en nuestra Pata-Hoyri- estando presentes con nuestras costumbres y tradiciones.

Sin embargo y que a pesar del avance que ha presentado el país, seguimos viviendo con diversas necesidades, en un territorio cada día más contaminado y con menos agua, que es el principal elemento para todos los que vivimos en esta nación y en particular en la Región de Antofagasta, continuamos viendo -y tristemente normalizando- familias indígenas que no cuentan con acceso a este vital elemento, como tampoco a energía eléctrica, educación y menos aún salud de calidad.

Por eso, el llamado es a nuestros parlamentarios, de todas las corrientes políticas, a que se acuerden de los pueblos, de su importancia histórica y se pregunten cómo los queremos preservar para el futuro.

Además, es necesario que velen porque exista un verdadero respeto a nuestros derechos de cómo queremos votar y a ser representados con nuestras diferencias y particularidades, y para garantizar la participación que nos corresponde -ya que somos el 12,8 % de la población según el último censo- debemos estar insertos en el padrón único nacional, buscando y dando una señal de integración para que efectivamente seamos parte de la Comisión Constituyente.

Chile dijo basta de inequidades y en ese camino debemos estar todos y todas incluidos, pues el fin último de cada movilización, de cada persona que votó por el Apruebo estuvo presente el anhelo de cambiar este país y convertirlo en un territorio que brinde oportunidades, que respete nuestro origen, nuestra condición y por sobre todo que vele por nuestros derechos. "Vito vito, que sea en buena hora".