"Fueron protestas políticas. Fue una situación extraordinaria que trajo consecuencias políticas"
Primero que todo, nuestro sistema económico y social ha creado, mantenido y profundizado la desigualdad, dejando personas al margen de todo acceso pleno a sus derechos, personas de las cuales ni el Estado ni quienes se ven favorecidos económicamente por el sistema se han hecho cargo. Personas mayores sin seguridad social digna, personas en situación de discapacidad que reciben asistencia de instituciones privadas, enfermas y enfermos crónicos que deben recurrir a colectas particulares, mujeres que crían hijos en zonas saturadas por la contaminación causada por las industrias, niños, niñas y adolescentes sin salud ni educación garantizada, que crecen hacinados y carentes de lugares de esparcimiento seguro en sus barrios. Esas vulneraciones que atentan la dignidad son producto de nuestro sistema injusto y abusivo.
En Antofagasta existen sectores y grupos etarios históricamente discriminados y estigmatizados, sectores que nunca han sido incluidos ni intervenidos socialmente de forma integral. Se han creado estereotipos acerca de quienes habitan esas poblaciones, que han determinado las formas de relacionarnos en nuestra comuna, entre nosotros mismos, y que han alimentado las tensiones. Surgen las categorías de "sospechosos", personas que provienen de esos sectores marginados sobre las cuales han recaído todas las vulneraciones antes descritas y que salieron a protestar tal como el sistema los trata: de forma violenta (podemos no estar de acuerdo con esa forma de protestar, pero eso no significa que desconozcamos los motivos).
Respecto de los procesos judiciales que se generaron por el estallido social, urge que el Estado obre con la debida diligencia, es decir, investigar de manera efectiva y expedita, y dé respuesta inmediata a los familiares de los presos. Primero, porque hay desconfianza en el sistema a causa de connotados casos de tráfico de influencias y porque personeros del poder Ejecutivo y Legislativo públicamente han emitido sus juicios o han cuestionado la labor investigativa o las resoluciones judiciales de manera imprudente, para mostrar cierta efectividad, por lo que se deben despejar todas las dudas investigando y resolviendo objetivamente y con celeridad, esa es la mejor respuesta. Segundo, porque dentro de los investigados hay adolescentes que alegan inocencia, que no sólo han visto su libertad coartada, sino otros derechos como el de educación y poder estar con sus familias. Al ser adolescentes son personas aún en formación, serán afectados por la larga prisión preventiva, pudiendo generarse un daño irreparable a su desarrollo.
¿Debe aplicarse la ley o por tener un simbolismo político hay otro aspecto distinto en estos casos? Durante el estallido salieron miles a protestar contra un sistema, contra instituciones, contra parlamentarios y contra un gobierno, es decir, fueron protestas políticas. Fue una situación extraordinaria que trajo consecuencias políticas importantes: cambió la agenda de un gobierno, el país decidió una nueva constitución y se aprobó una ley anti-barricadas cuya moción parlamentaria reconoce en su justificación antecedentes políticos. Frente a situaciones políticas extraordinarias debe haber soluciones políticas extraordinarias que están en las manos de nuestros parlamentarios.
Alejandra Pozo, Abogada